Quebrar las tesis secesionistas

En una parte de la sociedad catalana ha prendido la idea de que, como pueblo o nación, tenemos derecho a la secesión (al que denominaremos derecho a decidir el futuro de nuestro país) y que, tarde o temprano, la comunidad internacional reconocerá a Cataluña como Estado, que es lo que naturalmente nos corresponde. Asimismo, se han convencido de que es un proceso irreversible y de que cualquier acción dirigida a conseguir dicho objetivo, mientras sea pacífica, es democrática y, por tanto, está legitimada. Bajo estas tesis, la ley española no se ha adaptado a las necesidades del pueblo catalán, que pacíficamente se ha manifestado masivamente en los últimos años pidiendo una mayor comprensión por parte de España. De tal forma que, llegado a este extremo, no queda más remedio que romper con la legalidad. Eso sí, el pueblo catalán no debe olvidar que lo que está haciendo es democrático y que la consigna para ser creíbles en el contexto europeo y mundial es que todo ha de ser pacífico. Por si hubiera dudas, el pasado 9 de noviembre los ciudadanos tuvimos ocasión de comprobar una puesta en escena (aunque todavía no una puesta de largo) de lo que pueden dar de sí tales tesis.

Imparables, apenas habían pasado dos días del pseudo-referéndum catalán cuando numerosos académicos recibieron información en sus correos sobre los próximos seminarios en distintas ciudades europeas para tratar el caso de la independencia de Cataluña (Berlín, Zúrich, Roma, Viena).

De hecho, la prensa internacional está siendo mucho más dura con la actuación del Gobierno de España que con las veleidades secesionistas en Cataluña. La conclusión de buena parte de los artículos es que la mejor solución hubiera sido dejarnos votar por razones pragmáticas, democráticas, históricas, sociales u otras. Sólo de vez en cuando se leen cartas al director de algún embajador, matizando ciertas opiniones, que despierta más compasión, por su soledad, que otra cosa.

Es tiempo de afrontar la realidad, al contrario de lo que a veces parece que hagan los Estados, no sólo España, para defenderse de las actuaciones que en alguna de sus regiones se llevan a cabo persiguiendo un único objetivo: convertirse en un Estado por la vía de los hechos consumados y obtener el reconocimiento internacional. Mientras tanto, Artur Mas sigue en su empeño de identificar a Cataluña con el 30-35% que fue a votar el pasado 9 de noviembre y continúa, con fórmulas harto confusas y mareantes, hacia la consolidación del Estado catalán.

A pesar de las voces que surgen para negociar una salida que modere el independentismo, el problema sigue siendo que no se discute con suficiente fuerza la secesión en sí misma, ni tampoco las teorías que la justifican. Desafortunadamente, no hay una contraparte significativa que rebata todas y cada una de las tesis secesionistas y que acuda a cualquier rincón de Cataluña a explicarlo, esté presente en los seminarios académicos, nacionales e internacionales, o dé otras opiniones, sobre todo, a los medios de comunicación extranjeros. Por muy buenos argumentos que se defiendan acerca de que Cataluña no tiene derecho a la secesión y que hay un proceso profundamente irrespetuoso con las libertades individuales de las personas y con el conjunto de la ciudadanía española, la recepción es muy limitada. No se trata de convencer, ni siquiera de discutir, sino de que se entienda que por razones democráticas, jurídicas, sociales, económicas, históricas, familiares, sentimentales, o tantas otras, muchos ciudadanos no siguen, ni van a seguir, las tesis secesionistas ni a aquellos que las apoyan.

La autodeterminación no es respetuosa con la pluralidad de una sociedad en un Estado democrático y de derecho. No todos los ciudadanos que han nacido y/o viven en la Comunidad Autónoma de Cataluña comparten esas aspiraciones colectivas y separadoras del resto de España, y además, se está ignorando al conjunto de la ciudadanía española en un tema que les concierne directamente.

Hay fórmulas menos invasivas con los sentimientos de las personas que permiten a los ciudadanos convivir entre ellos, como el federalismo, el sistema autonómico o un Estado centralizado que respete la identidad cultural, histórica o lingüística de una parte de su territorio. En cualquiera de estos sistemas político-territoriales se salvaguarda la libertad de los individuos respecto de lo que sienten o piensan, y no se obliga a nadie a ser lo que no es.

España, y en particular, la Comunidad Autónoma de Cataluña ya tenían esto y, en cambio, lo que estamos viviendo ahora es una fractura cada vez más acusada entre los propios ciudadanos de esta autonomía. La pluralidad entraña diferencias, y el reto no es secesión, sí o no, sino cómo convivir desde ese respeto en Cataluña.