El informe médico de Uribetxebarria no está firmado por un doctor y carece de historia clínica
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá que se complete el informe forense remitido por el Hospital Donostia de San Sebastián sobre el estado de salud del preso etarra enfermo de cáncer Josu Uribetxebarria Bolinaga, al que el pasado viernes Prisiones concedió el tercer grado penitenciario.
Así lo han indicado fuentes jurídicas que han señalado que el informe médico remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en el que se señalaba que la situación del etarra era "irreversible", no cuenta con "historia clínica", no dispone de "antecedentes" y no está firmado por "personas concretas" sino por una "comisión médica".
Las mismas fuentes han señalado que la Fiscalía aún no ha recibido la notificación de la incoación del expediente de libertad condicional de Uribetxebarria -que este lunes cumple su decimotercer día en huelga de hambre-, trámite que debe realizar la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa (Álava).
Aparte de este informe, al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria debe llegar también otro informe que reclamó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre si el cáncer que padece el preso puede ser tratado en la cárcel.
Una vez reciba estos informes, la clínica forense de la Audiencia tendrá que elaborar otro en el que constate el estado de salud del recluso, tras lo que se dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la procedencia o no de dejar en libertad provisional al etarra, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara.
DECISIÓN SOBRE LA EXCARCELACIÓN
El expediente incoado por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa (Álava) para que el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, estudie la libertad condicional del recluso llegará previsiblemente este lunes a la Audiencia Nacional, según citaron las citadas fuentes.
En todo caso, la Fiscalía se tomará su tiempo para estudiar el caso y no presentará su informe sobre esta cuestión antes de al menos 10 ó 15 días, según señalaron fuentes del Ministerio Público.