Cataluña y su plebiscito en diferido
En Cataluña está en vigor un Estatuto de Autonomía que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los catalanes. Casi un 60% de catalanes votaron por opciones políticas que rechazan explícitamente el actual Estatuto de Autonomía. Ya es muchísimo. Si a eso sumamos a los votantes del PSC, que promueven su reforma, nos encontramos con que el 72% de los catalanes ha expresado en las urnas su desacuerdo con el actual Estatuto. ¿Alguien imagina unas Cortes Españolas formadas con un 72% de votos contrarios a la Constitución?
Las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre no dieron una mayoría clara a los independentistas, ni tampoco a los constitucionalistas. Eso nos devuelve a la casilla de salida: en Cataluña está en vigor un Estatuto de Autonomía que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los catalanes. Casi un 60% de catalanes votaron por opciones políticas que rechazan explícitamente el actual Estatuto de Autonomía. Ya es muchísimo. Si a eso sumamos a los votantes del PSC, que promueven su reforma, nos encontramos con que el 72% de los catalanes ha expresado en las urnas su desacuerdo con el actual Estatuto. ¿Alguien imagina unas Cortes Españolas formadas con un 72% de votos contrarios a la Constitución? Rebajemos el porcentaje al 60% del voto explícitamente contrario. ¿Alguien imagina cualquier comunidad autónoma española con el 60% de votos explícitamente contrarios a su Estatuto de Autonomía? ¿Alguien imagina que esa situación se prolongara durante seis años? Esa es la situación en Cataluña: se aprobó un Estatuto; se votó; el Tribunal Constitucional anuló una parte de ese Estatuto, y no volvió a pasar por las urnas.
Más tarde o más temprano tendrá que haber en Cataluña una ley de autogobierno que cuente con el respaldo de los catalanes y de los partidos que representan a los catalanes. Esa ley de autogobierno será un Estatuto de Autonomía o una declaración de independencia. Lo que sea dependerá de la capacidad de los partidarios de una u otra opción de convencer a una mayoría de catalanes.
Más tarde o más temprano la ley de autogobierno de los catalanes tendrá que pasar por las urnas, a no ser que se considere correcto, razonable o un mal menor que todos los españoles estén regidos por leyes con las que están de acuerdo, salvo los catalanes, que pueden ser gobernados mediante leyes que no aceptan. Más tarde o más temprano tendrá que repararse esa anomalía. Ahora o dentro de veinticinco años.
Mientras tanto se podrá suspender la autonomía, inhabilitar a los dirigentes, o encontrar pruebas para procesar a toda la familia Pujol hasta tercer grado de cosanguinidad. Pero una vez se haya realizado todo eso, o hay en Cataluña una ley de autogobierno que sea aceptada por una amplia mayoría de catalanes o seguiremos con el mismo problema. No se trata de dar "satisfacción a los independentistas". Es algo menos épico, más prosaico: que en Cataluña haya una ley de autogobierno que sea aceptada por los catalanes.
¿Esa ley de autogobierno será un nuevo Estatuto, la independencia, la autonomía reforzada, la interdependencia, el federalismo, la autonomía reducida? Sea lo que sea, tendrá que ser aprobado en las urnas. Eso no quiere decir que cualquier cosa aprobada en las urnas valga, pero si no se aprueba en las urnas, no va a valer. ¿Para qué sirve una ley de autogobierno que no quieren los autogobernados? Es una pregunta que conduce a otra: ¿existe un camino para tratar de compatibilizar la soberanía del conjunto de los españoles con la voluntad de la mayoría de los catalanes? Esperemos que el próximo Presidente del Gobierno sea capaz de ofrecer respuestas.
