Teresa Ribera multa a Ayuso por construir "sin permiso" una promoción del Plan Vive sobre un arroyo

La Comunidad de Madrid se enfrenta a tener que demoler 488 viviendas de la promoción del Plan Vive de San Sebastián de los Reyes, correspondientes al lote 3, denominado ConVive Madrid, por haber vulnerado la Ley de Aguas y no rectificar los incumplimientos señalados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, según un documento al que ha tenido acceso El HuffPost.

Se trata de la urbanización que la Comunidad ha construido en el norte de Madrid y que pertenecen a las 1.763 que completan el mencionado lote, que también cuenta con viviendas en Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá de Henares y Getafe.

Las viviendas están ubicadas en el barrio de Tempranales y la llegada de sus primeros vecinos está prevista para el próximo mes de noviembre. El motivo de dicha posible restitución de la actuación es haber vulnerado la Ley de Aguas y por no haber rectificado en el mes hábil los incumplimientos que señala la sanción.

En concreto, la promoción se encuentra sobre un arroyo sin nombre, que ha sido eliminado en uno de sus tramos para construir las viviendas y que nutren a otro arroyo, denominado de la Dehesa, que discurre por San Sebastián de los Reyes.

Aunque dicho arroyo no aparece en el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, la Confederación Hidrográfica del Tajo señala en su resolución que aparece representado en las fuentes cartográficas históricas y que su cauce no cumple los requisitos para ser considerado uno de dominio privado, por lo que se trata de uno público.

Así las cosas, y aunque se reconoce que es un cauce seco donde ya no discurre agua, sí que se trata de un cauce que forma parte de la red que canaliza el agua en caso de lluvias. De hecho, el arroyo de la Dehesa atraviesa varias zonas del municipio y se encuentra canalizado mediante grandes tuberías que evitan que en caso de lluvias torrenciales se inunde la vía pública.

Fuentes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes señalan que el arroyo de la discordia fue eliminado en 2005 en el Plan de Ordenación Urbana bajo una de las alcaldías que ha tenido el PSOE en la ciudad y cuya zona fue urbanizada en torno al estallido de la crisis económica de 2008. Muchas de estas parcelas aún están sin construir.

En un primer momento, la Confederación Hidrográfica del Tajo multó a la empresa encargada de construir el lote 3 del Plan Vive con 1.500 euros al haber ocupado el cauce. Se trata de un expediente iniciado el 2 de junio de 2023 tras una denuncia presentada el 28 de febrero del año pasado y cuya resolución se firmó el pasado 22 de abril por un cargo dependiente del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Tenían un mes para acatar la multa y ejecutar la reposición del estado anterior, que concluía el pasado 23 de mayo, pero, al menos lo último, no se ha hecho.

La Confederación considera probado que se ha incurrido en el artículo 116.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001, que establece como infracción “la invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los cauces, sin la correspondiente autorización”. Las sanciones establecidas pueden ascender hasta los 10.000 euros por ser una sanción leve, pero finamente se fijó la multa en 1.500 euros. 

El responsable que señala la sanción es la sociedad Tarvos Activos Inmobiliarios, que es la empresa concesionaria del lote 3 del Plan Vive. La empresa, según la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha realizado las obras, que se encuentran prácticamente acabadas. sin tener la autorización necesaria para construir sobre el cauce y que está regulada en el artículo 77.1 de la citada ley. 

Por si fuera poco, el oficio de la Confederación Hidrogáfica del Tajo deja claro que es obligatorio tener ese permiso al margen de cualquier otro que se tenga que realizar con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

Con respecto a no cumplir los plazos, son claros: “Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior”.

Ninguna de las empresas o administraciones implicadas en el proceso detuvieron el proyecto para subsanar la infracción que se estaba acometiendo. La propia Confederación cuenta en la resolución que no se ha dañado la zona afectada, por lo que era muy fácil corregir el error.

