Pólvora mojada: el PP intenta sacar tajada de la "investigada" Begoña Gómez y se atreve a cuestionar a la UCO
Gamarra acusa a Sánchez de "ocultar" la condición de investigada de su esposa pese a que todas las fuentes jurídicas consideran que es algo procedimental. También habla de presiones a la Guardia Civil por elaborar un informe que la exonera.
El PP prosigue con su campaña de desgaste contra Pedro Sánchez usando la causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez. Este martes, la secretaria general del PP, ha exigido “responsabilidades políticas” al presidente del Gobierno después de conocerse que el juez que investiga a su esposa se dirige a ella en el sumario como "investigada".
"Desde el PP no vamos a prejuzgar nada, corresponde a los tribunales españoles y europeos, pero de lo que no se puede dudar es de que ni Sánchez, ni su Gobierno, ni su entorno se están comportando de una manera decente. Ni está a la altura de España, ni a la altura de los españoles", ha recalcado Gamarra en un encuentro con la prensa en el Congreso.
Lo cierto es que dicha condición de "investigada" se deriva de la admisión a trámite de la querella que Manos Limpias presentó contra Begoña por dos posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Todas las fuentes jurídicas consultadas por El HuffPost coinciden en señalar que una vez que el juez consideró que había fondo para investigar el caso, Begoña asumía la calidad de "investigada". Algo que se mantiene durante la fase de instrucción, cuando el juez practica todas las diligencias que se consideren necesarias para poder esclarecer los hechos y conocer si existen indicios racionales de criminalidad que permitan sostener que la persona que ha sido denunciada efectivamente ha cometido el hecho denunciado y que el mismo reviste caracteres de delito.
Lo extraño, por tanto, no es que a Gómez se la considere “investigada”, sino “que no sea llamada a declarar”, como advierten las mismas fuentes. Según éstas, “es lógico que, si se admite una denuncia dirigida contra ella misma y sus actividades profesionales, se la considere investigada desde el minuto uno, pero no que no sea llamada a declarar, porque no se estaría garantizando su derecho a la defensa” recogido en la Constitución.
De ahí que consideren “anómalo” que el juez Peinado no acordara en su auto, fechado el 16 de abril, “la declaración de la persona investigada” y solo le recomendara la designación de un “procurador y abogado que la represente” para que “puedan estar presentes, e intervenir, en su caso, en las diligencias que se acuerdan” en la resolución judicial, “de las testificales de los directores de los medios de comunicación que han difundido las noticias que sirven de apoyo a la denuncia origen de las presentes diligencias previas”.
De hecho, las fuentes consultadas advierten que, si no se llama a declarar a Begoña Gómez, “podría terminar declarándose la nulidad de las actuaciones o las averiguaciones que puedan hacerse durante la investigación al estimarse que no se ha garantizado el derecho a la defensa”. “Por muy extraño que parezca”, apunta otra fuente jurídica, “esto se hace en algunas ocasiones cuando hay un interés por alargar un proceso, como puede ser en este caso las elecciones europeas del 9 de junio”.
En todo caso, llevar a titulares de portada la condición de "investigada" de Begoña Gómez (lo que antes se consideraba como "imputado" hasta que la Ley Orgánica 13/2015 llevó a cabo un cambio terminológico), ha alimentado el ansia conspiranoica del PP y su esfuerzo para sacar rédito electoral de un caso que ni siquiera la UCO ve con base para investigar.
Así se desprendía de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el que se descartaba que la vinculación de Begoña Gómez con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo favoreciera el rescate de la aerolínea de la compañía por parte del Estado, o que su intevervención decantara adjudicaciones a negocios del empresario Juan Carlos Barrabés.
El revés de este informe ha hecho que el PP hable de "presiones" a la Guardia Civil para elaborar un texto que exculpe a la mujer del presidente del Gobierno. "Haremos que se conozca si ha habido algún tipo de presión sobre la UCO para la realización de ese informe y si ha habido algún tipo de presión para esa filtración. Del mismo modo, haremos que se conozca qué papel está jugando el Fiscal General del Estado en la utilización de la Fiscalía para ponerla al servicio de los intereses particulares de Pedro Sánchez y de su entorno familiar", ha asegurado Gamarra también este martes.
Minutos después, paradójicamente, la dirigente del PP sí ha aplaudido el informe realizado por la UCO que apunta a que Koldo informaba por email a José Luis Ábalos de los contratos con la presunta trama que investiga la Audiencia Nacional sobre la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Gamarra, en este caso, no ve presiones de ningún tipo.
Lo cierto es que tanto el Gobierno como el PSOE creen que al PP se le está acabando la cuerda de la que tirar con el supuesto caso contra Begoña Gómez. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tildado de "chorrada" y "una tontería absoluta" el debate generado acerca de si Begoña es investigada judicialmente, porque, ha señalado, "lo es desde que se admitió a trámite la denuncia contra ella". "Yo soy jurista. Es que están descubriendo la pólvora los del Partido Popular, es una tontería absoluta", ha añadido.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado a su vez al PP de faltarle tiempo "para echar por tierra" todo el trabajo de la UCO sobre la esposa de Pedro Sánchez, "que desmonta todo este montaje" de la organización "ultraderechista" Manos Limpias.
Sin embargo, la investigación continúa. El juez que estudia la denuncia ha pedido a la UCO que le remita los contratos que fueron otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés desde Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid. Y la Fiscalía Europea también investiga si la denuncia interpuesta por Manos Limpias contra la mujer del presidente del Gobierno afecta a contratos suscritos con fondos europeos.