Registran en el Congreso la ley de memoria trans que pide prestaciones para represaliados del franquismo

Grupos de la izquierda han registrado este martes en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de memoria y justicia para la reparación de las personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura, impulsada por activistas y cuya principal reivindicación es la creación de una reparación económica vitalicia de idéntica cuantía a la pensión mínima de la Seguridad Social de una persona de 65 años sin cargas familiares.

La proposición ha sido firmada por BNG, JxCat, ERC, EH Bildu, Sumar y Podemos. Otros grupos como Coalición Canaria, el PNV y el PSOE no la han rubricado hoy, pero han asegurado que no se opondrán al trámite de la norma, según ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma por los Derechos Trans, entidad impulsora de la ley.

"Queremos reparar el daño que se ha hecho a un colectivo solamente por el único delito de amar o de ser diferente, que ha sufrido cárceles, torturas, destierros, maltrato psiquiátrico y la negación de acceso a derechos fundamentales", ha subrayado Cambrollé, quien ha exigido que "esas víctimas que hoy viven en el ocaso de sus vidas en una extrema precariedad tengan una vejez digna".

Los destinatarios de las medidas previstas en la norma serán las personas trans y LGTBI a las que, en su momento, se les aplicara la ley de vagos y maleantes desde su modificación de 1954, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, fueran internadas en algún centro de la Junta de Protección a la Mujer por su orientación sexual, o condenadas por el delito de escándalo público contemplado en el artículo 431 del Código Penal previo a la modificación de 1988.

Según el texto, las personas que sufrieran privación de libertad por la aplicación de estas normas podrían ver su pensión vitalicia incrementada en un 50 %.

"Dicha prestación será compatible con cualquier prestación no contributiva que perciba la persona destinataria, siendo excluidos estos ingresos a los efectos de computar el volumen de ingresos para determinar el derecho o no a dicha prestación no contributiva", subraya la proposición.

Asimismo, se propone a las administraciones públicas promover el "acceso prioritario" de los destinatarios de la norma al parque público de vivienda y a programas de ayuda de acceso a la vivienda, incluidos lugares públicos de residencia para personas mayores.

Los interesados deberán solicitar la ayuda en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la norma y el procedimiento para el reconocimiento de dicho derecho será tramitado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes.

Además de la reparación económica, se proponen "acciones de reparación simbólica", como la recuperación de la memoria mediante investigaciones, publicaciones, difusión y la creación de espacios específicos de memoria.

En esta línea, la ley pretende establecer una partida presupuestaria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para la recuperación y preservación de la memoria documental y audiovisual LGTBI, así como la señalización y visibilización de lugares históricos y emblemáticos para la memoria LGTBI.

"Tienen que hacer justicia y reparación. No nos vale un diploma para colgarlo en la casa, queremos una reparación económica que nos permita vivir con dignidad los pocos años que nos quedan por vivir", ha aseverado Cambrollé.