Polémica de los radares privados: qué son, dónde están y cuánto cobras

La polémica por la utilización de radares privados en las carreteras ha llegado a España. Se trata de un servicio que es externalizado por parte de algunos ayuntamientos que no cuentan con la capacidad para financiar este sistema de control de velocidad en vías de su competencia.

En una información publicada por El Debate, se hacen eco de los casos de empresas que se encargan de ofrecer este servicio de instalación y mantenimiento de radares. Se cita la situación de Torremocha del Jarama, donde se ha subcontratado la gestión de una cámara radar en una rotonda de dicha localidad, pero también en otros como Cazalegas (Toledo).

En esa última localidad, y según el citado medio, el Ayuntamiento ha publicado un comunicado de cuatro puntos en el que inicialmente se "desentiende" del incidente en sí y de la difusión del vídeo anterior, al tiempo que reconoce la apertura de una investigación sobre el caso ante la posibilidad de que el radar sea "algún servicio o concesión municipal".

Según El Debate, se abre un conflicto por quién opera el radar, pues aunque el instrumento esté homologado no lo está utilizando un agente de las fuerzas del orden, lo que hace que carezca de la presunción de veracidad que otorga un miembro de la Guardia Civil de Tráfico. En la citada información, se recoge que la DGT deja en manos del Ayuntamiento lo ocurrido, puesto que se trata de una vía que fue transferida al municipio en 2008.

1.500 euros al mes: el caso de Francia

Por otra parte, en el reportaje también se recoge el caso francés, donde los radares privados llevan tiempo operando. Los particulares pueden obtener la friolera de hasta 1.500 euros al mes si ejercen este rol con el uso de un radar homologado. El departamento galo de Tráfico estrenó esta iniciativa en 2021, autorizando una primera flota de 450 coches de propietarios privados que prestaban el servicio durante unas seis horas diarias.