Caso Diego Bello en Filipinas: ¿Quién era y por qué lo asesinaron?

Un tribunal de justicia en Filipinas celebra este lunes, 7 de agosto, una vista para abordar la libertad bajo fianza de los tres acusados del asesinato del empresario español Diego Bello, el 8 de enero de 2020. El joven murió asesinado por la Policía Nacional de Filipinas en un tiroteo, después de que lo confundieran con un narcotraficante. No tenía ninguna relación con la droga, ha insistido siempre su familia, y así lo constató al fin la justicia del país asiático. Ahora, la familia del coruñés se encuentra a la espera de conocer toda la verdad y de que se haga justicia en su caso.

Ante el juicio, es hora de volver atrás y recordar lo que pasó y con qué mimbres arranca ahora el paso final de la justicia, en un momento además de tensión por lo que pasa en Asia con otro español, en este caso Daniel Sancho, detenido en Tailandia como supuesto autor del asesinato de un médico colombiano. 

Qué se sabe de su muerte

Diego Bello fue abatido a tiros por la PNP (Policía Nacional de Filipinas) en la población de General Luna, en la isla de Siargao, en la madrugada del 8 de enero del 2020. Según el atestado, Bello estaba considerado el narcotraficante número uno de la isla. Sin embargo, las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) y del National Bureau of Invetigation (NBI) -la Policía Judicial de Filipinas- demostraron que dicha operación fue un montaje. Su único objetivo era el asesinato del empresario coruñés. Las citadas investigaciones, así como los testimonios de personas que presenciaron los hechos, desmontaron a la postre las declaraciones de los policías, que ya reconocieron haber disparado a Diego Bello en legítima defensa.

Como explicó el tío de la víctima a El Comercio, al chico lo mataron "a sangre fría", "fueron a su casa y le pegaron ocho tiros delante de su hogar". "Lo asesinaron y colocaron pruebas falsas para implicarlo en una red de narcotráfico. No lo decimos nosotros, sino los jueces filipinos. Ahora falta que haya un juicio y todo esto se pueda demostrar. Queremos limpiar su nombre", reclama.

Aquel 8 de enero, como ha quedado constatado en la investigación, el empresario estaba llegando a su casa tras trabajar en el local de hostelería que regentaba. Eran las 01:30 horas cuando fue asaltado en la entrada de su domicilio, muerto a tiros. Tanto los vecinos como su pareja, que estaba dentro de su casa, escucharon los disparos pero no pudieron hacer nada por ayudarlo. Según los agentes que acabaron con su vida, el ataque era fruto de una operación antidroga en la que el empresario gallego estaría implicado. Fue la primera explicación. 

Los agentes dijeron que uno de sus uniformados se había citado con Diego para comprarle droga y la idea era que otro más lo detuviera en ese momento. Una trampa. Sin embargo, relataron que la operación se torció y se vieron "forzados a defenderse" porque el español disparó primero y quiso escaparse. La versión de la legítima defensa ha sido clave en buena parte del proceso.

La perseverancia de los padres de la víctima, que se negaban a creer esta versión porque sabían de la inocencia del joven, reabrió la investigación y demostró que ese tiroteo nunca se produjo y que fue "un escenario inventado". No hubo fuego cruzado ni agresión previa del gallego. En la escena del crimen se encontraron casquillos de dos calibres diferentes: los de las pistolas que llevaban los policías y los del arma que supuestamente utilizó la víctima. Pero, indagando, se vio a partir de su colocación que los tiradores estaban tan cerca unos de otros que era inverosímil que Bello fuese el único herido, en el caso de que él también hubiese apretado el gatillo. "Los policías habían colocado los casquillos en el suelo para inventárselo todo", como lo describe Diario de Sevilla.

La Fiscalía filipina afirmó con claridad que era "evidente" que la acusación de que Bello portaba un arma era "parte del gran plan para justificar un homicidio ilegal". Fue una conclusión definitiva. Pero no la única, porque tampoco fue hallado el nombre del joven en los listados oficiales de narcotraficantes, desde 2016. Si era tan buscado, ¿cómo es que no aparecía ni en un papale? El jefe policial ahora imputado aseguró que Bello era un capo regional de la droga, pero no aparece ninguna referencia suya en los archivos de la Agencia de Control de Drogas de Filipinas.

