El juez amplía con el delito electoral el caso de blanqueo del PP de Valencia
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, ha citado a declarar en calidad de investigadas (antes imputadas) a la exsecretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, requiere al Partido Popular para que identifique a la persona que ejerció estas funciones en 2011 y a los integrantes de la Junta Directiva del PP en Valencia en las campañas electorales municipales de 2011 y 2015.
Además, el magistrado ha considerado que existen indicios de que el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, en "ejecución de un plan preconcebido", cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por García Fuster, "carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP".
UN DELITO DE MANERA CONTINUADA
El instructor entiende que "resulta razonable que la investigación y la imputación se proyecte, de inicio, tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición". Estos últimos, que habrían participado en la comisión del delito "con actos conscientes de colaboración", tendrían la consideración de cooperadores necesarios.
En su resolución, el juez ha concluido que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo. Por eso ha acordado investigarlos conjuntamente, ampliando el objeto de esta pieza separada en la que hay 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica.
Se investigan también las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipales de 2015. Esa cantidad presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para "aflorar" "un dinero en metálico, en cuantía próxima a los 50.000 euros que podría tener su origen en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos".
REMITE AL TRIBUNAL SUPREMO
El juez requiere al Tribunal de Cuentas la documentación remitida por el Partido Popular a dicho Tribunal correspondiente a la contabilidad electoral de las elecciones municipales de 2011 y de 2015. Mientras que a la Junta Electoral Provincial se le reclama que informe sobre la cuenta bancaria única designada por el Partido Popular como cuenta electoral de la candidatura municipal de 2015, porque no consta remitida la información de dicha cuenta y año, a diferencia de la de 2011.
El juez concluye su resolución con la decisión de remitir testimonio del auto y del informe de la UCO de la Guardia Civil al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tribunales que tienen pendiente pronunciarse sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá, y el exconcejal y diputado autonómico Miquel Domínguez en los hechos investigados.
