Hungría y Polonia, la Europa en la que Vox se inspira y que trae de cabeza a Bruselas 

Vox aún no toca poder nacional, pero allá donde va llegando, sean municipios o parlamentos y Gobiernos regionales, va mostrando ya su rostro, el de las consejerías de Igualdad al cajón, el de los teléfonos de violencia intrafamiliar, el de las anulaciones de obras de Virginia Woolf o Lope de Vega. No se les cae la careta, porque lo que son y lo que quieren está en su programa político y, también, en los espejos en los que se miran en Europa. El reflejo es de radicalismo y de retroceso en las libertades. 

"Nos identificamos con ellos", "son un faro", "es la Europa que queremos", dicen Santiago Abascal y los suyos cuando hablan de Hungría o Polonia. Son países donde desde hace años gestiona la ultraderecha, arrollando el estado de derecho, rechazando las normativas europeas, legislando de forma férrea contra el aborto, la homosexualidad o la inmigración. Quieren un continente nacionalista, conservador, blanco y cristiano. Las consecuencias: colectivos criminalizados y silenciados, recorte de derechos, insolidaridad europea y represalias de un club comunitario que, hoy, no les dejaría entrar como miembros por sus déficits democráticos. 

Han entrado en el grupo de esos países llamados iliberales, que convocan elecciones pero donde se discrimina a ciudadanos y críticos, se confunde la separación de poderes, se adelgaza el control del poder y la religión acaba siendo fundamento de ley. Estados que van cumpliendo esas etapas, archicitadas en estos tiempos, de Cómo mueren las democracias, de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: del rechazo o la débil aceptación de las reglas de juego democrático a le negación de la legitimidad del adversario, cierta tolerancia a la violencia o relativización de su uso y predisposición a restringir libertades civiles como la de expresión o manifestación. Suma que suma, la colisión con la democracia llega. Ha pasado en Budapest y en Varsovia y a Vox parece gustarle. 

En el caso de Hungría, quien ha cambiado el país ha sido el partido Fidesz-Unión Cívica Húngara, comandado por el actual presidente Viktor Orban. Su radicalidad llevó que el Partido Popular Europeo (PPE) lo suspendiera y, finalmente, a la separación. Dice la ONG Human Rights Watch en su ficha anual sobre Hungría que "el Gobierno continúa atacando el estado de derecho y las instituciones democráticas", que reemplazó un estado de alarma anterior relacionado con el coronavirus y la pandemia por un estado de alarma debido a la guerra en Ucrania, "lo que otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para gobernar por decreto y eludir el proceso parlamentario". 

Los periodistas independientes, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil "son vilipendiados por funcionarios públicos de alto rango y en medios progubernamentales en un entorno mediático distorsionado". 

HRW afirma que "persiste la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), las mujeres y los romaníes" y "continuaron las devoluciones ilegales de migrantes y solicitantes de asilo a Serbia y el acceso a los procedimientos de asilo es casi imposible". 

Por toso eso, Hungría lleva mucho tiempo bajo el escrutinio de Bruselas. El año pasado la UE congeló la mayoría de los fondos comunitarios del país, hasta 22.000 millones, por sus ataques a libertades individuales y al estado de derecho, por su tendencia al bloqueo de las normas de la UE y por la sospechas de corrupción en la adjudicación y uso de esos mismos euros. Ahora Orban está, a regañadientes, haciendo reformas para evitar el bloqueo, pero que la Comisión aún no ha dado por suficientes. 

Los reproches concretos forman una larga y contundente lista: irregularidades sistemáticas y deficiencias en la contratación pública, insuficiencia en el tratamiento de los conflictos de intereses en el espacio público, carencias en el seguimiento de investigaciones judiciales en casos relacionados con fondos comunitarios y, en fin, violaciones nada puntuales en materia de lucha contra la corrupción y fraude. También su presión con la justicia ha afectado a la separación de poderes ya que, por ejemplo, Orbán ha optado por adelantar la edad de jubilación de los jueces y, de esta manera, colocar a sus afines, o por crear un Tribunal Supremo para la Administración Pública, un foro paralelo para ver los casos en que aparezca el Estado, con jueces elegidos por el Parlamento -tiene mayoría absoluta de dos tercios desde las elecciones de abril- y el Ministerio de Justicia es responsable de sus presupuestos, estructura y organización.

En el campo de la comunicación, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado sanciones a medios no seguidistas, retirada de licencias, dependencia del regulador, reparto desigual de publicidad institucional... "Ha construido un auténtico imperio mediático, sometido a las órdenes de su partido y, aunque los medios independientes mantienen posiciones relevantes, están expuestos a presiones políticas, económicas y legales", dicen del depredador Orban. 

