No sólo 'money': la cara 'B' del concierto económico para Cataluña

El Gobierno tropieza con la enésima piedra del camino. Después de superar con dificultades un primer año de legislatura con sólo cinco leyes aprobadas y dolorosas derrotas en el Parlamento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez inicia el nuevo curso político con la duda de si podrá sacar adelante los Presupuestos para 2025. 

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló hace unos días que tiene "muy avanzado" el borrador y que "en septiembre" iniciará los contactos "con los grupos de todos los espectros políticos que manifiestan disposición a poder negociar los Presupuestos".

Pero su aprobación no será fácil. Con Carles Puigdemont descolgado de la gobernabilidad de la Generalitat, Junts empieza a coincidir de manera habitual con el PP en las votaciones del Congreso. Esta semana, sin ir más lejos, apoyó en la Diputación Permanente la mayoría de comparecencias de miembros del Gobierno solicitadas por los populares. No prosperaron porque la aritmética de este órgano es diferente a la del pleno habitual. Además, en julio votaron en contra del techo de gasto, paso previo a los Presupuestos.

ERC, por su lado, ya ha advertido que su apoyo tanto a Sánchez en el Congreso como a Illa en el Parlament pasa por cumplir con el acuerdo de investidura que ambos partidos suscribieron hace un mes para evitar la repetición electoral en Cataluña. Y la medida estrella de ese acuerdo era una "financiación propia" para la región, lo que ha envalentonado una vez más a PP y Vox, pero también a parte del partido socialista.

El presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, ya aseguró que no pasará "por ese aro", y federaciones como la andaluza o la asturiana han mostrado sus dudas. Incluso la de Aragón, bajo la secretaría de Javier Lambán, se convirtió este jueves en la primera de forma expresa en rechazar esa financiación singular para Cataluña.

El acuerdo suscrito por PSC y ERC señala que la Generalitat recaudará todos los impuestos que se pagan en Cataluña, para abonar después una parte al Gobierno central a través de dos vías. Por un lado, pagando los servicios e inversiones estatales en Cataluña; y por otro, aplicando una cuota de solidaridad que no se concreta, pero que se dice que será “transparente” y que deberá asegurar que el resto de comunidades puedan prestar “niveles similares” de servicios públicos que Cataluña, “siempre que hagan un esfuerzo fiscal también similar”.

ERC calificó el acuerdo de “concierto económico solidario”, pero esa terminología no aparece en el texto. Sí, en cambio, la de “financiación singular” y “soberanía fiscal”. María Jesús Montero negó hace dos semanas que este acuerdo suponga otorgar a Cataluña un "concierto económico", lo que llevó a su vez a ERC a amenazar con retirar el apoyo al Gobierno. "Es plenamente consciente de lo que han pactado", advirtieron en un comunicado. Y en esta guerra de términos, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, invitó a los periodistas a leerse palabra por palabra el acuerdo. "La literalidad es clara: se habla de financiación singular y solidaridad interterritorial", dijo esta semana tras el primero consejo de ministro del nuevo curso.

Lo cierto es que dentro del PSOE hay dudas sobre qué se ha pactado realmente y si es posible que pueda llegar a aprobarse, teniendo en cuenta que cualquier cambio implicaría la reforma de varias normas, la más evidente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Y, para ello, es necesario la mayoría absoluta del Congreso. "Sigo sin saber qué se ha pactado", contaba en conversación informar a El HuffPost un líder territorial del PSOE. El PP, haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado, obligará a Montero a comparecer este miércoles para que dé explicaciones de este acuerdo. 

Cataluña recauda y gestiona actualmente cada año 26.000 millones de euros. 5.000 llegan a través de sus tributos propios (sucesiones, patrimonio...) y el Estado le entrega - como al resto de CC.AA. - el 50% de la recaudación por IRPF, el 50% de IVA y el 58% por impuestos especiales. Es decir, unos 21.000 millones de euros. 

Con la nueva fórmula, Cataluña pasaría a recaudar 53.000 millones. Es decir, el doble de los 26.000 que gestiona actualmente. Teniendo en cuenta que una parte lo devolverá al Estado por los servicios que presta en el territorio y por la cuota de solidaridad, el gobierno de Cataluña dispondría en total de unos 20.000 millones más que ahora. Es decir, 20.000 millones que dejaría de recibir el Estado en su conjunto.

