El juez acusa a Díaz Ferrán de organización criminal y blanqueo de capitales
Primer paso para volver a sentar en el banquillo de los acusados a Gerardo Díaz Ferrán. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al expresidente de la CEOE de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra de Viajes Marsans.
Ferrán cobró 1,06 millones de euros del empresario Ángel de Cabo en pagos mensuales a 100.000 euros procedentes del vaciamiento de activos del Grupo Marsans, ha desvelado Velasco en un auto hecho público este lunes.
El magistrado imputa -en un auto en el que transforma las diligencias previas de la 'operación Crucero' en procedimiento abreviado- los mismos delitos que a Ferrán a otras 11 personas entre las que se encuentran el empresario Angel de Cabo, su mujer Consuelo Garrido y su cuñado Teodoro Garrido, y el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría.
Velasco asegura que el expresidente de la CEOE decidió junto al fallecido Gonzalo Pascual "iniciar un proceso de enajenación tanto de las compañías del grupo empresarial como de los bienes y sociedades patrimoniales y de los bienes poseidos a través de éstas con el fin de excluir de dichos procedimientos los activos realizables".
EN PRISIÓN BAJO FIANZAS
Díaz Ferrán y De Cabo, que se encuentran en prisión bajo fianzas de cinco millones de euros, fueron encarcelados el pasado 5 de diciembre junto a otros cinco miembros del entramado. Quedaron en libertad la secretaria del liquidador, Susana Mora, tras depositar una fianza de 3.000 euros, y el fiscalista Rafael Tormo tras la imposición de medidas cautelares.
El expresidente de la patronal está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por la compra de Aerolíneas Argentinas y está imputado en otras dos causas por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del Grupo Marsans y la venta de preferentes en Caja Madrid, de la que fue consejero.
Además, el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid le investiga por su participación en la quiebra de Seguros Mercurio, mientras que otro juzgado mercantil de Madrid le consideró culpable de la bancarrota de Marsans.