Radiografía del sistema electoral español: sesgado a la derecha en origen y "desigualitario"
La norma sobrerrepresenta a las provincias pequeñas, de tradición conservadora. El diseño corrió a cargo de la UCD de Adolfo Suárez en la Transición, y desde entonces no se ha vuelto a modificar.
47 años y apenas unos retoques. Tirando de símil tecnológico, el sistema electoral que opera en España sería tan moderno como usar un ordenador Comodore de 1982 en pleno siglo XXI. Fue ideado en plena transición, mano a mano entre las fuerzas políticas de centro derecha que luego evolucionaría en la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez y los nostálgicos del franquismo, entre las que se encontraban figuras como Manuel Fraga. El resultado: un diseño "desigualitario", según todos los expertos consultados por El HuffPost, con un claro sesgo a favor de las fuerzas políticas conservadoras.
Los sistemas electorales los diseñan los propios partidos, en este caso UCD, lo que para Jorge Urdánoz, profesor de Filosofía de la Universidad Pública de Navarra, es como poner "al zorro a cuidar del gallinero": "Tienen incentivos clarísimos para diseñar un sistema que les beneficie a ellos". Conviene también aclarar de entrada una pregunta que puede encenderse en la cabeza de muchas personas: ¿Significa que existe mala fe o una mano negra detrás del sistema electoral para favorecer a las derechas?
Carmen Lumbierres, profesora de Ciencias Políticas de la UNED reafirma que el sistema fue creado para favorecer a los conservadores, pero aclara: "No es una manipulación, pero sí que es un intento de regular normativamente sabiendo que te va a favorecer a ti, y que va a favorecer a los grandes partidos".
Partiendo de esas premisas y aclarado el origen, ¿de qué manera se favorece a las fuerzas políticas conservadoras frente a las progresistas? Tiene mucho que ver con el diseño de las circunscripciones electorales, que en España las delimitan las provincias. Cada territorio elige un número determinado de escaños al Congreso de los Diputados en función del número de habitantes que tenga. Sin embargo, muchas provincias de tradición más rural y conservadora, que tienen poca población, eligen más diputados de los que les podrían corresponder por peso poblacional.
Esto propicia que en esas provincias pequeñas los escaños cuesten muchos menos votos y que, por lo general, se los lleven para los grandes partidos nacionales y en concreto con una ventaja para aquellas formaciones más derechistas debido a la "tradición" a esa tendencia que existe en esos territorios, afirman los expertos.
Javier Lorente, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, pone el ejemplo de Palencia. "Reparte 3 escaños y se quedan dos el PP y uno el PSOE, sin embargo, el PP obtiene el 66% de toda la representación cuando tiene en torno al 36 o 37% del voto". Revisando los resultados electorales del 23J, en Palencia el PP obtuvo 40.263 votos (41,85%) frente a los 33.183 del PSOE (34,49%), pero esos 7.080 votos de diferencia hacen que el PP se lleve dos tercios de toda la cuota de poder que se reparte.
Esta misma dinámica se repite en la gran mayoría de provincias, que aunque reparten pocos escaños cada una, entre todas supusieron 144 diputados en las pasadas elecciones generales del 23J, el 41,41% de todos los escaños, aunque representan solo al 30,7% de la población total de España. Por contra, el 69,3% de población restante elige el 58,9% de escaños.
A la postre, las provincias que reparten entre 1 y 6 escaños avocan a los partidos medianos de implantación nacional como Sumar y Vox, o en su momento IU, UPyD o Ciudadanos a perder mucho peso, la proporcionalidad se esfuma. "Es una formula mayoritaria porque solo tienen posibilidades los grandes partidos, como mucho puede entrar residualmente un tercero, pero para que entre tiene que tener más de un 15% de los votos, entonces es muy difícil", comenta Lumbierres.
Las tres ligas políticas
Urdánoz señala que con el actual sistema existen "tres ligas" políticas: Los más favorecidos, que serían los partidos mayoritarios (PP y PSOE); los tratados con justicia, que serían los nacionalismos; y los injustamente tratados, que serían los partidos medianos de implantación nacional.
