España, ante una encrucijada histórica el 23J

España se levantará en unas horas ante una de sus mayores encrucijadas históricas: mantener el primer gobierno de coalición de la historia o abrirle la puerta del poder, por primera vez desde la dictadura, a la extrema derecha. 

Son las dos opciones que otorga el escenario electoral de este 23 de julio, día de las elecciones generales más trascendentales de los últimos 40 años. La tercera, un gobierno en solitario del PP apoyado por Vox desde fuera del Gobierno e incluso un eventual apoyo del PSOE, parece una quimera. 

El país examina en las urnas al primer Ejecutivo de coalición que ha conocido la democracia española, aquel que nació tras la doble cita con las elecciones del 2019, que culminó con el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos días después de los comicios celebrados en diciembre, los segundos de aquel año. 

Ese Gobierno, que se terminó de fraguar con un abrazo entre Pedro Sánchez y su futuro vicepresidente, Pablo Iglesias, nació enfrentándose a una situación inédita: la pandemia de Covid 19 que obligó a confinar a la población en todo el mundo apenas tres meses después de arrancar la legislatura.

Pese a que al principio pareció que la oposición, liderada por Pablo Casado, iba a estar hombro con hombro con el Ejecutivo, pronto el PP comenzó a despegarse de la acción del Gobierno frente a la pandemia. Una figura surgió como ariete de la derecha contra el Ejecutivo central: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien comenzó a marcar el paso a su partido desde la Puerta del Sol. 

Al Gobierno le costó encontrar apoyos para ir sacando adelante los decretos de prórroga del estado de alarma, que Casado tildaba de "dictadura constitucional". Ante un PP muy duro, en el Gobierno algunos de sus ministros destacaban. Especialmente dos, Yolanda Díaz, titular de Trabajo, y sobre todo Salvador Illa, ministro de Sanidad. Pese a lo complicado de la tarea que tenía por delante con la pandemia, su papel fue muy respaldado por la ciudadanía. Hasta el punto de que el PSOE decidió tirar de él para las elecciones catalanas que se celebraron en febrero de 2021, ya con la vacunación en marcha. Illa ganó, pero no sumó para gobernar y ERC se hizo con la Generalitat. 

Lo que nadie sospechaba es el terremoto político que se avecinaba. En marzo, PSOE y Ciudadanos negociaron una moción de censura en Murcia contra el presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, del PP. Un movimiento político que fracasó después de que tres de los diputados del partido naranja aceptasen no apoyar la moción a cambio de cargos en el Ejecutivo regional. 

La moción fue todo un seísmo político en España, ya que fue la ocasión que vio Ayuso para romper con Ciudadanos, con quien gobernaba en Madrid, y convocar elecciones para el mes de mayo. Su jugada también resonó en Moncloa, ya que Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, dimitió para presentarse como candidato de Podemos y enfrentarse a Ayuso. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se convierte en vicepresidenta segunda. Ya era un valor en alza y desde ahora lo será más.

La dirigente madrileña arrasó e Iglesias consiguió salvar los muebles de Podemos, pero terminó dimitiendo de sus cargos en el partido y dejando la primera línea política. Ione Belarra, que le había sustituido en el Ministerio de Asuntos Sociales, toma el mando de la formación morada.

Aun quedaba un episodio más tras aquella movida primavera. Pedro Sánchez decidió en julio renovar su Consejo de Ministros y prescindir, entre otros, de Carmen Calvo como vicepresidenta primera y de Iván Redondo como su jefe de Gabinete. 

Sánchez se preparaba así para afrontar la segunda parte de la legislatura, sin ser consciente de lo que se le avecinaba. Porque, a la pandemia, se sumó en septiembre de ese año la erupción del volcán de La Palma, que obligó a desalojar a miles de personas de sus casas y que dejó un balance de casi 900 millones en pérdidas y una persona fallecida. 

