El Gobierno, lejos de una solución para la regulación de los alquileres de temporada
Mientras los alquileres de temporada siguen creciendo, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos critican que el Ministerio de Vivienda dé más importancia a la patronal inmobiliaria que a quienes ven la vivienda "como un derecho".
“El Gobierno y la ministra de Vivienda están dejando clara su comprensión de la vivienda como un bien especulativo”. Así lamentan tanto el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid como el Sindicat de Llogaretes el rechazo por parte del Gobierno a su propuesta para “proteger a los inquilinos frente a los alquileres de temporada”.
Este jueves, el Ministerio de Vivienda ha convocado la segunda reunión del Grupo de Trabajo constituido para mejorar la regulación de los conocidos como alquileres de temporada. Según un reciente estudio de Idealista, esta modalidad ha crecido en España un 56% “en detrimento de los alquileres permanentes” o habituales.
La razón de fondo que explica este incremento es el hecho de que los alquileres de temporada no están sujetos a la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), algo que, para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, está promoviendo un “fraude de ley masivo”. La LAU, explican desde el Sindicato, “obliga al arrendador a realizar contratos de 5 o 7 años durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación”. Los contratos de temporada, sin embargo, “permiten expulsar al inquilino antes y subir el precio año en año”.
La entrada en vigor de la regulación de alquileres, además, ha incentivado este tipo de contratos. Hecha la ley, hecha la trampa. “Los arrendadores pueden escoger entre contratos largos a precio regulado o contratos cortos sin ningún tope de precios, sin que ello tenga repercusión”, denuncian. ¿Qué provoca esto? Además del constante incremento de los precios de la vivienda, desde el Sindicato hablan de “inestabilidad residencial, incertidumbre, desprotección y angustia”.
Con el Grupo de Trabajo creado por el Ministerio y obligado por la Ley de Vivienda, el Gobierno quiere establecer “mecanismos para no eludir el cumplimiento de la LAU e intentar salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son, como los de estudiantes o los trabajadores temporales”. En una nota emitida tras el encuentro de esta mañana, Vivienda ha señalado el estudio de “diferentes propuestas enviadas por los miembros del grupo, muchas de ellas coincidentes con las del Ministerio”, aunque no se han aclarado cuáles son.
El portavoz del Sindicato de Inquilinos Víctor Palomo asistió este jueves a la reunión. Su propuesta pasa por fijar un máximo de seis meses, prorrogables a otros seis, para los alquileres de temporada, siempre y cuando se defina bien el porqué de la temporalidad, y el establecimiento de un régimen sancionador para quien lo incumpla. La sugerencia, no obstante, no gusta en el Gobierno. En conversación con El HuffPost, Palomo confirma que el Ministerio se excusa en que “no es de consenso”.
“¿Cómo vamos a llegar a un consenso si a un lado está quien entiende la vivienda como un negocio y un beneficio y al otro quienes creemos que es un derecho?”, se pregunta Palomo, quien lamenta la “descompensación del grupo de trabajo en favor de la patronal, que triplica en número al resto de agentes sociales” que forman el grupo.
Palomo denuncia que el Ministerio “no parece tener un interés real en solucionar el problema”. “Nos convocaron el 22 de diciembre al primer encuentro solo para la constitución del Grupo de Trabajo, nos dijeron que en un mes volveríamos a sentarnos y han tardado cuatro meses en convocarnos, y la única documentación que teníamos para la reunión, fijada a las 10.00 horas, nos la enviaron anoche”, señala. “Da la sensación - prosigue – de que están muy perdidos en el tema, porque constantemente se refieren a los propietarios particulares y no a las empresas, que son quienes más usan estas modalidades a través, por ejemplo, del coliving”.
El Ministerio convocará un nuevo encuentro del Grupo de Trabajo para dentro de dos semanas, en principio, donde presentarán unas conclusiones que luego deberían debatirse en el Congreso.
Diferencias en el Gobierno de coalición
La solución al incremento constante del precio de la vivienda y el alquiler es una de las cuestiones que más diferencias genera en el seno del Gobierno de coalición, unas distancias que se han ampliado tras unas declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien aseguró hace unos días que “hay negocio” al llamar a la participación de los “promotores privados en el alquiler asequible”. En Sumar, socios del PSOE en el Gobierno, tampoco están de acuerdo con la decisión del Gobierno de modificar la normativa para agilizar la construcción de viviendas.
Mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lanzaba la idea de que “hay que aumentar la oferta”, la portavoz de Sumar Aina Vidal declaraba a El HuffPost que, “con tanta vivienda vacía, es extraño lanzar la idea de un nuevo bum inmobiliario y más aún sin reservar ningún porcentaje para la vivienda social”.