El profesor de la Universidad Pública de Navarra señala que las maniobras de UCD fueron "democráticamente escandalosas", y prosigue señalando que el motivo por el que se buscó la sobrerrepresentación de las comunidades rurales tenía como objetivo directo quitar peso a quienes vivían en las zonas industriales como Madrid, Barcelona o Bilbao, a quienes se les presumía más tendentes a la izquierda.
Además, prosigue Urdánoz, en el momento en el que la UCD acordó la manera de realizar las elecciones con los restos del franquismo, en noviembre de 1976, el Partido Comunista de España (PCE) seguía siendo ilegal: "Estamos en un contexto en el que ellos asumían que el PCE iba a ser ilegal. Ya no era solo debilitar el voto de la izquierda, es que si eras comunista ni te podías presentar a las elecciones". El PCE fue legalizado seis meses más tarde, en abril de 1977.
Las mayorías de la izquierda
El sistema, en conclusión, favorece a las fuerzas conservadoras, pero sobre todo a los grandes partidos. Las circunscripciones pequeñas son siempre "las que determinan los resultados de las elecciones", concluye Lumbierres, al tiempo que Lorente hace también un inciso con respecto al objetivo de UCD de favorecerse a sí misma: "[Con el diseño electoral,] La derecha con un 35-38% de los votos podría tener mayoría absoluta y a la izquierda le costaría un 42-44%. Luego no funcionó exactamente así y hemos visto mayorías de izquierdas con menos, o casi absolutas como la de Zapatero [en 2008], que se quedó en 169 escaños".
De hecho, la mayoría absoluta más inmensa que se ha cosechado jamás en España fue la del Partido Socialista en el año 1982. Entonces, Felipe González arrasó con todo y alcanzó 202 diputados de los 350 totales. Lumbierres matiza que en aquellos tiempos la UCD sufría un intenso desgaste debido a la crisis económica, las luchas internas y la pérdida de popularidad y caída de Adolfo Suárez, al tiempo que la derecha, entre ellos los herederos del franquismo de Alianza Popular (Posteriormente PP), se encontraba en posiciones mucho más marginales, lo que favoreció que la nueva alternativa fuera a ojos de los ciudadanos el PSOE.
¿Hay alternativas al sistema actual?
Urdánoz asegura que España es uno de los sistemas más "desigualitarios" del mundo, si no el que más. La desviación de representatividad que supone un voto de Soria y uno de Madrid es del 327%, mientras que la recomendación de la Unión Europea a este respecto es que no sobrepase el 15%, según asegura este experto en uno de sus artículos académicos que exploran algunas alternativas al sistema electoral actual.
Porque esa es otra de las cuestiones: ¿Existen alternativas? La respuesta es un rotundo sí, ya que existen en el mundo sendos ejemplos de ello. Lumbierres, por ejemplo, afirma que una opción sería que, sin renunciar a que las provincias fueran la medida de las circunscripciones: "Del reparto de los 350 diputados, una parte se puede hacer por circunscripciones provinciales y otra en un resto único de todo el país con todo lo que ha restado de todas las provincias, se vuelve a dividir otra vez y esos diputados se sacan sobre los totales para que no haya votos que se vayan a la basura".
Pero entonces, si hay posibilidades para cambiar un diseño electoral que el manifiestamente injusto, ¿por qué no se cambia? Porque implica una reforma constitucional, una cuestión que en España es extremadamente inusual que ocurra. "Ya nos iríamos a lo de siempre, por qué en este país no se modifica la constitución. Cuál es la razón por la que tenemos esa anomalía democrática tan evidente. Todas las democracias occidentales modifican con total naturalidad las constituciones de sus países y sin embargo en España estamos presos del texto que se forjó en 1978", sostiene Urdánoz.
La reforma del sistema electoral es otro de los mantras que vienen y van con las elecciones como el argumento de que gobierne la lista más votada. La primera naufraga por el desencuentro de los grandes partidos, ya que para reformar la constitución se necesita el apoyo de al menos tres quintas partes del Parlamento. La segunda, la de la lista más votada fracasa, simplemente, porque va en contra la proporcionalidad que impone el sistema.