Y ha metido mano a tres materias muy sensibles, de especial importancia para Vox: los homosexuales, el aborto y la inmigración. De los primeros no se puede hablar en los colegios, gracias a un proyecto de ley que equipara homosexualidad y pedofilia. Ni Harry Potter se salva. Se prohíbe exponer a menores de 18 años a pornografía y a cualquier contenido que "muestre o promueva la sexualidad en sí misma, el cambio de sexo o la homosexualidad". "Una vergüenza", como lo resumió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En esa norma encuentra Vox inspiración para su pin parental y la "necesidad" de los padres de intervenir en los contenidos educativos de sus hijos. 

Sobre la interrupción del embarazo, aprobaron un protocolo que al vicepresidente ultra de Castilla y León, Juan García-Gallardo, le "gusta mucho" y que indica que la mujer debe certificar mediante un documento que su médico le proporcionó "la indicación de los signos vitales del feto de una forma claramente identificable". O sea, mujeres que desea o necesitan un aborto, forzadas a escuchar el latido del corazón del feto. 

El número de abortos en Hungría, de 9,7 millones de habitantes, comenzó a disminuir en 2009, cuando hubo poco más de 43.000, frente a los 44.000 del año anterior. Según datos de la Oficina Central de Estadística, el número en 2020 ya fue de menos de 24.000 y en 2021 de 22.000, pero por el momento no se han publicado los datos del año pasado, cuando se introdujo la medida.

Su defensa es la de una Europa blanca y cristiana y es por eso que plantean políticas de familia acordes: no es que den muchas ayudas para mejorar la natalidad por el reto demográfico general, sino para avalar su discurso de que no hacen falta migrantes que ayuden a levantar el país, sino húngaros de toda la vida (sea eso lo que sea). Es uno de los puntos que más aplaude Abascal a Orban: su política de natalidad, con créditos de hasta 36.000 euros para familias con cuatro o mas hijos y exenciones fiscales para numerosas. Vox ha llegado a plantear su Pacto de Estado por la Familia, con ayudas de cien euros al mes por cada hijo y subidas de 600 euros de los cheques a familias numerosas, en la misma línea, con la idea de contrarrestar la inmigración a base de bebés nacionales. 

Las asociaciones feministas han criticado estos programas porque buscan, dicen, que la mujer se quede en casa y haga de la maternidad una profesión, eliminándolas del mercado laboral. 

Respecto a la inmigración, el año pasado, Orban defendió una raza local "no mezclada", lo que le valió el repudio de la UE y la dimisión de una asesora, que lo llamó directamente "nazi". Hungría se acaba de oponer al Pacto de Inmigración y Asilo, acordado tras mas de cinco años de debate por los ministros de Interior de los Veintisiete. Junto con Polonia, amenaza con impedir la unanimidad en su aprobación, y su postura es común: se niegan a recibir refugiados llegados de otros países UE, sobre todo los de la frontera sur como España, porque entienden que son ellos los que han de encargarse. El principio de solidaridad, troncal en esta reforma, es justo lo que rechazan. 

Viene de lejos: Orbán ya ha aprobado una ley que pena con un año de prisión a cualquier persona que ayude a un inmigrante sin papeles -se le exime sólo si está en peligro de muerte- y el Parlamento en el que tiene mayoría absoluta aprobó un impuesto del 25% a las ONG que "promovían la inmigración ilegal", aunque lo que den sea asistencia. "Lo que hace Hungría es lo que debería hacer España. Y es lo que haría –y hará - el Gobierno de España si dependiera – y dependerá – de los votos o escaños de Vox", valoró Abascal.

El líder de la ultraderecha española ha llegado a afirmar que, "con la gente que han ido llevando" países como Francia -manera eufemística de hablar sobre todo de la inmigración de religión musulmana y origen árabe- es con la que verdaderamente están en peligro las mujeres y los homosexuales, no con la derecha radical y sus postulados. Por eso, en Hungría o Polonia es donde están, por contra, más seguros. La razón: "porque se vigila quién entra". "Están mucho mejor que con el señor Sánchez o el señor Macron", insiste. 

Vox ascendió al calor de la crisis económica de 2008 a 2012, alimentado por el ultranacionalismo en reacción al alza del independentismo catalán y a la llegada de refugiados a Europa de 2015. Ven peligrar la vida "de siempre", "la nuestra", "nuestros valores y símbolos", como dicen en sus intervenciones, el único modelo que creen bueno, pero han pasado de ser una voz potente ante una reacción puntual a un partido que es la tercera fuerza en el Congreso desde 2019. Es un cambio de naturaleza de toda la sociedad lo que pretende y para eso necesita anular al enemigo. Justo eso es lo que ya ha hecho Polonia, con éxito. 

