Vorágine política y judicial por la amnistía

Acción, reacción. Que el Gobierno negocia discretamente con Junts una enmienda transaccional borrando otra línea roja para incluir en la ley de amnistía determinados supuestos de terrorismo, la respuesta del juez Manuel García Castellón apenas tarda 48 horas, advirtiendo por escrito de que Carles Puigdemont no quedaría cubierto por la norma, al ser presuntamente responsable de delitos más graves. Y todo en un contexto muy complejo para Pedro Sánchez, en el que se cruza el fuego amigo, la presión del principal partido de la oposición y la vigilancia de la UE.

A estas alturas, en el propio Ejecutivo reconocen que “la pedagogía” sobre la ley de amnistía, que se votará definitivamente en el Congreso el martes, no está funcionado. Las exigencias permanentes del partido de Puigdemont, poniendo al PSOE al borde del precipicio, no han ayudado a normalizar la situación y dar cierta estabilidad a la legislatura. Es verdad, tal y como publicó este periódico, que las relaciones entre ambas formaciones se están reconduciendo con “discreción” y “mucho hablar”. “Pero la sensación que queda en la calle es de un chantaje continuo”,  según admite un diputado socialista.

Una semana más, la amnistía lo ha acaparado prácticamente todo para frustración de buena parte del PSOE. Y, esta vez, Emiliano García-Page ha ido demasiado lejos en sus críticas, en opinión del equipo de Sánchez. El presidente de Castilla-La Mancha, que se dejó ver en animada charla con tres barones del PP en Fitur, situó a su partido en “el extrarradio” de la Constitución. Y a sus homólogos del partido de Alberto Núñez Feijóo les dijo: “Están prácticamente a punto de extraditarme”. “No pasa nada, luego te dan la amnistía”, le respondió con sorna el valenciano Carlos Mazón.

Ferraz ya ha avanzado que no expedientará a Page, pero los principales pesos pesados del Gobierno y el partido le respondieron públicamente con contundencia, dejando a las claras la relevancia del choque político entre Sánchez y su principal barón territorial. Como avanzó El HuffPost, la relación entre ambos está rota desde hace mucho y Page está convencido de que gracias a su perfil propio alcanzó la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas mientras otros muchos candidatos socialistas cayeron en el intento.

Según el entorno de Sánchez, en el PSOE, Page está prácticamente solo en sus reproches. A saber, Felipe González o Alfonso Guerra son la vieja guardia, sin responsabilidades orgánicas. Pero en algunas estructuras avisan de que a cargos intermedios y a una parte importante de las bases sigue sin gustar nada ni la amnistía ni tampoco las cesiones constantes a Junts. Un cargo andaluz rememora el último sondeo en intención de voto en la comunidad, según el cual Juan Manuel Moreno ampliaría todavía más su mayoría absoluta en caso de celebrarse comicios autonómicos. “Aquí, la amnistía no gusta, gustan las medidas sociales”, resume, destacando el “buen dato” de la EPA que se conoció el viernes. 

Y luego está García Castellón. En privado, son muchos los miembros del Gobierno que hacen suyas las críticas públicas de Teresa Ribera, que acusó al magistrado de actuar en “momentos políticos sensibles” y “siempre en la misma dirección”. La vicepresidenta, estos días silente, provocó un auténtico incendio político hace ahora una semana por estas palabras, que Moncloa tuvo que matizar. De momento, el Gobierno no ha vuelto a caer en “el error” -así lo calificó un alto cargo de Ferraz- de señalar públicamente al juez, aunque off the record el enfado es tremendo: “Parece un actor político más, pero con herramientas que el resto no tenemos”. Para rematar, se ha conocido que el CNI pidió al Supremo para investigar a Pere Aragonés por su posible vínculo con los CDR.

Con todo, el CIS presagió que no está todo perdido para la izquierda en los primeros comicios del año, las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. El estudio de José Luis Tezanos deja en el aire la mayoría absoluta del PP, lo que podría permitir una alianza alternativa en la que el PSOE –por detrás del BNG- participaría. En Ferraz llevan días alimentando esta tesis, no sin reconocer que es extremadamente difícil: “Será una batalla muy dura por el último escaño en cada provincia”, según las fuentes consultadas. Lo que está claro, añaden, es que la campaña no va como Alfonso Rueda la tenía prevista.

El PP acepta que “no hay que dormirse en los laureles” y que los suyos han de estar “tensionados”, pero no atisba otro escenario que no sea revalidar la mayoría absoluta. “Perderla sería una catástrofe, también para Feijóo”, coinciden barones consultados, que apuntan a que no se va a producir. La plana mayor de la formación se dará cita este domingo en la plaza de España de Madrid, en lo que esperan que sea una nueva exhibición de fuerza su líder contra Sánchez y sus socios.

Génova ha solicitado para la cita la implicación de todas las estructuras territoriales, que fletarán decenas de autobuses para llenar “la plaza y los aledaños”, según las fuentes consultadas. “Sánchez ha demostrado no tener límites”, proclamó esta semana Feijóo, que en un homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, añadió: “El terrorismo ni se tapa ni se perdona, se investiga y se condena hasta el final”.

La vorágine es tal que la polémica que protagonizó Esteban González Pons, poniendo en la diana al Tribunal Constitucional, rápidamente fue tapada por otra cuestión. “El Constitucional es el cáncer del estado de derecho” porque está “contaminado políticamente”, dijo el vicesecretario en un foro de La Vanguardia. Después se disculpó y Génova añadió en fuentes: “El PP considera que una de sus principales funciones es preservar el máximo respeto a las instituciones”. Los barones del PP reprocharon las palabras de Pons y pidieron “prudencia” en la ofensiva contra el Ejecutivo.