El novio de Ayuso declara hoy en el juzgado con la idea de reconocer sus delitos y evitar la cárcel
Alberto González Amador defraudó 350.000 euros a Hacienda tras cobrar dos millones de euros por comisiones durante la pandemia.
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Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá hoy en los juzgados de Plaza de Castilla, investigado por dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.
Este proceso judicial se produce tras una denuncia de la Fiscalía, basada en un informe de la Agencia Tributaria, que detectó irregularidades en el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021 que superaban los 350.000 euros defraudados al fisco. Alberto González Amador se llevó dos millones de euros en comisiones durante la pandemia.
El abogado de González Amador admitía íntegramente la comisión de los delitos fiscales durante los años más críticos de la pandemia. En un correo electrónico enviado el 2 de febrero, reconoció que su cliente había cometido estos delitos, abriendo así la posibilidad de un pacto con la Fiscalía para evitar su ingreso en prisión. De llegar a un acuerdo este lunes, sería la segunda vez que González Amador confiesa haber engañado a la Agencia Tributaria.
Es la segunda ocasión en que González Amador acude a los juzgados, después de que su primera comparecencia el 20 de mayo se suspendiera por un error informático. En aquella ocasión, intentó evitar a los periodistas escondiéndose en las instalaciones y usando una peluca y con un aspecto notablemente cambiado.
Paralelamente, González Amador se presenta como víctima en otra causa, esta vez contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un presunto delito de revelación de secretos. Esta querella se relaciona con la difusión de correos entre su abogado y el fiscal del caso cuando la Fiscalía trataba de defenderse de un bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, que filtró información a prensa para defender al novio de Ayuso.
La jueza que lleva el caso ha explicado que las conductas de González Amador presuntamente han llevado a la Hacienda Pública a dejar de ingresar 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021. Estas acciones están tipificadas como delitos en el artículo 305.1 del Código Penal, en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil según los artículos 392.1 y 390 del mismo código.
El origen de la investigación se encuentra en un informe de la Agencia Tributaria que señalaba gastos ficticios basados en facturas de diversas sociedades, utilizadas para reducir la cantidad a pagar por el Impuesto de Sociedades. Este informe, recibido por la Fiscalía el 22 de enero, incluía datos e indicios sobre posibles delitos fiscales cometidos por la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, gestionada por González Amador.
La Fiscalía inició las diligencias de investigación el 23 de enero, lo que derivó en la denuncia presentada en los juzgados de instrucción de Madrid. Según el fiscal, González Amador era el administrador único de la sociedad durante el periodo investigado, y se detectaron gastos ficticios que no correspondían a servicios prestados, con el objetivo de reducir la cuota tributaria.
La comparecencia de hoy será clave para determinar el futuro judicial de Alberto González Amador y las posibles consecuencias para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.