La reforma de la financiación autonómica: donde todas quieren pagar menos y cobrar más

El acuerdo entre el PSC y ERC que incluye un concierto económico para Cataluña ha dejado a la luz lo que hasta ahora era una cuestión bastante desconocida. Un reparto de fondos del que, según los términos del acuerdo, Cataluña se saldría de la caja común reventando así el mecanismo mediante el cual las comunidades más ricas aportan dinero a las más pobres para asegurar una igualdad de recursos públicos para todos.

Simplificando, y antes de meternos en singularidades como Canarias, Ceuta o Melilla, la financiación autonómica en España tiene dos vías: por un lado la foral (Navarra y Euskadi) y por otro la común.

En este último, las comunidades se financian con impuestos compartidos, cedidos, propios y fondos. Precisamente en esto último, en los fondos, es donde está el quid de la cuestión. Los fondos sirven para compensar la diferencia entre lo que recauda una Comunidad y lo que en teoría debería gastar.

En estos fondos tenemos tres vías. La primera es el fondo de garantía, que es el encargado de asegurar los mismos recursos por habitante, aunque de manera ajustada ya que se tiene en cuenta cuestiones como la dispersión de la población o la insularidad. Por otro lado, está el fondo de suficiencia global, que financia las necesidades globales de las comunidades autónomas y por último el de convergencia autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las comunidades autónomas.

Este está compuesto de dos subfondos. Por un lado, el de competitividad, que reduce las diferencias per cápita y el de cooperación o solidaridad que favorece a aquellas comunidades con menor PIB per cápita, mayor dispersión de población o menor crecimiento de población.

Actualmente, a este fondo se aportan unos 8.815 millones por parte de todas las comunidades. 6.300 parten de Madrid, 2.300 de Cataluña y ya en tercer lugar Baleares con 300 millones. El Estado aporta unos 11.000 millones. Cataluña en el reparto autonómico supone un 25%, uno de cada cuatro euros.

Sin embargo, el preacuerdo PSC-ERC establece que la solidaridad de Cataluña con el resto de España quede "limitada" por el principio de ordinalidad. ¿Qué significa? Que si, como el año pasado, Cataluña es la segunda que más aporta deberá ser la que más recibe, rompiendo de esta forma el sistema actual y limitando y mucho la viabilidad del modelo de financiación teniendo en cuenta de que año a año, Estado y Cataluña negocian cuánto aportan. Si se aporta la cantidad actual, el sistema funciona, si no, el sistema se queda sin financiación. "La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las otras comunidades con el fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar", añade el texto.

¿Cuál es la diferencia entonces con el cupo vasco? Lo cierto es que este sistema catalán sería muy parecido a la situación actual de Navarra y País Vasco. Es decir, Cataluña recauda todo el dinero relativo al IRPF, al IVA o el Impuesto de Sociedades, pero esa diferencia sustancial está en la ordinalidad. Si eres el más rico eres el que más recibes en vez de, como hasta ahora, renunciar a ese orden para redistribuir los impuestos. 

La cifra que Euskadi y Navarra aportan el Estado se aplica mediante un coeficiente para ver qué parte de la financiación le correspondería al País Vasco. Este coeficienteque se llama índice de imputación, es la relación de la renta de la región sobre el total de la renta nacional.

Una cifra que se encuentra en el 6,24 % establecido desde hace 40 años en función de la población y del peso de la economía vasca en el conjunto del Estado. No obstante, ese fondo ahora puede variar ya que año a año serán el Estado y Cataluña los que negocien qué cantidad de dinero se da o no en esa aportación 'solidaria'.

Todo ese dinero va al fondo común que tienen las comunidades. Una caja que se suma a las variaciones de los impuestos cedidos. Es decir, el Estado ha ido dando con el transcurso de los años a las comunidades la posibilidad de gestionar y quedarse con los beneficios de distintos impuestos.

Todos quieren pagar menos y cobrar más

Todas las autonomías quieren pagar menos y cobrar más. No es nada nuevo. Cada una de ellas se queja desde hace años del sistema actual. Aunque en el detalle hay variaciones en función de cada comunidad, todas convergen en pedir más autonomía fiscal.

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura se han unido en un frente común debido a los retos de la despoblación. Estas regiones exigen un modelo de financiación que distribuya los recursos en función del coste real de los servicios. Reclaman que se tenga mucho más en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población, factores que encarecen la prestación de servicios esenciales como la sanidad y la educación. No es lo mismo una financiación en una región pequeña con grandes núcleos como Madrid que en Galicia, habida cuenta de la dispersión rural, en gran parte envejecida.

Por otro lado, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Cataluña coinciden en solicitar una condonación de la deuda y mayor autonomía fiscal. Estas comunidades piden que una parte de la recaudación fiscal se quede en las haciendas autonómicas para su gestión por sus gobiernos y que los fondos se calculen según la capacidad fiscal de cada comunidad, no solo sus necesidades. Es decir, que cada uno se gestione como pueda.

No obstante, hay 'versos sueltos'. Baleares pide mayor autonomía fiscal y retención de una parte de la recaudación, fondos basados en la capacidad fiscal de la comunidad y una reestructuración de la deuda debido a la infrafinanciación.

Andalucía apuesta por un 'café para todos': Un incremento global de la financiación para todas las comunidades, que la deuda no sea una prioridad frente a la insuficiencia financiera y que la población debe ser un criterio importante en la distribución de fondos. No es baladí, es la región más poblada de España.

Aunque Madrid y Galicia han declinado participar activamente en lo que debería ser una nueva financiación, sus posiciones públicas son más que conocidas. Madrid aboga por más autonomía fiscal y un criterio de población que no impida un modelo de financiación equitativo. Galicia se encontraría en el grupo que aboga por gestionar la despoblación.

También hay que tener en ese punto a Canarias, que está dentro del régimen común, pero que cuenta un régimen fiscal propio que regula la UE en base a los territorios insulares de cada país.

Un reparto que es necesario abordar y que se abre la puerta con Cataluña, pero que no gustará a todos.