Tampoco sabía Sánchez lo que se cocía en casa de su gran rival, el PP. Una crisis interna sin precedentes se venía cociendo desde la primavera y terminó siendo pública en septiembre. El enfrentamiento entre Ayuso y Casado, otrora amigos, dividió al partido y terminó estallando en febrero del 2022, con acusaciones gravísimas de espionaje y corrupción entre los distintos bandos. Aquella batalla la perdió Casado, que se quedó sin prácticamente apoyos en su formación. 

Cuando en Moncloa se frotaban las manos al ver la sangre correr en Génova, a miles de kilómetros de allí, Rusia invadía Ucrania y comenzaba una guerra que provocaba una enorme crisis económica en todo el mundo, con la inflación disparándose en todos los países. 

Mientras el Gobierno se afanaba en hacer frente a este nuevo contratiempo, el PP buscaba rearmarse. Al rechazar Ayuso dar el paso de liderar el partido, las miradas se giraron hacia el noroeste, donde Alberto Núñez Feijóo esperaba su oportunidad. El gallego fue aclamado por los suyos y tomó las riendas del partido. Lo hizo, además, con las encuestas a favor y se acuñó el 'efecto Feijóo', que fue perdiendo fuelle con los meses. Sus enfrentamientos con Sánchez en el Senado dejan que desear y comete fallos en materia económica. 

Por suerte para él y su partido, en las elecciones Andaluzas que se celebran en junio, Juanma Moreno da la sorpresa y logra la mayoría absoluta. Es el modelo en el que Feijóo se quiere mirar: un gobierno que no necesite a la extrema derecha. 

Pese a la llegada de Feijóo y su talante moderado, el enfrentamiento de los populares con el Gobierno de Sánchez no bajó de intensidad. A punto estuvieron de acordar la renovación del Poder Judicial, caducado desde 2019, pero la reforma de la sedición que preparaba el Ejecutivo fue la excusa perfecta para no hacerlo. 

Esa reforma del Código Penal, que el Ejecutivo planteó de forma exprés junto con la del delito de malversación y con la renovación del Constitucional, provocó uno de los conflictos institucionales más graves en democracia cuando el PP recurrió al propio Constitucional la votación de esta reforma. Algo que el Alto Tribunal hizo cuando la reforma estaba pendiente de votarse en el Senado, provocando un choque inédito entre el legislativo y el judicial.  

Finalmente, el Gobierno elaboró otra proposición de ley urgente con la que, ya sí, sacó adelante la reforma de la sedición y la malversación. Un movimiento este, sumado a la polémica ley del 'sólo sí es sí' y las rebajas de penas y excarcelaciones que provocó, que desgastaron mucho al Ejecutivo. Esta ley generó incluso un grave choque interno después de que el PSOE presentase, por su cuenta, una reforma de la norma tras no alcanzar un acuerdo en el seno de la coalición. 

Polémicas que han opacado los éxitos, que los ha habido, del Gobierno. Como la reforma laboral, aprobada por los pelos a finales de 2021 merced a un error de un diputado del PP, que ha permitido reducir a mínimos la temporalidad y alcanzar niveles récord de ocupación. O los buenos datos económicos, con la rebaja de la inflación —España es de los países de la UE con la inflación más baja—, el crecimiento del PIB e incluso la rebaja de la deuda pública, pese a ser alta. 

Todo eso no ha llegado y el Ejecutivo no ha sabido combatirlo públicamente. Por eso, tras el varapalo que supuso para la izquierda las elecciones municipales y autonómicas, en las que el PP arrebató al PSOE un gran poder autonómico y municipal merced a sus acuerdos con la extrema derecha. 

El descalabro fue de tal calibre que Sánchez se vio forzado a convocar elecciones generales sin esperar al final de la legislatura, previsto para finales de noviembre. 

En unas horas, los españoles decidirán si mantienen el Gobierno de coalición progresista o permiten, por primera vez desde la dictadura, la entrada de la extrema derecha al Ejecutivo de la nación. Son horas frenéticas para el futuro de un país ante la encrucijada.