España se queda sin los 855 millones de euros por el vertido del Prestige

El Tribunal de Apelación de Londres rechazó este jueves un recurso de España para ejecutar en Inglaterra una sentencia española que obligaba a la aseguradora del naufragado petrolero Prestige a pagar 855 millones de euros por la catástrofe medioambiental causada por su hundimiento en 2002.

Esta corte respaldó una decisión de 2023 del magistrado Christopher Butcher del Tribunal Superior que determinó que no podía inscribirse en la jurisdicción inglesa un fallo del 1 de marzo de 2019 del Tribunal Provincial de La Coruña, que halló a la London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited responsable de indemnizar al Estado por el vertido tóxico en las costas de Galicia.

Los tres jueces del Tribunal de Apelación coincidieron con su colega en que la existencia previa de un laudo de arbitraje emitido el 13 de febrero de 2013 por el abogado Alastair Schaff, que exoneraba a la aseguradora británica de pagar al hacer valer dos cláusulas clave de su contrato con los dueños del buque, impedía el registro de ese dictamen.

La clave de un fallo muy complejo

Según se señala en el fallo de este jueves, la primera de esas cláusulas exigía a las partes un arbitraje en Londres y la segunda preveía que la mutua, conocida en este proceso como 'The Club', "sólo sería responsable de pagar si los propietarios lo hacían primero con su propio dinero".

Los magistrados desestimaron no obstante uno de los argumentos presentados por el Club, que adujo que no era aplicable en territorio inglés una decisión relativa al caso analizada en 2020, antes del Brexit, y emitida en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

El Tribunal de Apelación también concluyó este jueves, a favor de España, que, a raíz de la inmunidad soberana, no se puede exigir ni al Estado español ni a Francia que ofrezcan una compensación a la aseguradora por haber incumplido "la obligación equitativa de arbitraje" en Inglaterra.

El Prestige, con pabellón de Bahamas, se partió cuando transportaba 70.000 toneladas de fuelóleo pesado, causando daños en el litoral norte de España y el occidental de Francia, lo que abrió una larga disputa judicial de estos países con la aseguradora en varias jurisdicciones.

El Club se aferró en todo momento a que su contrato con los propietarios del barco establecía que cualquier litigio sería dirimido a través de un arbitraje en el Reino Unido.