La retirada de la tarjeta sanitaria deja a los 'sin papeles' a expensas de la caridad

"Tu no te preocupes, Arlés, si no te dan recetas, yo te consigo los medicamentos". Quien así habla es la jefa de este jardinero colombiano. Ambos padecen hipertiroidismo, ambos toman la misma medicación e incluso ambos comparten el mismo ambulatorio en un acomodado barrio de Madrid. Solo hay una diferencia entre ellos: la tarjeta sanitaria. Arlés Pareja, de 38 años, lleva cinco en España en situación irregular, aunque acaba de presentar la solicitud para obtener la residencia. Elena García -nombre ficticio de su jefa- es una española de 56 con un buen trabajo en la Administración de Justicia y toda la documentación en regla.

Desde este 1 de septiembre, 150.000 inmigrantes sin papeles que hay en España, entre ellos este colombiano- se quedarán sin asistencia sanitaria gratuita en virtud de la entrada en vigor del decreto ley que limita el acceso a la sanidad pública. "Tienen que hacerme pruebas a menudo para regularme la medicación, pero ahora no sé si me las harán y si me darán recetas", se lamenta.

Pero Elena lo tiene claro: ayudará a su empleado desinteresadamente facilitándole los fármacos, que son los mismos que ella toma. "¡No le voy a cobrar, faltaría más!", exclama; "Aunque creo que por culpa de esta nueva ley eso es precisamente lo que va a ocurrir: que mucha gente se va a aprovechar para hacer trapicheos".

NO ALCANZA

Para Arlés y su mujer, Misley Herrera, pagar los 710 euros por cabeza que pide la Administración a cambio de usar la sanidad pública, (1.864 para mayores de 65 años) es inviable. "No alcanza", reconoce Misley, que trabaja cuidando niños y ancianos. Con los 1.200 euros que reúnen al mes en el mejor de los casos, tienen que pagar el alquiler de su piso, la comida y mantener a su hijo Kevin, entre otras cosas. "Tendremos que intentar no enfermar", dice ella con sorna.

La tarjeta de Misley caducaba en noviembre, pero ya no podrá beneficiarse de ella.

Kevin, de 14 años, también se va a ver afectado por los cambios en la legislación. Pese a que los colectivos especiales como niños, embarazadas o asilados políticos tienen la sanidad gratuita garantizada, a los menores se les aplicará un copago del 40%. El adolescente sufre una fuerte alergia a los ácaros y tiene que ponerse una inyección mensual durante cuatro años. A sus padres les cuesta 200 euros ahora, que está subvencionada. "No quiero ni saber cuánto me va a costar a partir de este mes", dice Arlés.

UN TRANSPLANTE DE RIÑÓN Y A BUSCARSE LA VIDA

Otros aspectos que la nueva ley sanitaria deja en el aire es qué ocurrirá con los enfermos crónicos que necesitan seguir costosos tratamientos. Víctor Jofre sufrió un transplante de riñón el 20 de julio y ahora no sabe a qué se enfrenta. La minsitra de Sanidad, Ana Mato, aseguró el pasado miércoles en Valladolid que se garantizaría “el seguimiento de las enfermedades crónicas para extranjeros sin cobertura asistencial ni residencia legal”. Pero no explicó cómo se va a facturar el pago de la medicación a los países de los afectados.

De momento, Víctor se lamenta de que hace pocos días ya se negaron a atenderle en su centro de salud. Acudió con un volante del hospital para que le dieran recetas para sus pastillas, pero se fue con las manos vacías. Solo consiguió que le hicieran caso cuando volvió acompañado de un voluntario de Médicos del Mundo que intermedió en la disputa.

Víctor es chileno, llegó hace 5 años a Mallorca pero trabajó solo uno: el resto del tiempo lo ha pasado atado a una máquina de diálisis después de que uno de sus riñones dejara de funcionar. Desde entonces, y hasta que se la retiraron hace tres meses, ha estado recibiendo la ayuda de la renta mínima de inserción, ya que la enfermedad le impide trabajar. "Eran 400 euros que destinaba a pagar el alquiler y la diálisis", explica. A partir de ahora, dependerá de las ONG y de médicos objetores para que se hagan cargo de él.

Víctor está solo en España y querría volver a Chile con su esposa y cinco hijos, pero de momento no puede. El médico le ha recomendado que permanezca en el país un año más para hacerle el seguimiento, que incluye analíticas semanales. Su única esperanza es que en septiembre reciba la buena noticia de que le han concedido el permiso de residencia. Esta sería su única salida, ya que, aunque sigue sin poder trabajar, cree que podría solicitar un ayuda económica como la que le acaban de retirar y así dejar de depender de las ONG.

"NOS HAN DEJADO A LA BUENA DE DIOS"

Víctor no es el único inmigrante al que le han negado la asistencia sanitaria en Mallorca antes de que el nuevo decreto ley entre en vigor. Julia González asegura que le rompieron el resguardo que sustituye a la tarjeta "en toda la cara" cuando acudió al ambulatorio a mediados de agosto debido a una lesión cutánea. Esta cubana que cuenta su caso bajo un nombre falso lleva 8 años en España. Aún no ha obtenido el permiso de residencia, pese a que lleva 3 años detrás de él: "Cada vez piden un papel nuevo, es surrealista", se lamenta.

Con 63 años, Julia padece hipotiroidismo, diabetes, hipertensión y también tiene un glaucoma. Cada seis meses tiene que hacerse una serie de pruebas médicas para controlar estas enfermedades, pero desde ahora no va a poder si no paga por adelantado. A esto hay que añadir los 70 euros que se gasta mensualmente en fármacos, cantidad que ahora se verá incrementada al no quedar subvencionada por la Seguridad Social.

La ley llega para esta familia en el peor momento: Julia depende de su hija, una madre soltera con dos niños que perdió su empleo hace 15 días. "Todo me lo ha ido pagando ella pero ya no puedo pedirle más, está desesperada buscando trabajo por todas partes".

Ante una situación tan incierta, a Julia solo le sale del alma indignarse: "En España la situación cada vez se agrava más, nos jodemos los chiquitos para que los grandes estén bien", exclama. "Nos han dejado a la buena de dios".