El Gobierno acusa a Moreno Bonilla de renunciar a 112 millones para crear 2.900 nuevas plazas de educación infantil

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministro transferir a las Comunidades Autónomas 32 millones de euros para crear 2.900 nuevas plazas de educación infantil, públicas y gratuitas, coincidiendo con la semana de arranque del curso escolar. 

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dado a conocer esta decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión puntualizando que esta distribución se lleva a cabo porque el gobierno de la Junta de Andalucía "ha rechazado expresamente a la financiación de 112 millones de euros que hubieran permitido que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita para que sus hijos fueran escolarizados". Alegría, incluso, ha exhibido el documento en el que el gobierno autonómico de Moreno Bonilla habría comunicado su decisión.

"Me gustaría expresar esta situación a muchas familiares andaluzas que no han podido escolarizar a sus hijos en este curso en un colegio público. Cuando ponemos en marcha esas plazas, posibilitamos que esas familias hubieran también podido compaginar su vida laboral y personal. Pero ha sido la Junta quien, a través de una carta, nos solicita su rechazo y devuelve los fondos", ha dicho Alegría.

La ministra también ha asegurado que el resto del dinero rechazado por la Junta será utilizado para una nueva redistribución con el objetivo de que el resto de gobiernos autonómicos puedan habilitar esas plazas en sus respectivas regiones.

Los primeros 32 millones, según ha explicado el Ministerio de Educación en un comunicado, irán destinados a Aragón, Asturias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra.

Andalucía lamenta la falta de diálogo del Gobierno

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha respondido a Alegría diciendo que al Gobierno andaluz le habría gustado "más diálogo" por parte del Ejecutivo central y que hubiese "peleado" ante la Unión Europea el modelo andaluz público-privado y no tener que renunciar a los 112 millones de euros para educación infantil.

La consejera ha indicado que el Gobierno andaluz no tiene nada en contra de que el Ejecutivo de España "dialogue" con otras comunidades autónomas como el País Vasco sobre este asunto, sino que la "queja" radica en que con Andalucía "no ha querido acuerdos, por muchas opciones que le hemos dado".

"No me preocupa tanto cómo lo haya hecho con el resto de comunidades pero está clarísimo que si hubiésemos llegado a acuerdos se habría garantizado la gratuidad y habríamos garantizado la estabilidad de un modelo que aplicamos", ha subrayado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Ha recordado que el Gobierno de España se comprometió a acudir a Bruselas para explicar en la UE "el modelo público privado" de Andalucía y "aún estamos esperando".

Según Castillo, en 2020 hubo comunidades que se acogieron a estos fondos porque no tenían oferta ni público ni privada pero en el caso de Andalucía había un sistema en el que no hacían falta más plazas públicas y se pidió al Gobierno que los fondos se dedicaran a apostar por ampliar la gratuidad.

La consejera ha lamentado que se considere que la Junta no ha hecho un "gran esfuerzo" en materia educativa cuando desde el Gobierno central se informó de estos fondos y se transmitió: "ustedes se apañan con su financiación" cuando el objetivo es "avanzar en la gratuidad de la enseñanza y no en el número de plazas".

Preguntado por si habrá gratuidad en la etapa de 0 a 3 años en el cuso 2025/26, la consejera ha dicho que es una oferta que sigue siendo el objetivo del Gobierno andaluz pero que lo primero que se debe hacer es identificar el modelo de gratuidad que se quiere poner en marcha en Andalucía, algo que va a "trabajar" con el sector.