Independentistas no nacionalistas

El pasado 22 de junio, el diario El País publicó un artículo titulado El partido más poderoso de la democracia. En ese artículo, referido a un informe de la Fundación Alternativas sobre la calidad de la democracia en España, se atribuía a Mariano Rajoy, como presidente del PP, el control del Gobierno de la Nación, del Congreso y el Senado, del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de 11 de las 17 autonomías, de numerosas diputaciones provinciales, de muchos importantes ayuntamientos de España, de organismos reguladores y de otras muchas organizaciones estatales.

Ese entramado institucional, ahora controlado por el PP, en otras ocasiones controlado por el PSOE, y con algunas instituciones de control repartido mediante cuota entre el PP y el PSOE, es lo que en la política catalana se conoce como Madrid: una estructura de poder formalmente muy descentralizada, pero en la práctica controlada por muy pocas personas, las cúpulas de PP y PSOE, que ocupan con afines hasta las instituciones que por ley son independientes.

No es que en Cataluña dispongamos de un sistema político más saneado. La guerra de control de piezas institucionales que han librado durante años socialistas y convergentes en Cataluña no se aparta mucho de la que han mantenido en toda España socialistas y populares. Control, reparto y cuotas en ayuntamientos, gobiernos, diputaciones, medios de comunicación públicos, cajas de ahorro... Igual. O peor. Según gustos. El sistema catalán no es ni más ni menos saneado que el del resto de España, pero está formado por otros partidos.

Son sistemas cada vez más separados. El ejemplo más claro de esta separación está en el voto al Partido Popular: el PP obtuvo en las elecciones generales de 2011 el 44,62% de los votos en toda España; el 20,71% en Cataluña. La implantación de los socialistas siempre fue más homogénea, aunque los socialistas catalanes, como es sabido, son un partido no completamente integrado en el PSOE. El tortuoso proceso del Estatut de 2005 acabó de alejar los sistemas catalán y español, al separar -emocionalmente, casi orgánicamente- al PSC del PSOE, o al PSOE del PSC, como se prefiera.

Independientemente de las causas, la política catalana, que desde 1977 se ha expresado mediante un sistema de partidos relativamente distinto al español, ha acabado expresándose mediante un sistema de partidos muy alejado del sistema de partidos español. Esta separación se hace más evidente cuando el PP gobierna España con mayoría absoluta.

En el País Vasco también existe un mapa político diferenciado pero, a diferencia de lo que sucede en Cataluña, el Partido Socialista de Euskadi se identifica claramente con el PSOE, y se ha entendido con el PP. Y hay otro detalle, no menor: el Gobierno vasco tiene con Madrid un acuerdo sobre recaudación de impuestos, y los ciudadanos vascos sienten que sus representantes políticos gestionan sus impuestos.

La economía catalana es el 18% del PIB español. ¿Qué sistema de partidos gestiona esa economía? ¿Quién decide sobre puertos, aeropuertos, autopistas, autovías, ayudas a la exportación, política industrial? El ámbito metropolitano de Barcelona está formado por más de cuatro millones de personas. Es una zona donde se genera el 60% del PIB catalán. ¿Qué poder tienen los representantes políticos elegidos por los catalanes para programar un nudo de autopistas, impulsar una fusión de compañías aéreas? ¿Quién dibuja sobre el mapa el trazado del ferrocarril?

El Govern de la Generalitat tiene competencias en muchas materias, gestionadas por representantes políticos elegidos por los catalanes. Su habilidad para no rendir cuentas jamás encaja en la regla de oro de la política española: la culpa siempre es de otro. Y tiene una coartada estupenda para esa práctica evasiva: muchas decisiones que son importantes para los catalanes las adoptan otros representantes políticos. Son representantes legítimamente elegidos por todos los españoles, incluidos los catalanes. Esas son las reglas de la democracia. Sucede que en Cataluña, por razones diversas, se vota a unos partidos que son irrelevantes donde se corta el bacalao, digámoslo así, y los que cortan el bacalao no tienen unos intereses electorales muy grandes en Cataluña.

Esta situación se ha agudizado a raíz de la intervención de la economía española desde Bruselas. Escasea el bacalao. La troika señala el límite del déficit para el conjunto de las administraciones del Estado. ¿Quién decide cómo se reparte ese déficit? Los representantes políticos votados por todos los españoles. Legítimos. Esas son las reglas. Sucede que, de los 47 diputados al Congreso que se eligen en Cataluña, sólo 11 corresponden al partido más poderoso de la democracia, el que lo controla casi todo. Lo que se percibe a pie de calle es que en Cataluña se vota a unos partidos y quienes gestionan los recursos públicos son otros.

Durante muchos años se estableció una fórmula heterodoxa, tácitamente aceptada por todos: para influir en el poder político español, a CiU le correspondía esperar que uno de los grandes perdiera la mayoría absoluta, pactar en las Cortes, aguantar el chaparrón sobre "el mercadeo de votos de los catalanes" y exhibir en Cataluña sus éxitos arrancados a Madrid. Sea porque aquel modelo solo era posible con un político como Jordi Pujol, por el cambio de escenario que introdujo Pasqual Maragall, por la crisis económica o la nueva mayoría absoluta del PP, ese modelo dejó de funcionar, y una gran mayoría de catalanes entiende que, con las leyes vigentes, vota a unos representantes políticos que no son los que toman las decisiones importantes.

