14 horas de infarto: de la denuncia de Manos Limpias a la decisión de Sánchez

Este miércoles la actualidad política ha amanecido con informaciones que señalaban que un juzgado de Madrid había abierto diligencias por un delito de tráfico de influencias a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Una noticia, publicada por El Confidencial a las cinco de la mañana, que conforme avanzaba el día, ha acabado por reventar el curso político con una carta a la ciudadanía de Sánchez explicando que cancelaba su agenda hasta el lunes para "reflexionar" y que culminaría con una comparecencia en la que iba a anunciar si iba a continuar siendo presidente del Gobierno por el alto coste personal que le supone. 14 horas en las que la tensión ha ido en aumento y ha acabado por dinamitar la política española.

¿El origen? La denuncia, presentada por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias y que consta de siete recortes de prensa, entre ellos un bulo publicado por The Objective, y donde solo se va a tomar declaración a los periodistas que publicaron la información.

Sin embargo, las informaciones de Begoña Gómez comenzaron a publicarse a finales de febrero. Primero contratos con Globalia, desmentidos por la propia mujer de Sánchez y por la empresa. A partir de ahí, un reguero de noticias que incidían en que Begoña Gómez, siempre según esas informaciones, se valía de la posición de Sánchez para hacer negocios. El PP llegó a plantear la inhabilitación de Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses, que quedó archivada en horas. Tampoco se atrevían a presentar una denuncia y jugaban mediáticamente al respecto para dañar al PSOE y al presidente del Gobierno. 

“La mujer del presidente tendrá que dar cuentas de sus actividades empresariales y económicas que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente. Pero el problema es el conflicto de intereses de su marido”, indicaba Feijoo a principios de este mes de abril. No obstante, a pesar de que dejaba en el aire una sospecha de corrupción, su partido no movía un dedo en el ámbito judicial y utilizaban la causa, incluidos los bulos, para contraatacar a las informaciones que se iban conociendo sobre los dos delitos por presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, para poder entender la situación actual, hay que irse a 2018, cuando Sánchez llegó a Moncloa.

Tras la llegada a Moncloa, Begoña Gómez pidió una excedencia en su trabajo, dedicado a la captación de fondos para diferentes ONG. Un puesto que básicamente consiste en organizar eventos para poder recaudar dinero o recursos para el tercer sector, no para recabar dinero para empresas con fines ilegales como se ha llegado a afirmar desde diferentes lugares de la derecha política y mediática. Lo hacía en el Grupo Inmark.

No obstante, pese a tener la intención de abandonar el puesto por el cargo de su marido, pretendía seguir trabajando para tener una vida lo más normal posible. Así, ese verano fichó por la IE University donde dirigió un proyecto de innovación, el ya conocido África Center.

Allí, dirigió este departamento hasta junio de 2022 en un contrato, tal y como confirma el propio IE, que incluía cláusulas de incompatibilidad mutuas que salvaguardaran a la empresa y a la propia Begoña Gómez. Por ejemplo, se impedía que se contratara con empresas participadas directa o indirectamente por la Administración Pública, o bien enteramente públicas.

Durante este tiempo, hubo un contrato entre Wakalua y el África Center en 2020. Un filón donde el PP ha centrado sus ataques tras un artículo de El Confidencial. es. Esa información vincula la contratación con esta empresa con el rescate en 2020 a Air Europa.

Lo cierto es que Wakalua pertenece al Grupo Globañia, que también es propietaria de Air Europa. El "hub de innovación empresarial impulsado por la OMT", nació en enero de 2019 y en septiembre participó Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo. Allí, coincidió con Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de la compañía. 

En 2020, en enero, Wakalua y la IE firmaron un acuerdo de patrocinio para financiar dos becas del centro que dirigía Begoña Gómez. 40.000 euros divididos en 25.000 al patrocinio de los dos ganadores de la beca y 15.000 para la cobertura de vuelos y organizar diferentes eventos.

Sin embargo, solo tuvo un coste de 1.716 euros. Dos vuelos, en turista, para Gómez y la presidenta del África Center, Felicia Appeteng. Después, llegó la pandemia y rompió los acuerdos. 

En junio y julio de 2020, pasado lo peor de la pandemia, Gómez visitaba la sede de Globalia en dos ocasiones. Allí presentó un proyecto para revertir la despoblación en pueblos de Europa, incluida España.

Gómez pretendía en el proyecto que se compraran pueblos abandonados y crear hoteles que fomenten la repoblación. En esa reunión estaba Hidalgo y finalmente no se llevó a cabo.

Gómez, según la compañía en declaraciones a El País, acudió a la reunión en calidad de representante de las instituciones educativas en las que trabajaba, al estar vinculada a IE University.

En noviembre, y fruto de los efectos de la pandemia, el Gobierno rescató a varias empresas. Una de ellas fue Air Europa, que recibió un pago de 475 millones para salvar la compañía española y a sus 14.000 trabajadores.

Hace unas semanas, el PP criticaba que Sánchez no se hubiera apartado de la decisión por los vínculos de su mujer porque podría haber un posible conflicto de interés. Por ello, acudieron a denunciarlo ante la Oficina Pública de Conflicto de Intereses. No obstante, y en tan solo un fin de semana, la presidenta del organismo, propuesta por el PP, les respondió que Begoña Gómez “no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en estas entidades”. No había caso y el PP rechazó continuar su ofensiva por el cauce legal.

