ERC plantea la amnistía como una condición indispensable para apoyar a Sánchez: "Es una línea roja"

Tras el acuerdo alcanzado este jueves para conformar una mayoría progresista en la Mesa del Congreso, ERC y Junts han advertido a PSOE y Sumar de que las concesiones hechas hasta ahora (uso del catalán en las instituciones europeas o las comisiones de investigación sobre Pegasus y el 17-A) no son vinculantes para dar su apoyo a una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Las fuerzas independentistas quieren más y van a subir el precio de sus votos.

La ley de amnistía para aquellos dirigentes y activistas independentistas que todavía deben enfrentarse a "responsabilidades penales" en forma de condena es la patata caliente de la negociación. En la rueda de prensa de este jueves en el Congreso, Rufián ya dejó entrever que este asunto estaría sobre la mesa a la hora de hablar de la investidura. "Por nosotros amnistía, pero aquí hay otros actores, hay quien le parece insuficiente", explicó.

Este viernes, la diputada y portavoz de las negociaciones de ERC, Teresa Jordá, ha sido más clara al asumir que dicha amnistía es una condición indispensable para apoyar a Sánchez en su investidura. “Es una de las líneas rojas” de las negociaciones, ha dicho la dirigente en Rac1, junto el planteamiento de un referéndum en Cataluña a través de la mesa del diálogo y el traspaso de Rodalies.

Para los republicanos, la amnistía debe ser para "todos los represaliados respecto a la causa general contra el independentismo” y ha dejado claro que no habrá apoyo sin esta máxima. 

De momento, ERC anunció este jueves un acuerdo con el Gobierno para lo que denominan “desjudicialización” del conflicto. Oriol Junqueras fue más allá y explicó que desjudicialización significa una Ley de Amnistía, aunque Patxi López negó cualquier promesa al respecto. "Desjudiciarlizar significa que sea la política la que resuelva los problemas políticos y no se derive todo a la justicia", dijo el portavoz socialista en el Congreso.

El gobierno ya modificó en la pasada legislatura el Código Penal para derogar el delito de sedición y sustituirlo por el delito de “desórdenes públicos agravados” con menos pena, y creó dos nuevos tipos de malversación atenuada con inferior castigo. Pero ambas medidas no libran a los imputados y procesados por el procés de sus causas judiciales.

Esta supuesta ley de amnistía, de controvertido encaje dado que algunos juristas dudan de su viabilidad constitucional, beneficiaría a dirigentes como Carles Puigdemont, Toni Comín o Lluís Puigcargos, así como empresarios, técnicos y ex responsables de la Generalitat que ayudaron para celebrar el referéndum, a 12 CDR procesados por terrorismo por la Audiencia Nacional y una veintena de acusados de estar detrás del Tsunami Democràtic.