Letonia descarta oficializar el catalán, el gallego o el euskera porque la UE tiene otros "problemas"
Albares insiste ante sus homólogos en en que la oficialidad de las tres lenguas sería un "caso único" ante el temor a un efecto contagio de otros países del bloque.
El ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Krisjani Karins, ha avisado este martes a España de que no va a "dedicar tiempo" en discutir sobre el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea cuando hay otros asuntos de primer orden que los Veintisiete deben abordar con urgencia.
"No creo que vayamos a ampliar el número de lenguas que se usan de forma oficial en la Unión Europea", ha zanjado el jefe de la diplomacia letona en declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de la UE en Luxemburgo, al ser preguntado por la posición de su Gobierno sobre la petición española.
"No creo que ahora mismo sea el asunto número uno que necesitemos discutir, nuestro principal problema", ha continuado, para después avisar de que los Veintisiete tienen "sobre la mesa muchos asuntos geopolíticos" y sobre la "posición estratégica" que el bloque debe asumir en el futuro. "Eso es en lo que debemos dedicar nuestro tiempo y centrarnos ahora mismo", ha remachado.
Su colega lituano, Gabrielius Landsbergis, ha expuesto también el rechazo de su país por el "impacto político" que tal medida pudiera tener en otros Estados miembros como el suyo, en donde hay una minoría que habla ruso, explican las fuentes consultadas por Europa Press.
En todo caso, otra decena de países han tomado la palabra para indicar que están dispuestos a seguir discutiendo sobre la propuesta española, pero dejando claro que lo harán "sobre la base de un trabajo técnico más detallado".
Los Veintisiete han abordado de manera breve este martes por segunda vez la petición del Gobierno para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, una cuestión sobre la que sin embargo no ha habido decisiones puesto que España aún no ha respondido a las dudas legales y financieras que sus socios exigen aclarar antes de estudiar el fondo de una eventual decisión.
El asunto ha sido incluido por la presidencia europea rotatoria que este semestre ejerce España en la agenda del Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Luxemburgo y figura como presentación de un "informe de progreso", sin que esté prevista la adopción de decisión.
"Caso único"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha insistido por su parte ante sus socios comunitarios en que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea sea un "caso único" que se circunscriba "exclusivamente" a ellas y no a otras lenguas regionales europeas, en un intento por superar el temor a un efecto contagio de otros países del bloque.
"Explicaré el hecho de que esta reforma se circunscribe exclusivamente a España por unas circunstancias y unas condiciones muy específicas que convierten las lenguas cooficiales españolas en un caso único", ha expresado Albares.
El jefe de la diplomacia española ha expuesto en la sala que la cooficialidad de las tres lenguas está recogida en la Constitución española y que su uso ya se permite tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, al tiempo que ha defendido su amplio uso que, en el caso del catalán, con según ha dicho el ministro más de 10 millones de hablantes, tiene una representación mayor que los idiomas de varios Estados miembro.
Los ministros ya trataron en septiembre la propuesta española para modificar el reglamento que afecta al uso de las lenguas pero no hubo apenas discusión ni se tomaron decisiones porque una gran mayoría de socios avisaron a España de que necesitaban información concreta sobre el coste de la medida y su encaje legal antes de analizar el fondo de la cuestión.
Albares, que no ha querido dar detalles ante la prensa de lo que implicaría ese trato diferenciado respecto al resto de lenguas regionales que plantea, también ha adelantado que "formalizará" la propuesta que ya expuso en el primer debate de la disposición de que el coste de la medida "corra íntegramente" a cargo de España, aunque tampoco ha ofrecido cifras estimadas de lo que ello implicaría.
El ministro español también ha defendido que desde que el asunto fue discutido por primera vez a nivel de Veintisiete en septiembre se han dado la propuesta española ha sido "adaptada" a algunas de las demandas de sus socios y que el propio Albares ha dicho que ha tratado con otras capitales "estas semanas".