El último botón es una nueva norma que investigará la supuesta influencia de Rusia en gobiernos anteriores, lo que supone un señalamiento sobre todo a Donald Tusk, líder del principal partido de la oposición, Plataforma Cívica, y expresidente del Consejo europeo. Casi todas las formaciones políticas con representación parlamentaria contrarias al Gobierno se han unido para protestar por la ley, porque entienden que ampara una caza de brujas del disidente que cercena los derechos de pluralidad y representación, al calor de la invasión de Ucrania. 

La cosmovisión de Ley y Justicia, el partido del primer ministro, Mateusz Morawiecki, incluye también la persecución de los homosexuales, hasta el punto de crear zonas "libres de gays". Unas 100 ciudades y regiones de Polonia, casi un tercio del país, han aprobado resoluciones en las que se declaran libres de la "ideología LGBT", en un movimiento impulsado por el Ejecutivo de un país que, curiosamente, despenalizó la homosexualidad en 1932, décadas antes que la mayoría de los países europeos. La lucha por los derechos de los homosexuales es un concepto extranjero importado de Estados Unidos y Europa Occidental y amenaza a la familia heterosexual tradicional polaca, dice Varsovia. Unas ideas "más peligrosas que el comunismo". 

"A la Comisión Europea le preocupa que estas declaraciones puedan violar la legislación de la UE en materia de no discriminación por motivos de orientación sexua", afirmó en 2020 el Ejecutivo comunitario, al conocerse la noticia. Hace dos años, la CE abrió sendos expedientes sancionadores a Polonia y Hungría por sus leyes homófobas, al considerar que suponían una vulneración de los derechos de las personas LGTBI.

El eurodiputado Robert Biedron (socialista), presidente de la Comisión de Igualdad de la Eurocámara, el primer alcalde y parlamentario abiertamente gay de Polonia, explicaba en el Europarlamento que hoy la situación para las personas homosexuales es peor que en 2004, cuando su país accedió a la UE, y que difícilmente podría pasar ahora los exámenes de Bruselas, por su discriminación de este colectivo. "En algunas ciudades polacas, muchos polacos homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero sólo pueden vivir en paz permaneciendo invisibles", denuncia. Hasta los funcionarios utilizan una retórica anti-LGBT, añade. 

Abascal ha manifestado que está en "plena sintonía" con Morawiecki en su "lucha cintra la ideología de género" e, igualmente, por su plan de familia y políticas sociales. Se incluye ahí el aborto. Las políticas de ultraderecha han llevado a reducir los supuestos para la interrupción del embarazo a dos: que sea fruto de una violación, de incesto o que haya altas posibilidades de que la madre fallezca en el parto. 

El supuesto de malformación del feto se convirtió en ilegal, cuando era al que se acogían la mayoría de polacas que pasaban por este trance. Queda la ilegalidad o irse fuera. Según un informe del Parlamento Europeo de 2020, unas 200.000 mujeres tienen que abortar de forma clandestina cada año en Polonia y otras 30.000 se ven obligadas a viajar al extranjero. HRW recuerda que este año, además, se produjo una condena penal a una activista del derecho al aborto por ayudar a una mujer a acceder a las píldoras abortivas.

En materia feminista, Polonia, como Hungría, está fuera del llamado Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia machista, "el instrumento jurídico internacional de ámbito continental más importante y específico para prevenir y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y que está en vigor desde el 1 de agosto de 2014", como explica Amnistía Internacional. 

En la migratoria, mismo discurso: no a acoger refugiados llegados a otros países, no a un reparto de cuotas. Ha planteado someter a refrendo el Pacto de Asilo de la UE. El viceprimer ministro, Zbigniew Ziobro, aseguró que, de aceptar la llegada de inmigrantes, "las ciudades de Polonia se convertirían en zonas de guerra o guetos llenos de grupos agresivos, culturalmente extraños y hostiles" y añadió que "nuestras madres, esposas e hijas tendrían miedo de dejar sus hogares solas". Fue muy aplaudido en las redes sociales. Si bien Polonia ha admitido a millones de personas que huían de la guerra en Ucrania, ha continuado en paralelo con las devoluciones ilegales de migrantes y solicitantes de asilo de otras partes del mundo en la frontera con Bielorrusia.

"Los ataques del Gobierno a la independencia judicial y el estado de derecho siguen siendo motivo de grave preocupación", ahonda HRW. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal a reforma judicial del 2019 por estos riesgos. Introducí un régimen disciplinario que permitía que los jueces ordinarios fueran objeto de investigaciones, procedimientos y sanciones disciplinarias sobre la base del contenido de sus resoluciones judiciales. Pero es que esas sanciones dependían en última instancia de la (ya extinta) Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, cuya independencia e imparcialidad no están garantizadas porque sus jueces eran designados por el Consejo Judicial Polaco, que a su vez es elegido "políticamente" por el Parlamento polaco, según la evaluación del Ejecutivo comunitario.

