Europa debate si quita a la rebelde Hungría la presidencia de turno: denuncias, pecados y escenarios

El Parlamento Europeo tiene dudas muy serias sobre la capacidad del Gobierno de Hungría para ejercer la presidencia rotatoria de la Unión Europea que le corresponde en el segundo semestre de 2024. Esta semana, ha emitido una resolución en la que explica que las violaciones del estado de derecho y de las normas comunitarias hacen complicado mantener la confianza en su primer ministro, Viktor Orban, del derechista Fidesz, y por eso plantea que se tomen medidas al respecto. Por 442 votos a favor y 144 en contra (los de la ultraderecha y la derecha radical) ha salido adelante el texto, que que pide al Consejo de la Unión Europea que busque una alternativa, lo que podría ser la de impedir que Budapest asuma el cargo rotatorio. Algo histórico. 

Hungría lleva mucho tiempo bajo el escrutinio de Bruselas, justificadamente. El año pasado Bruselas congeló la mayoría de los fondos comunitarios del país, hasta 22.000 millones, por sus ataques a libertades individuales (por ejemplo, su criminalización de los homosexuales) y al estado de derecho (especialmente por una serie en cuanto a la independencia de la justicia), por su tendencia al bloqueo de las normas de la UE y por la sospechas de corrupción en la adjudicación y uso de esos mismos euros. 

Ahora, Orban está en fase de reformas para escapar del castigo europeo, pero aún no hay avances suficientes que hagan que las aguas vuelvan a su cauce. Sigue siendo un estado rebelde. Por eso los europarlamentarios quieren que se rebaje la capacidad de Hungría de imponer su agenda, sus apuestas y su visión en ese segundo semestre del año que viene o que, directamente, se vete que asuma el cargo.

Lo que dicen los miembros de la Eurocámara es que falta un año para que llegue esa presidencia y hay que abordar ya el debate, tan espinoso que los Veintisiete no han querido abordarlo por el momento. No obstante, Politico ha publicado esta semana que ya empieza a moverse entre los miembros, que se está sondeando cómo tratarlo, y que sí hay cierta una cierta unanimidad en que hay riesgos de que, si se celebra esa presidencia rotatoria sin más, se lancen determinadas apuestas incómodas. No hay más que ver el comportamiento de Orban a la hora de bloquear sanciones contra la Rusia de Vladimir Putin, a quien visitó pocos días antes de la invasión de Ucrania y con quien siempre ha tenido buena relación. 

"Nosotros no le decimos al Consejo lo que debe hacer, le pedimos que busque una solución adecuada para proteger a la Unión y sus valores fundamentales. Fallaríamos como Parlamento si no compartiéramos nuestra preocupación y pidiéramos que se actúe", afirmó en rueda de prensa la popular portuguesa Isabel Wiseler-Lima, el miércoles pasado, informa EFE. El tono de la comparecencia subió con la intervención de Thijs Reuten, socialdemócrata de Países bajos, que consideró "un desastre" que Hungría asuma la presidencia, en la que aseguró que Hungría "promoverá su propia agenda dentro de la UE". 

Ppor otra parte, eso es lo normal, como hará la propia España cuando asuma su semestre el próximo 1 de julio, pero hay agendas que pueden ser una caja de bombas. Hungría tendría un escaparate, una plataforma, en un momento de pugna con Bruselas y sus instituciones. Podría estar hablando en nombre de los Veintisiete en materias sensibles como la inmigración o la comunidad LGTBI, cuando sus normas están siendo denunciadas por organizaciones de derechos humanos (locales e internacionales) y se debaten en los tribunales. 

Sophie In't Veld, liberal e igualmente neerlandesa, añadió que el Parlamento Europeo no tiene "obligación" legal de cooperar con una presidencia. "Hay muchas formas en las que podemos dejar claro lo que pensamos. Tenemos que retirarle a esta presidencia toda la purpurina y el atractivo, nada de fotos, nada de eventos ostentosos. Cada vez que tengamos a alguien del Gobierno en el estrado, pongamos al lado a alguien silenciado por el régimen de Orbán", dijo. Y remachó con una frase muy clara: "Si el Consejo no tiene cojones [lo dijo así, en español] para quitarle a Hungría la presidencia, deberíamos centrarnos en cómo nosotros podemos reducirla al mínimo". 