A su vez, los partidos políticos que hasta ahora han sido mayoritarios en Cataluña creen haberse quedado sin argumentos para convencer a sus votantes de que dentro de las leyes vigentes pueden defender sus intereses. La combinación es explosiva: los ciudadanos huyen de los partidos mayoritarios (CiU y PSC) y los partidos mayoritarios corren tras los ciudadanos.

Durante el último año, el discurso de fondo del PSC, de Convergència, y de Unió (no de ERC), en sus declaraciones públicas, en sus escritos, artículos, en las conferencias de sus portavoces, ha sido: necesitamos que España se dote de unas reglas del juego con las que podamos actuar porque, de lo contrario, una corriente de independentismo nos pasará por encima. De independentismo, porque el independentismo ofrece una respuesta fácil de comprender, clara y rápida al deseo de que el voto sirva para algo.

Esa distancia entre voto y decisión política es la base del independentismo no nacionalista (el que proviene del PSC-PSOE), y del cambio en el nacionalismo que hasta ahora no era independentista (Convergència). Los dirigentes han llegado a la conclusión de que el sistema político catalán no cabe en el sistema político español, durante años cerrado sobre el PP y el PSOE, y ahora ya únicamente concentrado en el partido más poderoso de la democracia. El éxito popular del derecho a decidir se explica porque conecta con una gran mayoría de catalanes que ve su voto corregido por la mayoría absoluta de un partido minoritario en Cataluña, o enmendado por instituciones sospechosas de parcialidad.

No es únicamente una reivindicación identitaria o una queja por una mala financiación de la autonomía. Lo que mueve a centenares de miles de catalanes es también el deseo de que el voto sirva para algo. Ahí confluyen nacionalistas y no nacionalistas, clases medias, parados, enfadados, izquierdistas, conservadores, radicales, progresistas, indignados, empresarios y sindicalistas, gente de orden, jubilados con poca pensión y jóvenes con nula expectativa. Muchos, muchísimos nacionalistas, pero no solo nacionalistas. Todos los que quieren que su voto cuente.

La reclamación del derecho a decidir no es tan distinta a la de quienes piden la reforma de las instituciones europeas, para que no decida Angela Merkel. Ni es muy distinta a la de quienes lamentan que su voto no cuente porque deciden los mercados. Ni es muy distinta de la queja de los votantes del PP por el incumplimiento del programa electoral que votaron. Se expresa de otra manera, pero el deseo no es distinto: que el voto sirva para algo. Si la consulta de autodeterminación es una respuesta incorrecta, inadecuada, ilusoria o ilegal a ese deseo, lo razonable es ofrecer otra, porque el hecho de que las respuestas sean equivocadas no hace desaparecer las preguntas.

Unió Democrática y PSOE han presentado propuestas para reducir esa distancia entre voto y decisión política. En general, causa asombro la quietud de Mariano Rajoy. ¿Y este hombre, que no hace nada? No es tan extraño. Es el presidente del Gobierno. Ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución. Cumple con su obligación. Por supuesto. Y además, es el presidente "más poderoso de la democracia". Su posición es tan ventajosa que con cualquier cambio pierde.

Ese es la dificultad mayor para las terceras vías: en todo cambio de reglas del juego, el PP pierde poder; toda reforma constitucional que desplace poder al sistema de partidos catalán perjudica al PP, minoritario en Cataluña y hegemónico en el resto de España. Con cualquier propuesta de regeneración de la democracia, el PP pierde poder. ¿Perder el control del Tribunal Constitucional? ¿Precisamente ahora?

La actitud de Mariano Rajoy sugiere que podría aceptar (en el momento oportuno) una financiación más favorable para la autonomía catalana, y hasta ofrecer (en el momento oportuno) un plan de infraestructuras que recogiera demandas catalanas. Rajoy podría responder con todo lo que no afecte a su control institucional, e intentar persuadir a la gente de orden de Cataluña de que se puede obtener "lo mismo" sin algarabías ni traumas. El problema para Rajoy sería entonces el flanco electoral español: su propio partido en el resto de España, inquieto ante el ascenso de UPyD. Para eso, necesita que Artur Mas rectifique la consulta: que no parezca cesión a un chantaje; necesita un contexto de alguna mejora económica, de recuperación del optimismo, necesita algún buen dato de empleo y, a ser posible, que España gane el Mundial de fútbol a Brasil con gol de Cesc.

Eso, en el escenario dialogante. La alternativa es el punto y final: ni reforma constitucional, ni financiación singular ni gaitas. Se acabó tanta mandanga catalana. Parece la posición mayoritaria en el PP, y es difícil saber -fácil imaginar- cuántos socialistas se sentirían liberados si pudieran gritar: ¡Basta de dar cobertura a los equilibrios locos del PSC! ¡Procédase a recuperar posiciones electorales disputando al PP el discurso español!

Este planteamiento identifica lo que sucede en Cataluña como un movimiento únicamente nacionalista, y olvida el deseo de que el voto cuente. No tendría por qué ser incompatible discutir el nacionalismo tanto como se considere oportuno, y a la vez buscar las fórmulas para que el voto de todos los catalanes no quede tan lejos de la decisión política. Es verdad que, en el corto plazo, el PP sale perdiendo, pero si dice que no a todo, la independencia se convierte en una tentación muy poderosa como opción para que cuente el voto. ¿Imposible? Puede. ¿Calamitosa? Quizá, aunque no se sabe cómo puede ser a la vez imposible y calamitosa, pero de acuerdo: imposible y calamitosa. ¿España o el caos? Tal vez. El problema de estas disyuntivas tan drásticas, una vez ha llegado todo tan lejos, es la cantidad de gente que responde como en el chiste: "¡El caos, el caos!". Y el caos es para todos.