El rescate, al no haber turismo, afectó también a compañías como Plus Ultra, Air Nostrum o Volotea, con duras imposiciones para asegurar que se devolvía el dinero. De hecho, el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) aseguró que este rescate era proporcionado. 

Sin vía para tirar por Air Europa, el PP siguió buscando otra vía a raíz de las informaciones que publicaba la derecha mediática. Y ahí entra la también famosa cátedra.

Los populares presentaron una segunda denuncia en el mismo organismo porque consideraba que dos cartas re recomendación que firmó Begoña Gómez al ser codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid podría ser la solución. Una de ellas era para la empresa de Carlos Barrabés, un empresario tecnológico.

Quería becas para cursos para jóvenes y desempleados, que sumaban 8,4 millones. Provenía de dinero de Red.es, que dependía entonces del Ministerio de Economía y Transformación Digital. La primera de esas ayudas era de 4,8 millones y la segunda de 3,6 millones, de ahí que haya dos cartas. Por cierto, el propio Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, se sumó a estas cartas. En concreto, fue Belén García Díaz, que entonces era gerente de la Agencia para el Empleo del consistorio y ahora es la directora General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid bajo el Gobierno de Ayuso.

La relación de Begoña Gómez con la universidad madrileña no es nueva. Entró a trabajar en septiembre de 2014 y desde esa fecha dirige el Máster Propio de Fundraising (en castellano, captación de fondos). En 2019 se crea la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Cabe destacar que, pese al nombre, son iniciativas de investigación o líneas de trabajo que se subvencionan para hacerlas posible. 

Hay varias decenas de ellas activas en la universidad y funcionan con unos 30.000 euros. El 10% se los queda la universidad y son pagadas por patrocinadores que, por labor social, acostumbran a financiar estas investigaciones que luego venden de cara a la opinión pública. Un win-win. Ambas empresas, un banco y una aseguradora, tienen intención de renovar porque acaba el contrato este mes de octubre.

Después de crearse la cátedra, se crea el Máster Propio en Transformación Social Competitiva, codirigido por Gómez. Uno de los profesores de la cátedra y el máster es Carlos Barrabés, el empresario de las ayudas de Red.es que buscaba cartas de recomendación.

El PP ve en esta situación conflicto de intereses y tráfico de influencias porque dos de las treinta y un cartas están firmadas por Begoña Gómez. Todas las cartas eran iguales y se mostraba el aval al proceso al que se iba a destinar el dinero.

En abril de 2021 se adjudicaron las ayudas y jamás intervino el Gobierno. El Gobierno solo aprobó un año antes que se concedieran las becas en Consejo de Ministros. El PP sostiene que un año antes de que se iniciara el proceso, Sánchez se tendría que haber apartado de votar esta decisión ya que un año después un profesor del máster de su mujer iba a llevarse el concurso, dando a entender que estaba amañado. Una cuestión poco estética, pero que no responde a ningún delito. ¿Hasta ahora?

El PP jamás se ha atrevido a judicializar el proceso, quizá para no encontrarse con un archivo, que es en lo que coinciden todos los expertos, pero sí Manos Limpias. El pseudosindicato de ultraderecha, que se mete de lleno en procesos judiciales. 

El 9 de abril presentó la denuncia y el 16 de abril un juez, el mismo que llevó a dos concejales de Carmena a la justicia por unos tuits, abría diligencias de investigación contra Begoña Gómez. La Fiscalía se ha enterado por la prensa, y Begoña Gómez, también. En solo una semana el proceso estaba iniciado aunque suele tardar varios meses.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 adoptó esta decisión el pasado 16 de abril tras recibir la denuncia por reparto ordinario, según ha adelantado, de nuevo, el diario El Confidencia-

En el procedimiento, que se ha declarado secreto, el juez investiga una serie de noticias de prensa. Concretamente, ocho artículos de medios digitales como El Confidencial, VozPópuli, Esdiario o The Objective. Uno de los recortes, de este último medio, es el bulo de que el Gobierno "ocultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez". La realidad es que era una empresaria de Cantabria dedicada a la hostelería y que solo coincidía el nombre. No confirmaron la información y fue replicada por los servicios informativos de Telemadrid, entregados al PP de Madrid, que tuvieron que rectificar.

The Objective publicó poco después una "nota aclaratoria" en sus redes sociales para asegurar que "en ningún momento se ha atribuido a la esposa del presidente del Gobierno la concesión de subvención alguna", pese a que en la foto que ilustraba la noticia salía la esposa del presidente. Ambos medios se aseguraban de no recibir una querella por calumnias de Begoña Gómez que, discretamente, ha ido mandando notas aclaratorias a los medios. Algunas como estas han sido corregidas pero otras, que no se pueden desmentir porque cuentan hechos, se mantienen ya que en caso de que hubiera una querella, el medio puede alegar que Begoña Gómez es una persona de interés general por la posición de su marido.

Montado el proceso judicial, el PP se ha echado al monte. Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, comparecía en rueda de prensa este miércoles desde el Congreso para pedir explicaciones a Sánchez y cargar contra el hermano del presidente e, incluso, su suegro, por haber regentado una sauna gay en Madrid. "Se enriquece con esas saunas. Todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero", llegaba a decir.