España propone a Marruecos legalizar las devoluciones "en caliente" de inmigrantes
España y Marruecos se han reunido para hablar de inmigración tras la tragedia sucedida en Ceuta donde murieron 15 inmigrantes al tratar de cruzar la frontera.
Según ha informado a través de un comunicado el ministerio del Interior, España ha propuesto a Marruecos medidas para combatir la inmigración. "Una de ellas consistiría en articular un mecanismo coordinado por el que se procedería a la inmediata devolución de quienes entren de forma violenta o flagrante en Ceuta y Melilla", reza el comunicado, lo que en la práctica supondría la legalización de las llamadas "devoluciones en caliente" (expulsión inmediata de los inmigrantes de vuelta a Marruecos sin garantías legales).
Muchos inmigrantes acaban siendo entregados a las fuerzas marroquíes sin tener en cuenta el actual marco legal.
La Ley de Extranjería (leer texto en pdf), reformada cuatro veces desde el año 2000, establece que ante la entrada de un inmigrante sin autorización en territorio nacional por un puesto no habilitado, debe ser trasladado a dependencias policiales, donde contará con un intérprete y asistencia letrada, será identificado, se le ofrecerá la posibilidad de pedir asilo y se tramitará si es el caso, el correspondiente expediente para proceder a su devolución al país del que salió.
El acuerdo de readmisión con Marruecos, que data de 1992 pero no ha entrado en vigor hasta octubre de 2012, permite que los recién llegados desde su territorio sean directamente entregados a las fuerzas marroquíes de las que se zafaron, eso sí, previo paso por dependencias policiales donde, de nuevo, se les tratará de identificar para entregar cuanta información sobre ellos sea posible al reino alauí. De hecho, el tratado da diez días de margen a las autoridades españolas desde que se produce la entrada ilegal para poder recabar todos estos datos.
Marruecos, además, debe certificar que ha recibido a cada una de las personas que España entregue y será responsable de su deportación, asegurándose que "son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje, en la medida en que no tengan derecho a permanecer" en su territorio.
ONG como Prodein vienen documentando en vídeo que ninguna de estas previsiones se cumple en la frontera de Melilla y el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras adimitir que podría incumplirse la legislación "en casos puntuales", dijo en sede parlamentaria que en la tragedia de Ceuta, donde 23 inmigrantes consiguieron alcanzar la playa en un intento que se cobró la vida de al menos 15 personas, tampoco se acató: los extranjeros no fueron identificados ni trasladados a comisaría y según alcanzaron la orilla, se entregaron a Marruecos.