Además, la reforma vetaba a todos los tribunales nacionales comprobar la legalidad de la designación de otros jueces y tipifica dicha comprobación como falta disciplinaria. Esta competencia se atribuye en exclusiva a la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo. Y más: forzaba a los profesionales de la Justicia a comunicar información sobre sus actividades en asociaciones o fundaciones, así como sobre su afiliación política en el pasado. La presión de Europa ha hecho que se produzcan algunos cambios, pero ese es el espíritu, el control del poder judicial. 

El periodismo tampoco se ejerce con facilidad en Polonia. "Los medios de comunicación independientes y los periodistas enfrentaron amenazas y obstáculos en sus informes", dice HRW. Según Reporteros sin Fronteras, se han iniciado juicios a periodistas para intentarlos forzar a revelar sus fuentes, se han producido despidos ideológicos en medios públicos, se ha lanzado un proyecto de ley para frenar el poder de las redes sociales como Facebook y Twitter para eliminar contenido o cancelar cuentas y habla de su intento de "repolonizar los medios". Desde que Ley y Justicia gobierna, Polonia ha caído más de 30 puestos en su clasificación mundial de libertad de prensa. 

Polonia y Hungría tienen activado el artículo 7 de los Tratados europeos, porque minan de forma sistemática el artículo 2, que consagra precisamente el Estado de derecho. Si lo que más preocupa de los primeros es su reforma judicial, de los segundos es su persecución de minorías y la corrupción. La Justicia europea ha avalado que Bruselas congele los fondos a los dos si no cumplen con el Estado de Derecho, que es lo que ahora está haciendo. Y duele, porque en este de Europa es donde más se necesitan estos fondos. 

En el caso de Hungría, que el año que viene asume el segundo semestre de presidencia del Consejo europeo, hay un movimiento fuerte que aboga por quitarle la organización como castigo y, siempre, está de fondo además la posibilidad de que Varsovia y Budapest se queden sin derecho a votar, que sería el revés más fuerte. Porque en principio no se puede echar a un país de la UE, porque nunca se previó esa posibilidad. 

Estos países no han avanzado en violencia machista, leyes paritarias, adopciones para homosexuales ni eutanasia o muerte digna, derechos conquistados por España en un sprint progresista desde 2004. Vox ha dejado claro que, si gobierna, habrá retrocesos en esas materias. En las demás, en las que copia a Orban y Morawiecki, no le dan miedo ni las consecuencias. Insiste repetidamente en que quiere formar con ellos una "alternativa social y patriótica" al "consenso progre o woke". El antieuropeismo, por ahora, Vox se lo guarda y se pone de perfil, más opaco que sus correligionarios europeos. 

La CE toma nota de los vetos y los cambios que están trayendo ya los pactos PP-Vox, pero no los juzga, como es costumbre en los procesos electorales de los Veintisite. Aún así, se ha expresado en favor de las "manifestaciones pacíficas" que son "un derecho fundamental en todos los países miembro", según manifestó a raíz de las banderas del Orgullo LGTBIQ+ retiradas de balcones municipales en Náquera (Valencia) o Torrijos (Toledo). 

Ha sido muy comentado en Bruselas el hecho de que el POLITICO Brussels Playbook, la newsletter con la que se desayunan cada mañana los comisarios, los asesores, los parlamentarios y la prensa de la capital europea, haya dedicado hace unos días espacio a explicar que el "impulso progresista" de España, que ha ido "al galope" desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, peligra por los pactos de la derecha y la ultraderecha. La "Escandinavia del sur" podría "frenarse", avisa. 

POLITICO recuerda que sigue habiendo un apoyo social importante al feminismo y la lucha contra la violencia machista, enumera leyes como la del Sí es sí o la Trans que han ahondado en ello, pero constata el rechazo a algunos posicionamientos del Gobierno, especialmente de Unidas Podemos, que pueden hacer que Vox "capitalice el descontento". Cita a Ipsos: un 53% de los españoles cree que se ha ido tan lejos en Igualdad que se está discriminando al hombre. Es un dato del pasado marzo. Aún así, el nuestro sigue siendo el país europeo más feminista. 

Está por ver, apunta, si una alianza con la ultraderecha lleva a derogar leyes socialmente importantes en estos años o, al menos, a descafeinarlas o rebajarlas. En Hungría o Polonia también empezaron con las palabras, los símbolos o los pequeños gestos. Hasta hoy.