Los policías acusados insistían en que el joven asesinado había sacado el arma de una riñonera, pero nadie vio al joven con dicha riñonera ni apareció en el examen de la escena del crimen. Las cámaras de seguridad que lo grabaron al salir de su restaurante tampoco registraron que llevara bolso alguno. 

Además, la autopsia que se le realizó en Madrid concluyó que Bello no había tomado ninguna droga en los últimos seis meses antes de su muerte. El análisis que hicieron de su cuerpo en el país filipino reveló que Bello recibió seis disparos, el último en la oreja derecha. El informe concluye que los tres agentes filipinos compartían "un propósito conjunto, una unidad de acción y una comunidad de intereses: matar a Diego".

Los acusados permanecen en prisión desde febrero del 2023, cuando se entregaron en Manila, la capital filipina, después de estar huidos de la justicia durante diez meses. Sobre ellos pesan ahora las acusaciones de asesinato y alteración de pruebas, graves siendo ellos supuestos agentes de la seguridad nacional. El ministro de Justicia filipino, Jesús C. Remulla, tuvo que comparecer para explicar el caso, con la insólita presencia en la rueda de prensa de los tres policías acusados del asesinato del español.

La guerra de Duterte, el contexto

La muerte de Diego Bello se enmarca en la llamada guerra contra las drogas llevada a cabo por el anterior presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, investigada por su brutalidad hasta por la Corte Penal Internacional (CPI).

El Gobierno del país asiático reconoce más de 6.000 muertes extrajudiciales en este contexto. Según organizaciones de derechos humanos, de Human Rights Watch a Amnistía Internacional, la cifra real podría elevarse a los 30.000, en el período comprendido entre el 2016 y el 2022. Duterte fue el mandatario del país hasta el 30 de junio de ese año. 

El caso de Diego Bello es el único en el que un español, y también europeo, fue asesinado bajo la excusa de aquella guerra contra las drogas. 

La familia de Diego Bello y la plataforma exigen al Gobierno y a las autoridades judiciales de Filipinas el estricto cumplimiento de la Ley y el esclarecimiento del asesinato mediante la celebración de un juicio con absolutas garantías. De la misma manera, piden al Ejecutivo central español y a las autoridades de la Unión Europea la estrecha vigilancia para que estas reivindicaciones se lleven a buen término.

Los abogados de la defensa de los policías Vicente Panuelos, Roel Azarcón y Nido Boy Cortez, presuntos autores de la muerte de Bello, conocerán este lunes si su petición de puesta en libertad bajo fianza es admitida por el Juzgado de Dapa, encargado del caso.

Los temores de su familia

La plataforma Xustiza para Diego, creada para pelear por la memoria del joven, teme que con el nuevo proceso se impida el verdadero ejercicio de la justicia. De otorgarse la libertad que ahora se debate, el proceso puede dilatarse en el tiempo o no celebrarse. 

"Según dispone la Ley Penal filipina, cualquier acusado de un delito de asesinato debe permanecer en prisión hasta que se dicte la sentencia correspondiente, sin la posibilidad de que estos puedan quedar en libertad bajo fianza. Por esta razón, la familia Bello muestra su perplejidad por la posibilidad de que los acusados puedan salir de prisión sin que aun se conozca la fecha y ubicación final del juicio, y esperan que, tanto el Gobierno español, como las instituciones europeas, mantengan su vigilancia sobre este caso y por el respeto a los Derechos Humanos en el país asiático", señala la plataforma en el escrito difundido a medios y redes sociales. 

Por otra parte, los allegados del coruñés abatido muestran su sorpresa ante la visita del pasado 31 de julio de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, a las autoridades filipinas, en el marco de la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio. "En sus intervenciones públicas, Von der Leyen apenas hizo referencia al respeto por los Derechos Humanos, a pesar de que esta es una de las principales condiciones que Europa exige a los firmantes de dicho acuerdo, y de que Diego Bello es el único europeo asesinado por la policía filipina", se duelen desde Xustiza para Diego.