Estos son los organismos creados por la Generalitat para fingir que se dan pasos hacia la independencia
¿Cuáles son? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto cuestan?
La inconcreta "implantación de la República" que defiende continuamente el president de la Generalitat, Quim Torra, se va concretando a medida que avanza la legislatura. Los pasos hacia la independencia, sin embargo, siguen siendo por ahora de cara a la galería.
El Govern todavía no ha aprobado ni una sola ley, pero ha centrado su actividad hasta la fecha en crear distintos organismos simbólicos para convencer al independentismo de que se están dando pasos hacia la secesión.
Los partidos de la oposición afean al Govern que la creación de estos organismos responde a la falta de un plan concreto y a la imposibilidad de la Generalitat de aprobar nuevas leyes. Las divergencias entre ERC y JxCAT son notables y el independentismo perdió su mayoría parlamentaria, después de que los diputados de JxCAT renunciaran a delegar su voto.
Desde que Torra tomara posesión como president de la Generalitat, el 17 de mayo, ha encargado la creación de al menos cuatro nuevos entes o cargos de distinta naturaleza jurídica. Algunos dependen de alguna consellería, otros directamente del departamento de Presidencia, otros son fundaciones privadas que, a pesar de lo que se diga desde el Govern, ni siquiera tienen una vinculación directa con la Generalitat.
El Consell de la República
El pasado martes se presentó en el Palau de la Generalitat el llamado Consell de la República. Una fundación privada capitaneada desde Bruselas por el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y el diputado de ERC y exconseller de Sanidad, Toni Comín, con el objetivo "internacionalizar" el proceso independentista. Este órgano pretende sufragarse con las aportaciones de la ciudadanía y quien quiera inscribirse deberá aportar al menos 10 euros para "acciones de la República".
A pesar de que a la presentación se le intentó dar un barniz institucional –acudieron al acto tanto el president Torra como el vicepresident, Pere Aragonès– el Consell de la República será una fundación privada que no tendrá vínculo jurídico alguno con ninguna institución del Govern. "Las decisiones del Consell de la República no tendrán una translación directa en el ámbito de actuación de la Generalitat", aseguró la portavoz del Govern, Elsa Artadi, durante una rueda de prensa hace pocos días.
Lejos queda ya la idea de Consell de la República que representara un "Govern en el exilio" que lanzó Puigdemont tras las elecciones del 21 de diciembre. El pacto de Govern entre ERC y JxCAT diluyó la idea hasta el actual Consell de la República, que ha recibido el portazo de la CUP al considerarlo un "organismo simbólico" que no sirve para "avanzar hacia la independencia". Los anticapitalistas no quisieron ni acudir al acto de presentación.
El Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente
El pasado 23 de octubre el Govern presentó este órgano, que tiene como objetivo "analizar y ofrecer la metodología y el programa para hacer posible el debate constituyente". El organismo, capitaneado por el exdiputado y cantante Lluís Llach, cuenta con otras personalidades del mundo de la política en Cataluña como Antonio Baños (exdiputado de la CUP), Marta Rovira (Secretaria General de ERC), Beatriz Talegón y Albano Dante-Fachín (exdiputado de Podem), entre otros. Ninguno de estos miembros recibirá retribución alguna por su trabajo o por acudir a las reuniones de este consejo.
Torra se comprometió durante su discurso de investidura a impulsar una "propuesta de constitución de la República de Cataluña". Su plan, no obstante, ha cristalizado en un ente que no redactará ninguna propuesta constitucional. "Aclaro que no pretendemos ni nos corresponde redactar una constitución catalana", afirmó Llach durante la presentación del organismo. "No estamos, en absoluto, redactando una constitución catalana y tampoco hoy se inicia un proceso constituyente", remachó ante la mirada de Torra.
Tanto Torra como Llach tuvieron serias dificultades para concretar ante las preguntas de los periodistas qué haría exactamente este Consejo y hasta cuando existirá. Llach apostó por un debate "que repiense la ciudadanía catalana, que reflexione quién queremos ser, cómo queremos serlo y qué queremos ser".
La Oficina de Derechos Cívicos y Políticos
Este organismo impulsado por ERC, que dependerá del departamento de Vicepresidencia, tendrá como objetivo "el seguimiento de los derechos políticos en Cataluña" y el "acompañamiento de la ciudadanía en la posible vulneración de los derechos civiles y políticos". A su vez, emitirá informes y "establecerá relaciones con entidades públicas o privadas que trabajen en el sector".
El organismo estará dirigido por un exedil de la CUP, Adam Majó, y contará con una oficina y dos trabajadores más: un técnico y un administrativo. Los gastos del organismo se integran dentro del presupuesto de vicepresidencia a la espera de que el Govern consiga aprobar las cuentas de 2019. Fuentes de vicepresidencia cifran el salario de Majó, todavía por concretar, en unos 80.000 euros aproximadamente.
La creación de este organismo generó recelos en el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Cataluña) por una posible duplicidad en sus funciones. En algunas entrevistas, el director de esta nueva oficina se ha diferenciado del Síndic de Greuges en el hecho de que el Síndic depende del Parlament y la nueva oficina, en cambio, depende del Govern. "El Síndic debe mantener una neutralidad escrupulosa", aseguró Majó en una entrevista en el diario regional Regió7. "Nosotros dependemos del Govern y tenemos un criterio político".
Comisionado por el despliegue del Autogobierno
Este cargo se creó en junio para evaluar los efectos de la aplicación del artículo 155 durante los siete meses que estuvo vigente en Cataluña. Si la llamada Oficina de Derechos Civiles y Políticos depende de Vicepresidencia (ERC), este cargo rinde cuentas directamente a la Consellería de Presidencia (JxCAT).
En principio, este comisionado debía tener listo para octubre un extenso informe sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. A principios de noviembre todavía no se ha hecho público. El responsable de esta tarea es Pau Villòria, ex Secretario General de Cultura durante la legislatura anterior. Villòria recibe para su nuevo cargo una retribución de más de 110.000 euros del departamento de presidencia, según figura en el portal de transparencia de la Generalitat.
