Detenidos dos agentes del CNI, uno de ellos en prisión, por filtrar información secreta a EEUU
La ministra de Defensa ha informado públicamente de la causa judicial abierta.
Dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han sido detenidos en el marco de una investigación por el presunto delito de revelación de secretos a EEUU, adelantada por El Confidencial. Minutos después de conocerse el caso se ha sabido que uno de ellos ha sido llevado a prisión provisional, mientras que al segundo se le han impuesto medidas cautelares.
El País añade que al frente del caso, que lleva semanas en proceso, se encuentra una jueza de instrucción de Madrid, que ya ha abierto diligencias por la filtración de estas informaciones reservadas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado la causa judicial este lunes en su visita a la base Adazi de Letonia. Desde allí ha anunciado la apertura de esas pesquisas y ha indicado que la denuncia partió precisamente del CNI, si bien no ha ofrecido más detalles del caso por encontrarse bajo secreto.
"Crisis" diplomática con Washington
El Confidencial añade que las diligencias se instruyen "con la máxima reserva" y, citando fuentes próximas al caso, afirma que esta investigación "ha provocado una crisis con Washington, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que no trascienda".
Por ahora, ningún representante de la Administración Biden ni de la diplomacia estadounidense se ha manifestado al respecto.
Sí lo ha hecho el titular español de Justicia, Félix Bolaños. Desde Bruselas, tras celebrar una cumbre europea, ha reconocido que "es una información que teníamos desde hace días" y que "ahora procede que se desarrolle la investigación judicial". El ministro ha añadido que aportarán "toda la documentación e información que podamos para que se esclarezcan los hechos".
Aunque los funcionarios del CNI están siendo investigados por revelación de secretos, los hechos también podrían ser constitutivos de una versión agravada de ese delito, como es la traición por espionaje para una potencia extranjera, que puede castigarse con entre 6 y 12 años de prisión.
