Ayuso criticó el plan de vivienda del Gobierno, pero así va el suyo: de la promesa a la realidad

Una de las voces más críticas y en contra de la Ley Estatal de Vivienda del Gobierno, así como de políticas en materia de vivienda pública, en el Partido Popular la ha encarnado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente popular la ha llevado incluso al Tribunal Constitucional y ha llegado a afirmar, en referencia al apoyo de EH Bildu para la tramitación parlamentaria, que "el entorno político de ETA va a decidir cómo viviremos todos".

No obstante, Ayuso también tiene un plan autonómico en curso en este sentido. Y, a todas luces, ni ha cumplido con el objetivo inicial, ni tiene visos de hacerlo a corto plazo, según recoge El País. Su gran proyecto para dotar a la región madrileña de más oportunidades de vivienda para jóvenes y familias de bajos recursos ha visto cómo se reducía su alcance y volumen de inmuebles, primero, en cuestión de meses, y después, en los últimos años.

Se trata del Plan Vive, una de las medidas estrella y promesa electoral de Ayuso en 2019 cuando era candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, que por aquel entonces conformaba un compromiso para "la construcción de 25.000 viviendas para ofertarlas en alquiler a jóvenes y familias madrileñas, adaptando el arriendo a su nivel de renta y atendiendo, también, a si tienen hijos y cuántos hijos tienen", según ella misma describió en su cuenta de X -antes Twitter-.

Diez mil menos en unos meses

Según la citada información, meses después de aquella promesa electoral, se iniciaban los trámites para construir en 43 municipios madrileños 15.000 viviendas con el precio del alquiler limitado a un 40% de lo que se cobre en el mercado libre. Sin embargo, ya en la actualidad, el pasado martes, emergió una nueva cifra para la nueva legislatura.

El nuevo Consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo Domínguez, señaló que "vamos a ejecutar en esta nueva legislatura el Plan Vive, que es la construcción de 6.500 viviendas en diferentes municipios de nuestra región". Cabe destacar que al término de la primera legislatura de Ayuso no se había ejecutado ninguno de los 15.000 pisos prometidos.

Fuentes de la Consejería de Vivienda han indicado a El País que sí disponen de suelo para erigir 15.000 viviendas, pero hasta el momento solo se han licitado y contratado las 6.500: "El resto tiene unos plazos de ejecución más dilatados debido a la tramitación urbanística que esos suelos tienen pendiente en los ayuntamientos".

Con ese telón de fondo, el resultado con todos los pasos y gestiones dadas hasta el momento, deja la siguiente realidad. El compromiso de Ayuso llegará cuatro años tarde y lo hará también siendo cuatro veces menos del potencial prometido.

Ayuso sale al paso de las críticas y anuncia que doblará las ayudas al alquiler joven 

Ante las preguntas del Grupo de Más Madrid en la sesión de este jueves en la Asamblea, Ayuso ha anunciado que duplicará para 2024 el presupuesto destinado a las ayudas al alquiler para jóvenes, en el marco del Plan Estatal de Vivienda, donde actualmente el Gobierno regional aporta el 30% y el 70% viene del Ejecutivo central. También una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de 9 millones donde también va a haber destinadas partidas para los jóvenes.

Se articulará como una ayuda directa al alquiler. que supondrá una cuantía del 50% de la renta o precio mensual que deba desembolsar la persona beneficiaria por el alquiler o uso de su vivienda o habitación habitual y permanente. Si ésta ya es beneficiario del Bono Alquiler Joven, la cuantía de la ayuda será de hasta el 40% de la diferencia entre la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler o cesión de su vivienda o habitación habitual y permanente y la cuantía de 250 euros mensuales correspondientes al Bono Alquiler Joven.

Eso sí, la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesión regulada en el Programa de ayuda a las personas jóvenes, no podrá ser superior al 75% del importe de la renta o precio de la vivienda o habitación.

Podrán beneficiarse aquellas personas físicas mayores de edad hasta 35 años que sean titulares o están en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento cuya renta sea igual o inferior a 600 euros mensuales, con  la excepción de 29 municipios de la Comunidad, donde la horquilla puede ir hasta los 900 euros). También se pueden acoger unidades de convivencia cuyos arrendatarios tengan menos de 35 años en el momento de la solicitud, incluyendo la edad de 35 años. Los restantes miembros de la unidad deberán ser también menores 35 años.