Pacto Anticorrupción: las reformas para combatir la corrupción, atascadas por falta de acuerdos
"No es verdad que en España exista un estado generalizado de corrupción. Eso es una insidia", afirmó tajante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace un año y medio en el debate sobre el Estado de la Nación. Aquellos días estaba en ebullición el caso Bárcenas, y salían a la luz detalles sobre la presunta contabilidad B del PP.
El partido del Gobierno, a la vez que negaba que todo estuviese inundado por la corrupción, prometía mano dura y una serie de medidas para atajar el problema, que formaban un paquete de "regeneración democrática", como lo bautizó. 20 meses y muchos casos de corrupción después -casos Bárcenas, Bankia y la subtrama de las Tarjetas B de Caja Madrid, los EREs de Andalucía y los cursos de formación, Noos, Operación Púnica, etc- las declaraciones indignadas de los políticos no se han traducido todavía en leyes concretas.
En diciembre de 2013 la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, explicó en qué consistía el plan de regeneración democrática y contra la corrupción, que incluían la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la administración del Estado. Entre otros aspectos, proponían prohibir las donaciones a partidos, las condonaciones de sus deudas, y dar más publicidad a sus cuentas, que estarían a su vez más controladas. Las normas preveían además que ningún condenado por delitos contra las instituciones y administraciones públicas, incluidos los de terrorismo, pudiera ser nombrado alto cargo público mientras no se cancelen sus antecedentes penales.
LEY PARA EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS
El proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos llegó al Congreso en febrero de 2014 donde ha estado en el trámite de enmiendas desde el 18 de marzo. Cada vez que el plazo va a cumplir, se vuelve a extender sin llegar a acuerdos.
La negociación del PP se ha hecho con el PSOE, para después ir pasando los acuerdos al resto de grupos. Como contaba El Mundo los portavoces parlamentarios de ambos partidos, Antonio Hernando y Alfonso Alonso, habían llegado a un principio de acuerdo que iban a sellar esta semana. Tras conocerse este lunes la Operación Púnica -que afecta a Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, y a otros 50 detenidos entre los que también figura el presidente de la Diputación de León, el también popular Marcos Martínez, y varios alcaldes de la Comunidad de Madrid- el PSOE se ha echado atrás y ha dejado solo al PP.
"Ni ha habido, ni hay ni habrá un acuerdo con la derecha, con el PP y con Rajoy para luchar contra la corrupción", ha dicho el secretario de Organización del PSOE, César Luena, que se preguntaba: "¿Cómo vamos a firmar un acuerdo anticorrupción con el PP que es el partido de la corrupción?". Una semana antes, sin embargo, ambos partidos habían afirmado estar de acuerdo en aspectos como la necesidad de que la financiación ilegal de los partidos sea delito.
LEY REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO
Otro proyecto de ley que está en fase de enmiendas desde hace siete meses es la que pretende regular el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Esta norma pretende dificultar el fenómeno de la puerta giratoria, endureciendo los requisitos para pasar del sector público al privado, y establece la conveniencia de que un político deje su cargo cuando se le abra juicio oral, como señala El Periódico de Cataluña.
El Consejo de Estado emitió un informe el 2 de marzo en el que advertía de que la propuesta, en lugar de endurecer, suavizaba las incompatibilidades profesionales para los ex altos cargos en los dos años posteriores a su cese al permitirles más actividades que la vigente ley de Zapatero.
Izquierda Plural pidió un régimen de incompatibilidades de cargos y excargos públicos, la dedicación exclusiva de los cargos públicos y una limitación de las remuneraciones, pero su propuesta, igual que otra de UPyD, fueron rechazadas por el PP.
TRANSPARENCIA
El Gobierno de Rajoy ha vendido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno como una de las piezas fundamentales del plan anticorrupción. Las excepciones y las carencias de esta ley llevaron a votar en su contra en el Congreso en septiembre de 2013 al PSOE, UPyD, Izquierda Plural, ERC, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai, aunque todos reconocieron que el proyecto había mejorado desde su aprobación en el Consejo de Ministros.
En el nuevo texto se incluía a instituciones que nunca habían tenido que rendir cuentas, como la Casa Real y la Iglesia, aunque esta última con menos obligaciones.
La Comisión Europea también encontró la nueva ley insuficiente, y así se lo hizo saber al Gobierno. Como publicó Infolibre, Bruselas criticó que la ley de Transparencia no cuente con "garantías suficientes para la independencia" de su mecanismo de control.
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
El Gobierno completaba su pack anticorrupción con el endurecimiento de medidas penales en delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes, delitos patrimoniales, falsedad contable y los relacionados con la financiación de partidos. Prometió además agilizar los procesos judiciales en los casos de corrupción y en los de acumulación de procesos.
Estas reformas, que abanderó el dimitido ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, incluían, aparte de las medidas pensadas para los corruptos, aspectos tan polémicos como la llamada prisión permanente revisable, una cadena perpétua de facto. El texto, que se presentó en el Congreso en octubre de 2013, recibió tantos informes críticos que ha quedado olvidado en una eterna fase de presentación de enmiendas, como la ley de partidos y la de altos cargos.
