El Banco de España acentúa la presión al Gobierno por los problemas de la vivienda

Esta será la legislatura de la vivienda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha parado de repetirlo desde hace unas semanas. “Me quiero centrar en la vivienda”, dijo en un reciente acto de campaña, “que sé que es uno de los principales problemas no solo de la gente joven, especialmente la gente joven, pero singularmente de las familias jóvenes con hijos a cargo”. “A todas ellos, a todos ellas les quiero decir que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda, que vamos a hacer que lo que representa hoy un sueño irrealizable para muchísimos millones de españoles y españolas sea una realidad palpable”, señaló.

Más allá de la legislatura, la vivienda es uno de los principales problemas de la coyuntura actual. Lo era, lo sigue siendo y, si bien desde el Gobierno alertan acerca de esta cuestión, no parecen estar cerca de una solución que satisfaga ni siquiera a los socios del Ejecutivo. Mientras desde el Ministerio de Vivienda se aseguraba que había “negocio” en el alquiler asequible, fuentes de Sumar en el Gobierno no ven que exista “un compromiso político de primer nivel”. “Ya se ve con lo que está pasando con la ley de Vivienda”, advierten.

Este martes, el Banco de España ha puesto, si cabe, más fuego a una mecha ya muy consumida. Según su último informe anual, los problemas para acceder a una vivienda no han dejado de aumentar en los últimos años, hasta el punto de que casi la mitad de los hogares españoles en régimen de alquiler están en “riesgo de pobreza o exclusión social”. Ningún otro país de la Unión Europea alcanza esa cifra. El 45% de los inquilinos dedica tal cantidad de su salario al pago de la cuota mensual que roza el umbral de la pobreza.

El organismo supervisor advierte de que los jóvenes no pueden conseguir una hipoteca y, quienes lo consiguen, tienen muchos problemas para hacer frente a la cuota que exige el banco. Al no poder acudir a la compraventa, escogen el alquiler, pero con unos precios tan abusivos que les sitúa en riesgo de exclusión, les impide ahorrar como podían hacerlo sus generaciones predecesoras, evita que se formen y hasta les niega el derecho a ser padres o madres. Los precios de la vivienda impiden, en definitiva, un desarrollo vital digno.

Y todo ello solo si se logran independizar. Porque según el Banco de España, las generaciones nacidas a partir de 1980 “muestran un progresivo retraso en su edad de emancipación”. “De las grandes economías europeas, España presenta el mayor aumento en la proporción de jóvenes entre los 18 y los 34 años que residen en el hogar familiar entre 2008 y 2022”. Mientras solo un 12,5% de las personas en esa franja de edad residía en vivienda de alquiler en España en 2022, en Alemania lo hacía el 52,5% o en Francia, el 35,5%. El promedio de la Unión Europea es del 20%.

La principal causa de desigualdad

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos se alegran “de que el Banco de España ponga cifras sobre lo que llevamos advirtiendo desde el inicio”. “La vivienda es la cuestión que mayor grado de desigualdad está generando”, denuncia a El HuffPost uno de sus portavoces, Víctor Palomo. “Vivir en alquiler es el elemento que, ahora mismo, genera más pobreza”, advierte para pedir al Gobierno que “deje de utilizar el fantasma de los caseros particulares que necesitan el dinero”. “Seguir enfocando esto como un bien de mercado es caer en un tremendo error, el Gobierno tiene que tomárselo en serio”, dice.

Para justificar sus demandas, Palomo hace referencia a un informe publicado hace unos días por el Grupo Estudios Críticos Urbanos y en el que participó uno de los miembros del Sindicato, Javier Gil. Utilizando datos de la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España, el estudio muestra “que los hogares de caseros son la población de más ingresos del país”. Es más, si los caseros “dejaran de percibir ingresos de los alquileres, su renta seguiría siendo más del doble que la renta de los inquilinos”. Para Gil, según apuntaba en la red social X, “los datos evidencian la necesidad de políticas que reduzcan los precios de los alquileres y los ajusten a los ingresos de los inquilinos. De lo contrario, el mercado del alquiler cada vez impulsará una mayor desigualdad social, con efectos sociales nefastos”.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos es claro: “Hay que tomar medidas en serio para proteger a la parte más débil de la ecuación, que es el inquilino”, concluye su portavoz.

Si bien puede haber diferencias respecto al qué o al cómo hacerlo, en su último informe, el Banco de España recomienda la intervención estatal en el mercado de la vivienda. “Esta situación [los problemas de acceso a la vivienda] genera distintas implicaciones socioeconómicas adversas que justifican la intervención pública en el mercado de la vivienda”, aconseja el organismo. Los elevados precios de la vivienda, tanto de compraventa como de alquiler, son malos para la economía del país.