Hay quien en Bruselas elude meterse en este charco porque entiende que en el semestre húngaro tampoco se van a aprobar grandes leyes, porque hay elecciones europeas en la primavera del año que viene y en el periodo de julio a diciembre lo que habrá que hacer es aterrizar con los nuevos resultados y la nueva dirección en el Consejo y la Comisión. No le va esa explicación a la eurodiputada francesa Gwendoline Delbos-Corfield (de Los Verdes), que es la impulsora del documento votado esta semana, rechaza esa excusa porque "se empezarán a poner en marcha los próximos cinco años" de gestión en ese tiempo y la guerra en Ucrania, según las previsiones, seguiría vigente y necesitando de decisiones en las que Hungría no hace más que poner palos en las ruedas: sanciones, dinero, armamento. "¿A quién invitará esta presidencia? ¿Dónde irán en misiones? ¿Qué dirán en nombre de la UE?", cuestionó Delbos-Corfield en la misma comparecencia.

El texto aprobado por el Europarlamento no tiene valor vinculante, pero es un puñetazo sobre la mesa. Le pide a Bruselas que siga usando los procedimientos de infracción acelerados, las denuncias ante el Tribunal de Justicia de la UE y las multas por incumplimiento de legislación europea para "abordar el claro riesgo de una violación grave de los valores en los que se funda la UE por parte de Hungría".

El comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, dijo esta semana en el debate parlamentario que Orban está empezando a hacer las reformas que se le reclamaron, que hay visitas frecuentes y reuniones cruzadas en Budapest y Bruselas para ir chequeando sus avances, con la idea de "igualarse" a los estándares europeos, pero por ahora no se le dará el dinero retenido, mientras no se compruebe cómo se han implementado los cambios. Para Orban, Europa va lenta y es desconfiada, pero no le queda otra que esperar.

La ministra de Justicia de Orban, Judit Varga, ha sido la elegida para responder a la declaración de los europarlamentarios. Según indicó en su cuenta de Facebook -ni siquiera un comunicado oficial- es "inútil" la iniciativa porque los preparativos de la presidencia del año que viene ya están en marcha. Los trabajos han avanzado "mucho", enfatiza, y eso debe ser una mala noticia para "la mayoría de izquierdas y pro-guerra" de la Eurocámara. Un desprecio que olvida la masiva crítica recibida, tras mucho esfuerzo para lograr una declaración de consenso. 

La próxima semana llegará a Budapest una delegación del Consejo Europeo para asesorar a los líderes húngaros sobre cómo presidir reuniones, indicó. Ya la semana pasada Varga desestimó el paso que estaba preparando al Eurocámara al afirmar que no es el órgano competente para tomar la decisión sobre la presidencia de turno de Los Veintisiete, sino que éstos deben adoptarla de forma unánime en el seno de Consejo.

La marea de fondo

Nacionalista y liberal, Orbán había sido un conservador más entre 1998 y 2002, en su primer mandato, pero regresó hace casi 13 años y desde entonces, sin ceder el sillón en este tiempo, la corrupción se ha convertido en una seña de identidad de su Gobierno, especialmente relacionada con el nada transparente reparto de ayudas comunitarias, ha modificado la constitución en su beneficio y ha atacado a la prensa libre y al activismo opositor. Abandonó el PPE en marzo de 2021, antes de que lo echaran a él, y la tolerancia respecto a sus excesos ha bajado. Eso explica el castigo de los últimos tiempos. 

Antes del texto de esta semana, en septiembre pasado, ya el Parlamento Europeo aprobó otra resolución que afirmaba que en Hungría sigue habiendo un “riesgo claro” de que se violen los valores básicos del tratado de funcionamiento de la UE, como la libertad o la igualdad, y que consideraba que el país es ya "un régimen híbrido de autocracia electoral" y no una democracia. Palabras mayores. 

Con los meses, se activó el llamado mecanismo del estado de derecho, una nueva herramienta de la UE que le permite retener la financiación comunitaria cuando se detectan riesgos sistémicos de mal uso y de corrupción en un estado miembro. La otra gran baza que se debate y no se ha puesto en marcha es la posibilidad de acudir al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), conocido como "botón nuclear", por el que a un país se le puede retirar su derecho al voto en el Consejo. Nadie quiere afinar negro sobre blanco otras vías que se puedan explorar, a la espera de ver si las medidas ya tomadas surten efecto. 

Politico señala también que hay vías para "cancelar" a Hungría que ya circulan por los pasillos enmoquetados de Bruselas. Por ejemplo, hacer el vacío a Orban con España y Bélgica, los dos países que le preceden en las presidencias rotatorias. El Tratado de Lisboa creó la figura de los Tríos, grupos informales de tres presidencias que se coordinan para dar continuidad a los trabajos a lo largo de 18 meses, para que no se vayan cortando los proyectos cada vez que cambien de país. En el caso de nuestro país, inaugurará el bloque y luego siguen Bélgica y culmina Hungría, los dos países anfitriones de 2024. Así, se puede intentar que Madrid y Bruselas tengan todas las reuniones concentradas que tengan que ver con el estado de derecho, vaciando de contenido los meses húngaros. "Pasaría a la historia como la primera presidencia del Consejo sin potencial", dice. 

