Exministros y ex altos cargos socialistas, contra la amnistía por poner la democracia "en riesgo"
Más de 150 antiguos parlamentarios y 18 antiguos ministros firman un manifiesto que afirma haberse producido una "flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley".
Quedan pocas horas para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno nuevamente. Este miércoles y jueves, el candidato socialista se somete a una votación que sabe ganada gracias a unos pactos en los que la amnistía ha jugado un papel clave. Por ello, 18 exministros y más de 150 antiguos parlamentarios han lanzado un manifiesto donde consideran que ven la democracia "en riesgo".
Entre los firmantes aparecen nombres de PP, UCD, CDS, UPyD y Ciudadanos, pero sobresale la presencia de varios cargos socialistas de relevancia en el pasado que coinciden en denuncian unos pactos de investidura y una ley de amnistía "que suponen una fractura de principios básicos del Estado de Derecho".
Así, figuran los exministros José Luis Corcuera o Javier Sáenz de Cosculluela (ambos con Felipe González) o el que fuera presidente del Senado Javier Rojo. A la lista se le incluyen exdirigentes y altos cargos internos como Alejandro Cercas, Elena Flores, José María Mohedano, José Rodríguez de la Borbolla o Francisco Vázquez. También aparece Rosa Díez, posterior fundadora y diputada de UPyD.
Entre las filas del PP figuran antiguos ministros como Miguel Arias Cañete, Juan Carlos Aparicio, Rafael Arias Salgado, Rafael Catalá, Isabel García-Tejerina, José María Michavila, Isabel Tocino, José Ignacio Wert o Elvira Rodríguez, así como de la extinta UCD, como Marcelino Oreja, Soledad Becerril o Rodolfo Martín Villa.
No sólo hay ministros. También suscriben el texto dos expresidentes del Congreso, Federico Trillo y Jesús Posada, ambos del PP, y dos expresidentes del Senado, el mencionado socialista Javier Rojo y la 'popular' Esperanza Aguirre, que antes fue ministra y luego presidenta de la Comunidad de Madrid.
Todos ellos lamentan que la democracia constitucional "se encuentra ante serios desafíos y peligros" y exhortan a una "firme y serena defensa" de la Constitución, del Estado de derecho, de la división de poderes o de la independencia judicial, que ven "en riesgo".
"En esta grave hora que vive nuestra nación, el juramento o promesa de lealtad a la Constitución que hicimos nos impele, sintiéndolo como deber moral, manifestar nuestra honda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía, que suponen una fractura de principios básicos del Estado de Derecho que los españoles establecimos en la Constitución como pilares de nuestra convivencia", cita un documento recogido por Europa Press.
A juicio de los firmantes ha tenido lugar una "flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley", dada la pretensión de conceder "la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma".
En línea con los pronunciamientos del estamento judicial, el colectivo político denuncia "la quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial, mediante el espurio concepto de lawfare, con la pretensión de que el Parlamento investigue la actuación de los jueces y los tenga bajo sospecha".
Además, se quejan del "grave menoscabo de la posición y funciones de las Cortes Generales" al establecer que los acuerdos "responderán a las demandas mayoritarias" de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y el País Vasco, lo que supone, a su juicio, "una mutación constitucional de hondo calado".
la Constitución que hicimos nos impele, sintiéndolo como deber moral, manifestar nuestra honda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía, que suponen una fractura de principios básicos del Estado de Derecho
Los firmantes advierten también del establecimiento de "privilegios de índole económica y financiera", de la "seria amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social" y de "la aceptación de un 'relato' sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos 15 años que, "además de falso, invierte los papeles para vilipendiar a los servidores de la ley y de la Constitución y premiar a los transgresores".
Según subrayan, la democracia constitucional "se encuentra ante serios desafíos y peligros" y sólo con "plena lealtad al imperio de la ley y preservando el acuerdo y el entendimiento que, a partir del 'espíritu de la Transición', han marcado el camino de los últimos 45 años", podrán superar "esta situación incierta".
"Exhortamos a una firme y serena defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley, de la división de poderes, de la independencia judicial, de la solidaridad entre los españoles y las Comunidades Autónomas y de la dignidad de las Cortes Generales, que hoy se encuentran en riesgo", concluye el texto.