Por todo ello, el Banco de España estima que el Estado debe aplicar soluciones a largo plazo y con la participación de las distintas Administraciones Públicas con “responsabilidades en materia de vivienda”, a quienes sugiere poner “un foco especial en el estímulo de la oferta de vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler y el alquiler social”. Las medidas que tendrían, para el banco central, “un mayor impacto positivo sobre la accesibilidad a la vivienda en propiedad y alquiler son las que actúan sobre la oferta de vivienda y los determinantes de la renta de los hogares”.

Por otro lado, el Banco de España desconfía de “las actuaciones sobre los precios finales a través de reducciones impositivas sobre las transacciones, sin actuaciones sobre la oferta”, ya que “tienen un coste recaudatorio muy elevado y pueden agravar los problemas de accesibilidad a la vivienda entre los hogares con menos renta”. Tampoco ve con buenos ojos “la introducción de avales públicos para la compra de vivienda”, por su “impacto limitado” debido a que buena parte de los hogares arrendatarios sin ahorro acumulado tienen un nivel de renta bajo, lo que limita su capacidad de endeudamiento en niveles prudentes”.

Diferencias en el Gobierno

Es ahí, en las diferentes políticas que deben aplicarse donde hay discrepancias entre PSOE y Sumar en el Gobierno. Después de que Isabel Rodríguez dijese lo de “hay negocio” al llamar a la participación de las empresas en el mercado del alquiler, el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda se reunieron con representantes del sector inmobiliario y anunciaron una modificación de la normativa para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, una reivindicación de la patronal. Esto, sumado a los avales públicos para la compra de vivienda y al índice de los precios del alquiler, terminó por distanciar a los socios de Gobierno.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, coordinadora general de Sumar, ha solicitado al presidente del Gobierno la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos. Lo ha hecho en varias ocasiones y, por ahora, sin éxito. Díaz cree que todas las Comunidades Autonómicas, con competencia en materia de vivienda, deben ponerse de acuerdo en la búsqueda de soluciones, evitando así que, por ejemplo, unas apliquen la ley de Vivienda y otras no. En Sumar, consideran el tema de la vivienda como un asunto nuclear. Hace unos días, su portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, aseguraba que “el mercado de la vivienda es una máquina de producir desigualdad y no garantiza el derecho constitucional a la vivienda”. “Por eso hay que intervenirlo”, explicaba: “En esto nos va la legislatura”.

Esta misma mañana, Errejón ha señalado en rueda de prensa la importancia de “completar” y “reformar” la ley de Vivienda “porque tiene grandes agujeros que en su momento no se quisieron cerrar por los cuales se está colando la precariedad y el encarecimiento desmesurado del precio de la vivienda y los abusos”. “Hay que reformar el índice de precios de referencia para que refleje no solo los del alquiler normal sino también los de los alquileres turísticos, a los que hay que aplicar una moratoria de licencias”, ha apuntado para llamar también a la regulación del “alquiler habitacional y el alquiler de uso temporal”.

Su formación, Sumar, publicaba también un vídeo en el que decían no estar aquí “para ver cómo siguen hablando de la vivienda como si fuera un negocio”. “Solucionar el problema”, decían, “no es sencillo, pero hay que atreverse".

Desde Podemos, que negociaron con el PSOE la ley de Vivienda en la pasada legislatura, han anunciado esta mañana una enmienda a la totalidad de la nueva ley del Suelo del Gobierno. Lo ha hecho el diputado Javier Sánchez Serna: “Nos parece escandaloso que mientras este país vive una situación de emergencia habitacional, el Gobierno reforme la ley del Suelo no para reservar suelo público para construir vivienda pública sino todo lo contrario, para rebajar las garantías judiciales ante nuevos proyectos urbanísticos y volver de este modo a la cultura del pelotazo”. “Nos tememos – ha proseguido – que, como suele ser habitual cuando se trata de los intereses de determinados oligarcas españoles, PP y PSOE se pongan de acuerdo y vayan de la mano”. “Puede que estemos asistiendo al primero de los pactos bipartidistas de esta legislatura”, ha denunciado.

En declaraciones a El HuffPost hace unos días, desde el Ministerio de Vivienda restaban importancia a estas diferencias, asegurando que seguirían trabajando “unidos, porque así está escrito en el acuerdo de coalición”. Se mostraban convencidos, además, de que “la política de vivienda se va a convertir en el quinto pilar del Estado de Bienestar”.