En EEUU medican a niños migrantes sin informar a sus padres

El personal que trabaja en nombre de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) está drogando con psicotrópicos y de forma rutinaria a niños migrantes sin el consentimiento de sus padres, según documentos legales.

Los funcionarios de la administración Trump han insistido reiteradamente en que la política de separación familiar que implementaron durante las últimas seis semanas es humanitaria. Pero la demanda en curso sobre el acuerdo de Flores, un acuerdo de 1997 que rige en parte la detención de niños migrantes que la Casa Blanca espera derrocar, alega una serie de malas prácticas en las instalaciones contratadas por la ORR.

Las acusaciones del uso de fármacos se encuentran entre las más inquietantes. Un niño citado en la demanda informó que tomó hasta nueve pastillas por la mañana y otras siete por la noche, sin saber cuál era el medicamento.

"La ORR administra rutinariamente medicamentos psicotrópicos para niños sin autorización legal", se lee en un memorando presentado en la demanda el 16 de abril. "Cuando los jóvenes se oponen a tomar tales medicamentos, la ORR los obliga. La institución no requiere ni pide el consentimiento de un padre antes de medicar a un niño, ni recurre a autoridades legales para que lo consientan en lugar de los padres. En cambio, la ORR o el personal del establecimiento firman formularios de 'consentimiento' dándose a sí mismos la 'autoridad' para administrar fármacos psicotrópicos a los niños que se encuentran confinados ".

La mayoría de las denuncias atañen al Centro de Tratamiento Residencial Shiloh, en Manvel, Texas. Pero los abogados del caso Flores, que tienen acceso a los registros médicos de sus clientes, dicen que el problema es generalizado.

"No es específico de Shiloh", afirma Holly Cooper, una de los abogados que representan a niños en el litigio del acuerdo de Flores, sobre las acusaciones del uso de fármacos. Los abogados han visto el uso de medicamentos psicotrópicos en todas las instalaciones donde el gobierno federal tiene menores no acompañados, pero señalaron que los únicos casos de inyecciones forzadas que documentaron ocurrieron en Shiloh.

Un niño, identificado en los registros judiciales como Julio Z., asegura que el personal de Shiloh lo tiró al suelo y lo obligó a tomar medicamentos. Dice que vio cómo el personal le abría la boca a otro niño para obligarlo a tragar una pastilla. Cuando Julio Z. intentó rechazar la medicación, el doctor lo ignoró, cuenta.

"Me dijeron que si no tomaba el medicamento no podía irme", afirma Julio Z. según los registros judiciales. "Que la única forma en que podía salir de Shiloh era si tomaba las pastillas".

"A veces me ponen inyecciones a la fuerza", dijo otra niña, identificada como Rosa L. "Uno o dos empleados me sujetan los brazos, y la enfermera me pone una inyección".

Los medicamentos a menudo conllevan efectos secundarios graves. Julio Z. informó que engordó 20 kilos en cuestión de dos meses. La madre de una niña identificada en los registros judiciales como Isabella M. dijo que los medicamentos eran tan fuertes que su hija se caía todo el rato, incapaz de caminar.

El Shiloh Residential Treatment Center se negó a hacer declaraciones al respecto para la edición estadounidense del HuffPost, y remitió a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. La agencia no respondió de inmediato a las llamadas y correos electrónicos.

Normalmente, la ORR entrega a los menores no acompañados a un tutor, generalmente un padre o pariente. Pero, en cualquier caso, hay más de 200 niños que permanecen bajo custodia federal, ya sea porque la ORR no pudo encontrar un tutor o porque la agencia decide colocar a los niños en instalaciones protegidas o en centros de tratamiento residencial.

Los niños pueden terminar en centros residenciales de tratamiento debido a problemas de comportamiento o problemas de salud mental. Algunos de ellos sufren traumas severos o trastornos psiquiátricos que requieren atención médica, como el trastorno de estrés postraumático. De hecho, los psicotrópicos pueden servir para esos problemas, según declararon en el memorando los abogados del caso Flores.

Viola la ley y la "decencia común"

Pero los abogados también sostienen que suministrar medicamentos tan potentes sin el consentimiento de los padres viola la ley estatal de Texas, los términos del acuerdo de Flores y la "decencia común". Y las condiciones de detención probablemente agravan los problemas de salud mental que sufren los niños migrantes, según el decano de Trabajo Social de la Universidad de Texas, Luis Zayas, quien entrevistó a docenas de niños en centros de detención familiar.

Zayas pone en duda que la mayoría de los niños necesiten medicamentos, pero añade que podría justificarse después de una evaluación psicológica y pediátrica completa, e idealmente en consulta con los padres. No obstante, tanto las cárceles como los centros de tratamiento residencial han usado históricamente psicotrópicos para controlar el comportamiento de las personas.