Hay otra opción: suspender del todo la presidencia, como quieren los más críticos, y que España y Bélgica se repartan su tiempo, con lo que sus respectivas presidencias durarían nueve meses casa una. Un escenario complejo para nuestro país, con las elecciones generales adelantadas al 23 de julio y ante el abismo de si se produce o no un cambio en La Moncloa. 

Por más que la decisión final esté verde, hay declaraciones que evidencian el malestar. "En estos tiempos sin precedentes, es crucial que el Consejo esté liderado por un país capaz de mantener fuerte la colaboración entre estados en la toma de decisiones, especialmente en temas como las sanciones a Rusia y el apoyo a Ucrania (...). Tengo preocupaciones significativas con respecto a la capacidad de Hungría para cumplir este papel, especialmente dado que en este momento no cumple con la ley de la UE respecto al estado de derecho", afirma Petri Sarvamaa, eurodiputado finlandés del Grupo Popular y su portavoz en materia de presupuestos, muy al día de los fondos congelados a Budapest. 

Una larga lista

Los reproches concretos a Hungría forman una larga y contundente lista: irregularidades sistemáticas y deficiencias en la contratación pública, insuficiencia en el tratamiento de los conflictos de intereses en el espacio público, carencias en el seguimiento de investigaciones judiciales en casos relacionados con fondos comunitarios y, en fin, violaciones nada puntuales en materia de lucha contra la corrupción y fraude. Un informe reciente de la CE apuntaba, así, que las empresas con conexiones políticas tenían 2,5 veces más de posibilidades de hacerse con un contrato público que las que no. Hablaba de un “problema sistémico”, no de casos puntuales.

Hay más cosas: su presión con la justicia ha afectado a la separación de poderes ya que, por ejemplo, Orbán ha optado por adelantar la edad de jubilación de los jueces y, de esta manera, colocar a sus afines, o por crear un Tribunal Supremo para la Administración Pública, un foro paralelo para ver los casos en que aparezca el Estado, con jueces elegidos por el Parlamento -tiene mayoría absoluta de dos tercios desde las elecciones de abril- y el Ministerio de Justicia es responsable de sus presupuestos, estructura y organización.

En el campo de la comunicación, la ONG Reporteros Sin Fronteras cataloga al Gobierno como un “depredador de la libertad de prensa” porque “ha construido un auténtico imperio mediático, sometido a las órdenes de su partido y, aunque los medios independientes mantienen posiciones relevantes, están expuestos a presiones políticas, económicas y legales”. Y es el azote de homosexuales -no se puede hablar de ellos en los colegios- y de los migrantes -este verano defendió una raza local “no mezclada”, lo que le valió el repudio de la UE y la dimisión de una asesora que lo llamó directamente “nazi”-.

Frente a eso, los de Orban han planteado crear una agenda anticorrupción con expertos independientes y un cambio en las normas de contratación públicas, para reducir los contratos con un único licitador. Cada dos meses, los inspectores de Bruselas pueden ir y pedirle cuentas a Orban. Sin embargo, aún se niega a unirse a la fiscalía europea de reciente creación dedicada a investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión, aunque habla de fortalecer la cooperación con ella, y usa con frecuencia su derecho de veto sobre decisiones que requieren de unanimidad, como pasó el año pasado con los fondos de recuperación de la pandemia o este 2022, con la lista de sanciones contra Rusia; Hungría es el país más cercano a Moscú de toda la UE, acepta a regañadientes algunos de los castigos por la invasión de Ucrania o los suaviza, también mantiene una relación de entendimiento con China que choca con la política exterior común y ha puesto problemas a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN.

El Comité Húngaro de Helsinki, una ONG que observa, documenta y denuncia lo que pasa en el país, indica que “la Comisión ha avanzado mucho en el uso de su caja de herramientas para proteger el presupuesto de la UE, pero debería ir más allá exigiendo medidas para proteger la independencia judicial en Hungría”, según su presidenta, Márta Pardavi. No se acaban de fiar del Gobierno y piden una fiscalización mayor. 

Hay que estar pendientes de los pasos que se dan, porque afectan no sólo a Hungría, sino a Polonia, un país que va por el mismo camino rebelde, advertido también por Bruselas, y que casualmente debe tomar el testigo de Budapest en las presidencias temporales del Consejo, ya en 2025. Eso, si es que Orban acaba por celebrar la suya...