Pedro Sánchez, a por una legislatura plagada de complicados retos

Pedro Sánchez ha conseguido lo que en mayo parecía un imposible: salir reelegido presidente del Gobierno. Después del descalabro de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, parecía todo un reto insuperable lograr reeditar un nuevo Ejecutivo de coalición tras las generales que él mismo convocó. Y, sin embargo, lo ha hecho. 

Pero ahora, después del alivio tras lograr la mayoría suficiente para ser investido y de las lágrimas durante la celebración, le toca a Sánchez encarar las nuevas tareas que se le presentan. No son pocas y no son precisamente sencillas. 

Para empezar, la más inmediata: diseñar un nuevo Gobierno que, como suele suceder en las segundas legislaturas —aunque este sea su tercer mandato—, todos esperan e incluso piden que sea de un perfil mucho más político. 

Los rumores y las quinielas no han dejado de sonar en esta semana de la investidura y muchos apuntan a que, además de figuras importantes del PSOE que podrían repetir —María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría y Teresa Ribera parecen inamovibles del Consejo de Ministros—, podrían incorporarse otros rostros fundamentales del núcleo duro socialista como Óscar López e incluso Óscar Puente, quien tomara la palabra en lugar de Sánchez durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. 

La necesidad de un Ejecutivo marcadamente político viene dada por la polémica suscitada a raíz de la ley de amnistía, acordada con los dos partidos independentistas catalanes (ERC y Junts) a cambio de su 'sí' a la investidura y la legislatura. Porque en el PSOE reconocen que quieren pasar página de este asunto cuanto antes y para ello será necesaria mucha mano política. 

Y medidas. Especialmente, medidas de carácter social, que son las que está esperando el electorado de izquierdas. Muchas de ellas están contenidas en el acuerdo de legislatura que rubricaron PSOE y Sumar, los socios de la coalición. Entre ellas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción de jornada laboral de 37,5 horas, un plan de choque para el empleo juvenil o una reforma fiscal para que la banca y las energéticas contribuyan más. 

Muchas ya fueron esbozadas por el propio Sánchez en su discurso de investidura, donde además se puso un reto más: el pleno empleo. "Una ambición siempre soñada y nunca lograda", reconoció desde la tribuna, donde señaló a los jóvenes y a los parados de larga duración como los colectivos con mayores problemas de inserción laboral. No es un reto menor, ya que el SEPE habla de que el pleno empleo se alcanza con una tasa de desempleo del 4%, aunque algunos políticos lo elevan al 8%. En todo caso, actualmente la tasa se encuentra en torno al 12%. 

Los Presupuestos, en camino... pero con un escollo

Otra de las tareas fundamentales que tiene que abordar el nuevo Ejecutivo en cuanto tome posesión serán las cuentas públicas, los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes de Hacienda han confirmado que desde hace tiempo se está trabajando en ellos y que el primer paso tiene que ser aprobar el techo de gasto. Aquí llega el primer gran escollo para el nuevo Gobierno de Sánchez, porque esta es la única medida que el Senado, en poder de la mayoría absoluta del PP, puede vetar. 

Es decir, que el Partido Popular podría complicar muy mucho las futuras cuentas públicas, aunque pueda ir en perjuicio de las comunidades autónomas, no pocas, en las que gobiernan. Tal y como contó este periódico, esto se debe a una reforma legal auspiciada precisamente por el PP de Mariano Rajoy, que modificó en 2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria dando capacidad al Senado de vetar el techo de gasto y obligando al Gobierno de turno a presentar uno nuevo en el plazo de un mes. 

Esto ya ocurrió en 2018, cuando la mayoría absoluta de los populares tumbó el techo de gasto de los primeros Presupuestos que pretendía elaborar Sánchez para 2019, evitando que la senda de estabilidad pasase del 1,3% del PIB al 1,8%, pese a estar autorizada por Bruselas. Cinco décimas que suponían 6.000 millones más. Mucho de ese dinero iba a ir a parar a las comunidades autónomas, algunas de ellas del PP, que se vieron afectadas por la decisión de su propio partido. "Las grandes perjudicadas serán las autonomías", dijo entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 

Este veto lo intentó modificar el PSOE en dos ocasiones desde que Sánchez llegó a Moncloa. Primero en 2018, cuando la Mesa del Congreso tumbó el intento de PSOE y Unidas Podemos de incluir una enmienda de reforma del veto del Senado en una proposición de ley de medidas contra la violencia machista. Ana Pastor, presidenta del Congreso por aquel entonces, donde PP y Ciudadanos tenían mayoría en la Mesa, dijo que la enmienda no guardaba "la necesaria homogeneidad y congruencia" con la iniciativa legislativa presentada. O lo que es lo mismo, que no tenía ningún tipo de relación con la ley a la que se adjuntaba la enmienda.

Después llegó 2019, pero cuando el Ejecutivo, ya con otras mayorías en las dos Cámaras, quiso volver a hacerlo, llegó la pandemia y todo se dilató. Además, las reglas de déficit se relajaron en Europa y desde entonces no se ha vuelto a aprobar ningún objetivo de estabilidad presupuestaria sino las llamadas "tasas de referencia", que no requieren de votación en el Senado y que son orientativas.

En todo caso, como ha informado este diario, desde Moncloa confían en que podrá haber una legislatura larga en la que, al menos, se tengan garantizados unos Presupuestos —algo acordado con los socios de investidura— que incluso se podrían prorrogar. 

Los pactos serán difíciles y encima hay elecciones

Porque aquí está otro de los grandes retos para Sánchez esta legislatura: transitar por ella pudiendo aprobar medidas sin agobios. Lo cierto es que, dada la compleja aritmética parlamentaria, todo hace presagiar una legislatura de pocas iniciativas legislativas, ya que para ello se requiere el consenso de numerosas fuerzas políticas, muchas de ellas con pensamientos antagónicos en materia económica o social. 

Para colmo, en el calendario están en rojo varias elecciones regionales, especialmente las vascas (previstas para la primavera o el verano de 2024) y las catalanas (en principio, a comienzos del 2025). Y esto afecta a cuatro de los socios de investidura de Sánchez: Bildu y PNV, por un lado; y ERC y Junts, por otro. ¿Tendrá que decantarse en algunas de estas elecciones el PSOE por dejar gobernar a unos en detrimento de otros? ¿Cómo se gestionará esto a nivel nacional?

Aunque pueda parecer un hecho menor, lo cierto es que a Sánchez se le ha abierto un nuevo frente que, no por esperado, deja de ser preocupante: la ruptura de Podemos con Sumar. El grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz cuenta con cinco diputados de la formación morada, que ahora podrían actuar por libre alejados de la disciplina que imponga la vicepresidenta segunda. Esto podría complicar las mayorías a la hora de aprobar algunas leyes en el Congreso, lo que supondría un nuevo quebradero de cabeza para el recién reelegido presidente del Gobierno. 

A todo esto, seguramente Sánchez esté poniendo a estas horas velas para que la legislatura, más allá de todos estos retos, no le haga afrontar crisis del tamaño de una pandemia, una guerra o un volcán, como las que tuvo que vivir en la pasada legislatura. Es muy probable que el líder socialista se conformara con tener sólo que hacer frente a todas las tareas que ya lleva aparejada esta complicada legislatura que se avecina.