Iliberales, las democracias de postureo con alma autoritaria

El concepto se acuñó hace más de 20 años, pero ahora se ha puesto de moda. Los analistas políticos tratan de desentrañar a los “iliberales”, un palabro complejo que condensa una realidad inquietantemente simple: la de los mandatarios que, en la teoría, comandan una democracia pero que, en la práctica, se comportan como autoritarios, si no como dictatoriales. Para muestra, varios nombres: desde el presidente ruso, Vladimir Putin al turco Recep Tayyip Erdogan, pasando por el venezolano Nicolás Maduro. ¿A que ahora sí va encajando la definición?

Los palos en las ruedas que Hungría y Polonia, con gestores del mismo corte, han puesto en los últimos días a la negociación del reparto de las ayudas comunitarias para afrontar la crisis del coronavirus, han puesto en primera plana esta manera de administrar, que viola la base del estado de derecho y amenaza a bloques consolidados como el europeo. Los especialistas nos ayudan a entender quiénes son los iliberales, qué pretenden y cuán cerca nos quedan, también, en España.

De dónde venimos

Corría el año 1997 cuando el reputado comentarista político Fareed Zakaria escribió un artículo profético titulado “El ascenso de la democracia iliberal”, en el que se preocupaba por el surgimiento de autócratas populistas, con poca consideración por el estado de derecho y las libertades civiles, en naciones consideradas democracias clásicas. “Los gobiernos pueden ser elegidos en elecciones libres y justas -escribió- y, sin embargo, violan rutinariamente los derechos básicos de sus ciudadanos”.

Desde entonces, las democracias antiliberales o iliberales se han convertido más en la norma que en la excepción. Según el recuento de Freedom House, más del 60% de los países del mundo son hoy democracias electorales, regímenes en los que los partidos políticos compiten y llegan al poder en elecciones programadas regularmente, frente al 40% que había apenas a finales de los años 80 del pasado siglo. Pero muchas de estas democracias no brindan la misma protección ante la ley, así que se calcula que un tercio de los estados son genuinas democracias, otro tercio son dictaduras a las claras y otro tercio más, híbridos como los que estamos revisando. Cada vez son más y han llegado incluso a la Vieja Europa.

Cómo son estas democracias

“Empecemos puntualizando: las llamamos así pero muchos de nosotros no creemos que sean democracias, por el simple hecho de que son una contradicción, no hay democracia sin estado de derecho”, apuntan, de entrada, los economistas Dani Rodrik y Sharun Mukand, profesores de Harvard y Warwick, preocupados en estudiar cómo son los grupos minoritarios (étnicos, religiosos, lingüísticos o regionales) los que soportan la peor parte de las políticas y las prácticas antiliberales.

Aclarado con fiereza este punto, explican a la edición norteamericana del HuffPost que estamos ante una “perversión” del marco democrático. “Vamos al origen: la democracia liberal se basa en tres conjuntos distintos de derechos: de propiedad, políticos y civiles. El primer conjunto de derechos protege a los propietarios e inversores de la expropiación. El segundo asegura que los grupos que ganan las pelas electorales puedan asumir el poder y elegir las políticas a su gusto, siempre que estas políticas no violen los otros dos conjuntos de derechos. Finalmente, los derechos civiles garantizan la igualdad de trato ante la ley y la igualdad de acceso a servicios públicos como la educación”. ¿Qué pasa con este otro sistema? “Que se violan esos principios y apenas quedan las elecciones, que son clave, pero no garantía de nada”, advierten.

El europeísta belga Matthias Poelmans sostiene que, más allá de esos derechos, en una democracia liberal al uso hay separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), pluralismo político con un sistema claro de partidos y libertades que se respetan porque son “fundacionales”, como las de prensa, expresión, reunión o sindicación. “Pues bien, en estos regímenes, que yo llamaría mejor semiautoritarios, sólo queda en pie la cita electoral, porque el estado de derecho no funciona, la transparencia es casi nula, el clientelismo y la corrupción son habituales, no hay libre competencia entre formaciones -que se silencian mediante leyes o incluso persecución judicial policial-, ni se deja trabajar en libertad a los periodistas”.

“Se detecta un grave y profundo déficit democrático, las estructuras del estado quedan heridas, supeditadas a lo que decida el líder o partido del momento y eso, en momentos de crisis como la económica y la sanitaria de estos tiempos, hace que se encumbre a veces a mandatarios no limpios”, ahonda.

Su evolución, paso a paso

Transformar una democracia plena en este sucedáneo es algo que se logra paso a paso, de forma sibilina. Se aprovechan las crisis, como la de 2008 o la actual del coronavirus, las oposiciones con liderazgo débil, las olas de nuevo nacionalismo (usando glorias nacionales y símbolos rescatados, cuestiones religiosas, recuerdo de mandatarios pasados...).

Meten mano, casi siempre, en las mismas áreas, hasta ir agrandando su poder: recortan derechos y libertades por cuestiones de seguridad (como las legislaciones antiterroristas), aprueban normas de asilo y refugio que marcan el “nosotros” y el “ellos” o reducen los derechos laborales y sociales, arrimando el ascua a la sardina de sus formaciones o de las élites nacionales que se les adhieren.

La politóloga israelí Sarah Gat, de la Universidad de Tel Aviv, plantea un guión de varias etapas para hacerse con este control tan poco democrático. “Primero, se controlan las cortes del país y sus tribunales. Es sencillo: se meten a afines y amigos en todos los cargos posibles para que nadie lleve la contraria, de las fiscalías a los altos tribunales, pasado por las comisiones electorales y los auditores públicos, y si hace falta, hasta se amplían los hemiciclos para tener base más sólida”. Lo ha hecho el Fidesz húngaro, lo ha hecho el oficialismo venezolano.

