"Tsunami no es terrorismo": Suiza desmonta por tercera vez el terrorismo de Puigdemont que investiga García Castellón

El Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza, dependiente del Gobierno suizo, ha denegado por tercera vez la solicitud de auxilio judicial del juez Manuel García-Castellón en relación con la investigación de supuestos delitos de terrorismo durante las manifestaciones  convocadas por Tsunami Democràtic contra la sentencia del 'procés' de finales de 2019.

En un escrito fechado el 22 de mayo, tal y como publica El País, las autoridades suizas insisten en que los actos descritos no son terrorismo como afirma el magistrado: “La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero no las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país”. Una valoración que, explican, realizan “juristas especializados en tratados internacionales y derecho penal internacional”.

El juez García-Castellón había solicitado a las autoridades suizas la localización de Marta Rovira así como la información sobre una cuenta bancaria supuestamente utilizada para financiar las movilizaciones de Tsunami Democràtic en 2019. Es la tercera vez que cierran la puerta a García Castellón.

García-Castellón solo aportó como prueba de la participación de Rovira en Tsunami Democràtic una reunión en Ginebra, cuyo contenido se desconoce, en la que supuestamente se habló de la creación del movimiento de protesta y se planificaron sus acciones. Rovira. García Castellón considera que la prueba que hace que Rovira formaba parte de Tsunami es que “fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami”. “Tan solo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar en comentarlo y transcribirlo (40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por ello, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic”, indica.

La Oficina Federal de Justicia suiza sostiene que los actos sobre los que se pide información no constituyen terrorismo según el derecho suizo, y por ello niegan el auxilio judicial solicitado por el juez García-Castellón.

A Suiza se suma la Fiscalía, que ya en 2020 negó que fuera terrorismo negándose a la imputación de Rovira y Carles Puigdemont. “Hay una significativa falta de argumentos para la concreta imputación de hechos de matiz terrorista a los investigados”, indicaba uno de los fiscales del caso.

Pese a todo, el Supremo dio luz verde a las sospechas de Castellón y ha sido citado a declarar por terrorismo a Puigdemont entre el 17 y el 21 de junio.

Castellón señalaba así que las autoridades Suizas tienen un sesgo político favorable al Gobierno dado que preguntaron por el estado de la tramitación de la ley de amnistía y que no hubieran respondido a la petición de una reunión entre responsables judiciales de ambos países.

Una cuestión de la que también se defienden: “Es normal que nos hayamos informado previamente sobre el proceso de amnistía en España, como habríamos hecho en circunstancias similares con otros estados extranjeros. Este elemento legislativo no puede omitirse, ya que puede tener incidencia en el procedimiento penal español que sirve de base a la comisión rogatoria”.

“No es nuestra práctica reunirnos con representantes del Estado requirente extranjero, ni con la autoridad central extranjera por regla general y mucho menos con el magistrado requirente extranjero tras recibir una comisión rogatoria”, indican.