Aunque ya ha finalizado el periodo para cumplir la multa y las administraciones, el Ministerio para la Transición Ecológica señala a este medio que en estos momentos no existe ninguna orden de demolición de viviendas por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero que sí existe un expediente sancionador por haber ocupado un cauce público. En este momento ese expediente está en tramitación, ya que se ha presentado un recurso por parte de la empresa sancionada.

Las mismas fuentes del MITECO señalan que, de acuerdo con la normativa de aguas, independientemente de si se trata de suelo urbano o de si se cuenta con licencia municipal, no es posible legalizar viviendas que se encuentren ocupando un cauce, dado que se trata de dominio público hidráulico. Es decir, que no pueden ordenar demoler nada que todavía no se ha terminado de construir, pero que sí pueden pedir que se eche abajo cada vivienda que discurra por el cauce que fijan los mapas de la Confederación.

Sin embargo, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid asegura que la empresa concesionaria del plan vive en San Sebastián de los reyes ha presentado recurso de reposición frente a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Aseguran que "todos los planeamientos tenían los informes preceptivos correspondientes, incluido, la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo" para construir sobre dicho arroyo.

Añaden, además, que la parcela tiene la condición de suelo urbano "y ha sido objeto de regulación mediante un Plan Parcial del sector del que la Confederación Hidrográfica del Tajo informó favorablemente el 7 de noviembre de 2003". En años posteriores, 2009 y 2013, la Confederación, explican, otorgó su autorización para distintas actuaciones que cubren la totalidad de las obras de urbanización en la zona de Tempranales, donde se encuentran las obras del Plan Vive.

La medida estrella de Ayuso

El Plan Vive de Ayuso es la medida estrella de alquiler 'asequible' que la Comunidad de Madrid inaugura esta legislatura. 

Las primeras viviendas comenzaron a entregarse el pasado mes de marzo en Alcorcón y sus inquilinos accedían a sus nuevas casas con un contrato de alquiler de siete años, que incluso puede alargarse tres más.

Sin embargo, pronto empezaban las quejas. Tal y como contaba El HuffPost, la Comunidad de Madrid habilitó el pasado otoño una página web para poder acceder a estas viviendas en la que “no había concursos” y uno se podía inscribir como si de una página web de venta de entradas se tratara.

El efecto llamada hizo que la web colapsara dado que miles de personas intentaron acceder a alguna de las viviendas. “Al primero que llegaba se asignaba un número por orden. Se saturaron los servidores y hubo una filtración de datos sensibles”, denunciaban a este medio los propios vecinos.

Los siguientes problemas llegaron con el precio. Las viviendas tenían poco de 'asequible' y algunos de los solicitantes no cumplían con los requisitos marcados por el Ejecutivo regional.

Por poner un ejemplo, en la página web habilitada por el Gobierno de Ayuso, Convive Madrid alquila, recogen tres tipos de pisos de alquiler. Las casas de un dormitorio, de unos 42,23 metros cuadrados, se ofrecen “desde 429 euros mensuales”. Las de dos habitaciones, de 66 metros cuadrados útiles, va desde los 599 euros al mes y los de tres, de 83,84 metros cuadrados, desde los 765 euros.

Unos precios que, para estar en la zona del ensanche de Alcorcón, están por encima de lo que se puede encontrar en el mercado en la actualidad y que esconden gastos ocultos.

Además de la renta mensual, los inquilinos deben pagar los gastos de los servicios comunitarios entre los que entran la limpieza de las zonas comunes, la jardinería, el mantenimiento, la consejería y el gimnasio así como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) “mediante un prorrateo mensual” y las tasas de basuras y otros impuestos municipales.

Entre esas tasas, al ser una vivienda de nueva construcción, aparecen gastos imprevistos  como dar de alta los servicios básicos de agua, electricidad y aerotermia. Solo activar el contador del agua son unos 200 euros.