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Baja por maternidad, pensión y contrato: los derechos de la pionera ley belga para las prostitutas
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Baja por maternidad, pensión y contrato: los derechos de la pionera ley belga para las prostitutas

El país acaba de introducir una nueva normativa que trata de equiparar a las trabajadoras sexuales con cualquier otro profesional. Los críticos dicen que el comercio causa tráfico, explotación y abuso, cosas que esta ley no evitará.

Un local de alterne, en una imagen de archivo.Getty Images

Gracias a una ley aprobada en mayo y recién entrada en vigor, las prostitutas de Bélgica tienen hoy una normativa que regula su actividad que es insólita en el mundo: las equipara con cualquier otro trabajador, de cualquier sector, y así pueden ya tener contrato de trabajo, pensión y baja por maternidad, entre otros derechos. 

El articulado, sin embargo, no gusta a todos: los críticos dicen que el comercio sexual causa tráfico, explotación y abuso, cosas que esta ley no evitará sino que acabará blanqueando, según diversas asociaciones. 

Hasta ahora, los bares de alterne y los salones de masajes eróticos de Bélgica funcionaban en una zona alegal, gris: las trabajadoras del sexo cobraban en efectivo o tenían contratos de camareras. Se consideraba una puerta abierta a los abusos, según los partidarios de la ley. "Sienta bien saber lo que está legalmente permitido, porque la cuestión siempre ha sido si hacíamos las cosas correctamente o no", dice Alexandra Moreels, propietaria de un salón erótico, a Euronews

"Obviamente, algunas mujeres se ven obligadas a aceptar clientes. Y por eso, para esas personas, es súper importante que se haya aprobado esta ley", explica Manon, trabajadora del sexo en Bélgica desde los 19 años, entrevistada por el citado medio. "Debe ser un trabajo que nos ofrezca los mismos derechos que a cualquier otra persona", añade.

"Obviamente, algunas mujeres se ven obligadas a aceptar clientes. Y por eso, para esas personas, es súper importante que se haya aprobado esta ley"

Al despenalizar ciertas formas de proxenetismo, el Gobierno pretende imponer normas claras al sector, crear estatutos adaptados a los aspectos específicos y únicos del trabajo sexual y garantizar el acceso a las prestaciones de desempleo, el seguro de enfermedad y la baja por maternidad. Para contratar legalmente, los empresarios ahora deben comprobar los antecedentes penales, obtener una autorización para operar y tener su sede en Bélgica. También deben respetar el derecho de sus empleados a rechazar a un cliente y a interrumpir un acto sexual en cualquier momento.

La BBC ha podido hablar, por su parte, con una prostituta llamada Sophie que es un caso claro de lo que la ley viene a resolver. "Tuve que trabajar durante el noveno mes de embarazo (...). Tuve relaciones sexuales con clientes una semana antes de dar a luz", cuenta. Ella compagina su trabajo con el de madre de cinco hijos, lo cual es "realmente duro", afirma. Cuando tuvo su quinto hijo por cesárea, le dijeron que necesitaba reposo en cama durante seis semanas, pero ella afirma que eso no era una opción y volvió a trabajar de inmediato. "No podía permitirme parar porque necesitaba el dinero. "Su vida habría sido mucho más fácil si hubiera tenido derecho a una licencia de maternidad pagada por su empleador", concluye el medio británico.

El trabajo sexual se despenalizó en Bélgica en 2022. La decisión de de cambiar la ley fue el resultado de meses de protestas en 2022, provocadas por la falta de apoyo estatal durante la pandemia de Covid. La prostitución legal en varios países, entre ellos Alemania, Grecia, Países Bajos y Turquía. Pero la instauración de derechos y contratos laborales es una primicia mundial. "Esto es radical y es el mejor paso que hemos visto en cualquier parte del mundo hasta ahora", afirma Erin Kilbride, investigadora de Human Rights Watch. "Necesitamos que todos los países avancen en esa dirección". Al imponer restricciones a los empleadores, la nueva ley "reducirá significativamente el poder que tienen sobre las trabajadoras sexuales", ahonda. 

Las sombras

Sin embargo, esta reforma no es acogida unánimemente, sobre todo entre ciertas asociaciones feministas que denuncian una mercantilización del cuerpo de las mujeres y un texto inadaptado a las situaciones de las prostitutas migrantes y víctimas de la trata de seres humanos. Sin permiso de trabajo, no pueden ser contratadas en el marco de la nueva ley. "Esto favorecerá a proxenetas y traficantes que ya se benefician de una enorme impunidad en Bélgica", afirma Mireia Crespo, directora de ISALA, asociación que apoya a mujeres prostituidas en situación vulnerable.

Julia Crumière, voluntaria de la misma ONG, entrevistada por la BBC, dice que "es peligrosa la norma porque normaliza una profesión que en su esencia es siempre violenta". La mayoría de las mujeres a las que ayuda sólo quieren ayuda para dejar la profesión y conseguir un “trabajo normal”, no derechos laborales. "Se trata de no estar al aire libre, en un clima gélido, ni tener sexo con extraños que pagan para acceder a tu cuerpo".

"¿En qué otro trabajo se necesitaría un botón de pánico? No es la profesión más antigua del mundo, pero es la explotación más antigua del mundo"

Según la nueva ley de Bélgica, cada sala donde se realicen servicios sexuales debe estar equipada con un botón de alarma que conectará a la trabajadora sexual con su “persona de referencia”. Pero Crumière cree que no hay manera de hacer que el trabajo sexual sea seguro. "¿En qué otro trabajo se necesitaría un botón de pánico? No es la profesión más antigua del mundo, pero es la explotación más antigua del mundo".

Sin embargo, muchos profesionales del sector consideran que esta reforma es el planteamiento más realista. "El trabajo sexual existe. Y si no se hace al aire libre, existirá en la clandestinidad", afirma Karin Van Der Elst, propietaria de Villa Tinto, en Amberes, un complejo inmobiliario donde las prostitutas pueden alquilar ventanas por días. 

Titania
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Santander

La nueva ley sigue planteando muchos interrogantes, pese a que empieza ya a aplicarse. Según los expertos, harán falta varios años para evaluar sus efectos sobre las condiciones de vida de las trabajadoras del sexo, así como sobre la trata y el proxenetismo.