Los ganaderos declaran la guerra a la nueva ley animal por el transporte de animales
Y envían un comunicado conjunto dirigido directamente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Los nuevos reglamentos europeos en materia de Bienestar Animal sigue preocupando al sector ganadero cárnico español. Hasta 14 organizaciones ganaderas, agroalimentarias y veterinarias se han unido y han enviado un comunicado conjunto dirigido directamente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Anice, Anprogapor, Apromar, ASAJA, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria piden que desde España se rechace el nuevo Reglamento Europeo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1255/97 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, según ha informado el medio AgroInformación.
El nuevo reglamento, según estas organizaciones, "no tiene suficiente base científica y no asegura una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte respecto de la situación actual. Se evidencia que la propuesta no ha sido lo suficientemente trabajada y que su impacto social, económico y medioambiental no ha sido adecuadamente estimado".
Ante esto, sostienen que la solución debe ser trabajar para mejorar la implementación del actual marco legislativo, el más exigente del mundo, lo que permitiría seguir aumentando el bienestar de los animales.
Las organizaciones argumentan que las exigentes medidas del nuevo reglamento arriesgarían la sostenibilidad económica de muchas áreas rurales en territorios más desfavorecidos y despoblados. Además, reducirían la diversidad cultural y beneficiarían los intereses de países que ocupan una posición privilegiada para el comercio de animales, mientras se condenaría a los países periféricos (y a los territorios insulares) a una grave desventaja competitiva, que soportarían costes desproporcionados.
"Por todo esto, pedimos enérgicamente que la posición de España ante el Consejo sea la de rechazar la propuesta y exigir su retirada, oponiéndose frontalmente a la misma, por los graves daños que ocasionaría a la producción ganadera española, a la cadena de valor de los alimentos de origen animal, a los ciudadanos (sean productores o consumidores), a la economía y al desarrollo rural de nuestro país, a su cultura gastronómica y al modelo productivo español", agregan, según ha difundido el mimo medio.