Segundo paso: “limpiar a quien no gusta”, sobre todo jueces y legisladores que puedan “fastidiar”. Traslados, degradaciones de cargo, jubilaciones anticipadas... Esta última fórmula es la que adoptó Polonia, en una reforma judicial que obligó a la Unión Europea a intervenir por sus carencias democráticas y que aún está en liza.

Tercer paso: “controlado lo de dentro”, es hora de atacar a los tribunales y organizaciones internacionales que sacan los colores y a las ONG, sobre todo las que denuncian violaciones de derechos humanos. Si hay críticas o sentencias en contra, son siempre cosa de “enemigos extranjeros” de la patria. “Los derechos humanos van en contra de los valores húngaros”, llegó a decir el canciller de Orban. Respuestas parecidas a las de Erdogan cuando Reporteros Sin Fronteras le acusa de ser un depredador de la libertad de prensa o la de Maduro cuando la ONU denuncia ejecuciones extrajudiciales.

Y cuarto y último paso: saltarse los contrapesos de un sistema equilibrado y romper con la separación de poderes a su antojo. “Van saltándose resoluciones poco a poco, van rompiendo costuras, dejan un margen de libertades civiles y económicas mínimo y, con eso y unas elecciones, dicen que son legales”, sostiene. Todo ello, además, aderezado de un entramado de información falsa o fake news e información sesgada a los ciudadanos, que hemos visto triunfar en el incuestionablemente demócrata Reino Unido, con el Brexit.

“El esquema democrático queda, entonces, en un mero formalismo. Vaciado de contenido, es difícil llamarlos democracias”, ahonda.

¿Del alma o de la mente?

El investigador sevillano Sebastián Moreno añade que se puede hablar, además, de un “iliberalismo de alma y de mente”.

El primero es el que deviene de un líder o partido que se sienten animados por el cumplimiento de una meta que es más que eso, es una misión: “devolver a la patria un pasado poderoso”, recuperar “valores perdidos de la religión que se profesa en el territorio” y que con la modernidad se han perdido o “afianzar rasgos definitorios identitarios” frente a otros grupos.

El segundo, mucho más prosaico, es el de los “avispados” que sencillamente usan este modelo de gestión para tener más poder y aislar o silenciar a sus oponentes o al pueblo. “Son los pragmáticos y oportunistas, los que se pueden envolver en banderas si es necesario, pero que buscan, sobre todo, su beneficio”, sostiene.

En ambos casos, se acaba forjando una “nueva cultura nacional” a su medida. “Se presentan como los poseedores de la verdad y, así, le dan la vuelta al discurso, al imaginario: la financiación de cualquier proyecto pasa a ser nacional, no estatal; en las escuelas se comienza a adoctrinar, a veces sin mucho fundamento de ideas pero basado en el aislamiento y en el nacionalismo, y se financia al correligionario, a quien ensalza su visión. Queda hecho un traje a medida”, reconoce.

Hay que plantarle cara

Los especialistas coinciden en usar términos alarmantes sobre esta realidad: “peligrosa”, “inquietante”, “en extensión”, “enraizada”... No sólo son un riesgo en sí mismas, para las personas que viven bajo estos sistemas dudosamente democráticos, sino para las formaciones o estados que deben lidiar con ellos y que, salpicados por su teatro, acaban contagiándose y adoptando terminología y agendas similares.

En el caso de Europa, no es que Polonia y Hungría pongan peros al reparto de un dinero, es que están violentando postulados básicos, fundacionales, de la UE, en su propio corazón, sin haber recibido a cambio grandes reprimendas o sanciones, aunque ya ha arrancado, al fin, la maquinaria de respuesta.

“Sufrimos ataques sigilosos a los contrapoderes democráticos esenciales, como los medios libres, la sociedad civil organizada o la pluralidad política, ¡eso es absolutamente lo contrario para lo que nació la UE!”, denuncia Poelmans. “Hay que blindar a Europa, sus estándares de calidad democrática, y tomar decisiones sancionadoras firmes. Un muro de contención para que no vayan a más”, concluye.

Qué ocurre en España

La democracia española se situó el año pasado en el puesto número 18, de un total de 167, de las analizadas por el Democracy Index de la Unidad de Inteligencia de The Economist, lo que supone avanzar un puesto respecto al año anterior y mantenerse dentro del grupo de democracias plenas del mundo

Transparencia Internacional también aporta datos positivos, como que su calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, ha pasado de 58 sobre 100 puntos a 62 (más puntuación es menos corrupción).

¿Y por qué también se está usando ese término de “iliberal” para referirse a algunos comportamientos del Gobierno? “Todo es pelea política”, admite Moreno. “No podemos decir que esto es Polonia o Hungría y quedarnos tan tranquilos. Es una etiqueta política dolorosa y no es cierta. No se atropellan las instituciones de gestión, de control o de regulación”, ccoronstata.

Es verdad, matiza, que “se han aprobado muchos decretos leyes y se ha reducido el debate, sobre todo, en los inicios de la pandemia, o que Europa nos acaba de dar un toque de atención sobre la reforma del Consejo Genera del Poder Judicial, que hay leyes mejorables en cuanto a libertades, como la mordaza, y que por ejemplo la respuesta del Estado al conflicto catalán ha deteriorado nuestra cultura política, pero dista mucho de ser un estado como los que estamos explicando”, señala.

Estos “fallos, errores, meteduras de pata o decisiones mejorables” alienta, añade, las posiciones extremas, como la que viene de la derecha ultra de Vox. De ahí las denuncias, cuando precisamente en cuestiones de libertades o inmigración el programa de este partido sí se asemeja más a lo que hacen algunas naciones menos democráticas.

La conclusión es que la amenaza está ahí y el contagio, tentadoramente sencillo.