Pero, ¿es un concierto económico o una financiación singular? ¿En qué se parecería al régimen especial que tienen País Vasco y Navarra? ¿Y qué consecuencias tendría? El HuffPost ha consultado a varios expertos para conocer las consecuencias que tendría su aplicación. Y no son sólo estrictamente monetarias.

Para José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, no hay duda de que lo firmado es un concierto económico. "Reúne todas las características básicas de lo que es un concierto: una admnistración recauda todas los impuestos y luego devuelve una parte al Estado", asegura. 

Las diferencias con el vasco o el navarro es que el de Cataluña no estaría blindado por la Constitución y que, además de devolver una parte por los servicios que presta el Estado, se añade otro por el concepto de solidaridad interterritorial. El problema, según Peláez, es que cualquier 'devolución' de este tipo está sujeta a fórmulas complejas y negociaciones políticas que no siempre son justas. "País Vasco y Navarra ya no aportan todo lo que deberian aportar, por lo que el sistema no es perfecto", asegura.

Una idea que también comparte Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). "Viendo la experiencia con las comunidades forales, esto se traduciría en una menor aportación a la caja común por parte de una comunidad que no está maltratada, ni en financiación autonómica ni por otras vías que se registrarían en la balanza fiscal, con lo que la equidad territorrial se resentiría", asegura.

"Una administración central debilitada y sin funciones"

Además, ambos expertos señalan que es muy difícil cuantificar el dinero que el Estado debería recibir de Cataluña si finalmente se da el denominado 'concierto'. Peláez pone un caso a modo de ejemplo: "Cataluña ingresará el IVA de todas las empresas que tienen su domicilio fiscal en esta región. Pero no todo lo que se ingrese corresponderá realmente a una actividad económica desarrollada en Cataluña. ¿Cómo se calcula entonces qué parte de ese IVA corresponde a la CC.AA. y qué parte al Estado? Y lo mismo puede decirse de otros impuestos especiales o del IRPF que pagarían los trabajadores de una empresa catalana que, sin embargo, trabajan y residen en otras regiones de España".

En todo caso, para los dos la principales consecuencia es que la igualdad entre territorios y la calidad de los servicios prestados por el Estado también quedarían mermadas. "Sería una deriva hacia un estado confederal disfuncional, con una administración central debilitada, dependiente de los terrritorios y sin recursos tributarios propios para ejercer sus competencias. Un estado así no sería bueno para nadie, con la única excepción de los que sólo quieren suprimirlo", señala De la Fuente. 

A esto se añadiría, según Peláez, las dificultades que habrá para perseguir los fraudes fiscales al haber una información fraccionada. "Toda la información sobre contribuyentes y empresas catalanas estarán en una base de datos y las del resto, en otros. De tal manera que será más difícil perseguir acciones delictivas o fraudulentas ante la necesidad de establecer el cruce de datos, además de mayores costes de gestión".

4.000 funcionarios en el limbo

¿Y qué pasa si el modelo previsto para Cataluña se trasladara a todas las CC.AA.? Para ambos expertos, sería "desastroso". "El resultado será una desigualdad de financiación entre territorios mayor y seguramente creciente en el tiempo, que se trasladará a la calidad de los servicios públicos. Extender el sistema sólo a los territorios ricos tendría el mismo efecto que generalizarlo porque privaría al Estado del grueso del excedente fiscal que ahora financia la nivelación", señala De la Fuente. "El Estado no tendría casi ingresos y no podría ejercer políticas sociales. Así que su figura, tal como ahora la entendemos, desaparecería", apunta el otro experto.

Por último, Peláez alerta de una posible lluvia de demandas de los 4.000 funcionarios que actualmente trabajan para la Agencia Tributaria en Cataluña. "Todos han hecho una oposición para trabajar en un organismo estatal y ahora se les va a obligar a que pasen a otra administración", asegura. Ni siquiera podrían pedir el traslado, teóricamente, tras pasar a la denominada Agencia Tributaria Catalana. "Es una incertidumbre que está causando mucha preocupación y enfado entre la plantilla", subraya el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.