El Constitucional suspende la resolución del Parlament y avisa a Forcadell y Puigdemont
El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad suspender la resolución del Parlament de Cataluña en la que marca su hoja de ruta hacia la independencia y advertir personalmente a Carme Forcadell y Carles Puigdemont, entre otros, de su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión.
De esta manera, el Tribunal Constitucional ha dado el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria.
Fuentes del tribunal de garantías han señalado que la decisión adoptada tras hora y media de debate no supone la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para llevarlas a cabo.
En este sentido, se requiere a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la Cámara para que, en el plazo de 20 días informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas" en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.
PARALIZACIÓN
La suspensión de la vigencia de la resolución de ruptura es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno, en su recurso, del articulo 16.2 de la Constitución, que establece que la impugnación por el Ejecutivo producirá la suspensión de la disposición recurrida durante al menos cinco meses.
La decisión adoptada este 1 de agosto por unanimidad de todos los miembros del tribunal será notificada personalmente a Forcadell, a los demás miembros de la mesa del Parlamento y al secretario general de la cámara, así como al presidente Carles Puigdemont y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
En este sentido, el TC advierte a todos ellos 'de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir'.
El último punto acordado tras el Pleno, que es la primera vez que se da por el tribunal de garantías, es el requerimiento a la presidenta de Forcadell y demás miembros de la Mesa del informe sobre el cumplimiento de las resoluciones de este órgano conforme a lo que señala el recientemente reformado artículo 92 de la Ley Órgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
