España se estanca en la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción en el sector público permaneció en 2023 estancada a nivel global por duodécimo año consecutivo, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado este martes por Transparencia Internacional (TI) y que registra avances "mínimos o nulos" en este ámbito.

Desde 2011, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos sobre 100, mientras que más de dos tercios de los 180 países analizados obtuvieron en 2023 una puntuación inferior a 50.

Solo 28 Estados mejoraron el año pasado en la percepción de sus niveles de corrupción y 34 empeoraron de forma "significativa", según el informe elaborado por la ONG con sede en Berlín.

La organización señaló la correlación entre el estancamiento del IPC y el declive mundial en el funcionamiento de los sistemas de justicia que reflejan otros índices y que atribuyó al aumento del autoritarismo y, en contextos democráticos, al debilitamiento de los mecanismos de control al Ejecutivo.

"La corrupción seguirá ganando terreno hasta que los sistemas de justicia puedan castigar los actos indebidos e imponer controles a los gobiernos", afirmó el presidente de TI, François Valérian.

"Cuando la justicia es algo que se puede comprar o interferir políticamente, quienes sufren son las personas", agregó, e instó a los líderes políticos a garantizar la independencia de las instituciones anticorrupción.

El caso español

En el caso de nuestro país, según informan en su web, en un índice donde 0 es “altamente corrupto” y 100 “muy transparente”, estamos en el 60, ocupando el puesto 36 sobre esas 180 naciones analizadas. Aunque la nota es la misma del año pasado, se cae un puesto respecto a la última clasificación. En 2012, el primer año del que da referencias el estudio, estábamos en un 65, por lo que las cosas no han ido a mejor. 

Ahora detecta un estancamiento, tras dos años perdiendo posiciones entre los países mejor valorados. Queda rezagado respecto a Lituania y Portugal, los dos Estados miembros de la UE más próximos en la lista, y se queda solo una posición por encima de Botsuana.

"En España persisten problemas de larga data sobre el estado de derecho y se considera que la independencia judicial es insuficiente. En el centro está la urgente necesidad de reformar el sistema de cuotas partidarias para los nombramientos judiciales, que ha llevado a un estancamiento de cinco años en los nombramientos para el Consejo General del Poder Judicial", destaca el informe. Transparencia Internacional denuncia que para revertir la tendencia descendiente general descrita desde 2020 un país “requiere esfuerzos sustanciales” en la mejora de sus instituciones, sus leyes y su jurisdicción. 

Problemas con el nombramiento de jueces y la calidad general del sistema de justicia tienen también países como Suecia (82), Irlanda (77) y Lituania (61).

Jueces aparte, el informe también aboga, para reducir la corrupción en el sector público, por que se reforme la Ley de Transparencia, se elimine el programa de golden visa o visados dorados -que concede la residencia en España a grandes inversores de fuera de la UE, puesta en marcha en 2013 dentro de la Ley de Emprendedores y cuando la peor crisis económica en décadas lastraba las cifras de empleo y crecimiento-, del que el año pasado la ONG ya lamentó que no hubiera un registro central de sus titulares.

Para que España vuelva a escalar puestos tras tantos años de bajadas, debe mejorar la transparencia parlamentaria, crear una autoridad independiente de protección de whistleblowers, los informantes que filtran datos que revelen ilegalidades, una figura que está protegida por la UE y que el país incorporó, con añadidos, a su normativa nacional el pasado febrero. También entiende y recuerda que España carece de “impulso” para regular un registro obligatorio de los grupos de interés, una medida que ya mencionó en su informe para 2022.

En general, Europa occidental se mantuvo como la región global con el mejor promedio (65), pero TI advierte de que sus robustas medidas anticorrupción se están viendo socavadas por "el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos del Estado de derecho".

Así, en países como Polonia (54) y Hungría (42), el Estado europeo con la puntuación más baja, ciertas debilidades de los sistemas judiciales obstaculizan el acceso a la justicia e impiden al poder judicial ser efectivo en la limitación de los poderes del Ejecutivo.

Generalizado

Como país con la menor percepción de corrupción repite Dinamarca (90), seguida de Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85), mientras que en el extremo opuesto se sitúan Somalia (11), Venezuela, Siria y Sudán del Sur (todos ellos 13 puntos).

Los mayores movimientos descendentes, a lo largo de los últimos nueve años, los registraron Turquía (-11), Guatemala (-9), Gabón (-7) y Suecia (-7), nación esta última que sigue no obstante encontrándose entre los diez países con mejores valoraciones.

Por el contrario, desde 2014 Uzbekistán ha escalado 15 puntos, mientras que Ucrania y Tanzania han mejorado en 10 y Costa de Marfil en 8.

"Estamos viendo un deterioro generalizado, un estancamiento generalizado en la lucha contra la corrupción a nivel global y regional. En gran medida esto se debe a un deterioro en la democracia en el mundo", comentó a EFE Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de TI.

Uno de los factores ha sido la pandemia, ya que la emergencia sanitaria ha permitido a muchos gobiernos concentrar poderes, a la par que se han reducido los niveles de transparencia, lo que ha supuesto un "bajón" que no se ha logrado recuperar hasta ahora, según la investigadora.

A ello se suman fenómenos como las restricciones al espacio cívico a través de limitaciones al acceso a la información, la libertad de prensa y de opinión, que son "fundamentales" para la lucha contra la corrupción, enfatizó.