1 de mayo: subir salarios, repartir riqueza

El repunte de la inflación los últimos años ha provocado una pérdida de poder de compra de los salarios que aumenta las dificultades de los hogares para llegar a final de mes. Una situación debida a que las empresas están elevando sus márgenes, obteniendo ganancias extra a costa del interés general. Este desequilibrio en el reparto de costes y beneficios es el último episodio de una evolución que se traduce en una tendencia descendente del peso de las rentas salariales en el reparto de la renta observable a nivel internacional.

Las razones de esta evolución son: la precarización del empleo, consecuencia de sucesivas reformas laborales que priorizaban el empleo de bajos salarios y calidad como vía de competitividad empresarial; el impacto de las tecnologías en la producción, abaratando algunos procesos y reduciendo las necesidades de mano de obra; los ataques a la negociación colectiva y la progresiva individualización de las relaciones laborales; la desregulación de los movimientos de capital a nivel internacional, que han fomentado las deslocalizaciones industriales y generado presión a la baja sobre los salarios; la reciente expansión de la llamada economía de plataformas, penúltima vuelta de tuerca a un modelo de negocio empobrecedor, basada en exprimir los costes laborales (y a las personas trabajadoras) para sostener negocios que diluyen sus responsabilidades sociales y colectivas; y los permanentes ataques a los sindicatos, intentando marginar su papel como garante de los derechos de las personas trabajadoras.

El grueso de estos fenómenos obedece a la aplicación de políticas concretas y deliberadas por parte de los gobiernos nacionales y las instituciones multilaterales (Gobernanza Europea, FMI, OCDE, BCE, etc.), que han sido tradicionalmente contrarias a los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

Estas actuaciones en España han provocado que, en la distribución primaria de la renta de cada año, que se reparte entre retribuciones salariales y excedentes de las empresas (antes de aplicar impuestos), la participación de las primeras haya pasado del 71% a finales de los años setenta del pasado siglo al 61% en 2022. Esto significa dos cosas: que los salarios reales han crecido muy por debajo de lo que lo ha hecho la productividad laboral y que se ha producido un trasvase de rentas de las personas asalariadas a las empresas (accionistas y propietarios) equivalente a 10 puntos porcentuales del PIB que, en cifras del pasado año, suponen 119.500 millones de euros.

Y todo pese al fuerte incremento del empleo que se ha producido en estas décadas (un 60%), lo que implica que es la remuneración media de cada trabajador y trabajadora la que ha menguado. El salario medio a precios constantes en España es prácticamente el mismo que en el 2000, una evolución que nos sitúa a la cola de la eurozona, casi catorce puntos porcentuales por debajo de su aumento medio. Debido a ello, España mantiene uno de los niveles de pobreza laboral más alto entre sus socios, el 12,7%. Esta devaluación salarial contribuye a elevar la concentración de riqueza en los grupos de población más ricos, que no dependen de los salarios.

En los últimos cuatro años tres circunstancias han paliado en cierta medida este prolongado declive en las rentas del trabajo en España. Primero, el cambio de políticas que ha provocado el impacto del coronavirus, al hacer patente la necesidad de un reforzamiento de las políticas públicas de protección y cohesión social; segundo, la existencia de gobiernos proclives a cerrar las brechas económicas y sociales y mejorar las bases del estado de bienestar; y tercero, la tenacidad de los sindicatos de clase, realizando propuestas y presionando para aprobarlas, lo que ha culminado en acuerdos fundamentales para sostener la economía y mejorar la calidad de vida de la mayoría social, como la extensión de los ERTE durante la pandemia, salvando miles de puestos de trabajo, la reforma laboral de 2021, que ha reducido drásticamente la temporalidad, o el aumento del salario mínimo en un 46,7% desde 2018. Todo esto se ha producido con concertación social y sindicatos.

Logros valiosos pero insuficientes. El aumento de la inflación y el de los tipos de interés han puesto de relieve el desequilibrio de las reglas del mercado, el poder de las grandes empresas y el sesgo de las políticas económicas globales, que hacen que el coste de las crisis lo pague siempre más las personas trabajadoras. Contra esto, sabemos qué hacer: elevar la calidad del empleo y dificultar los despidos injustos; vigilar y penalizar los márgenes excesivos de las empresas; facilitar el acceso a bienes y servicios básicos mediante la provisión pública o el establecimiento de precios máximos; elevar y garantizar la competencia, sancionando de manera disuasoria los incumplimientos; potenciar y equilibrar la negociación colectiva; reforzar el llamado escudo social, las medidas extraordinarias en favor de las personas con menores ingresos; y reformar el sistema tributario para que contribuyan en mayor medida las personas y empresas que más renta obtienen y más riqueza poseen.

Nada de esto sucederá si no existen sindicatos de clase fuertes, que conjuguen la negociación con la movilización en las empresas y en las calles, como hemos hecho siempre. Ahora, más que nunca, la alta representación y afiliación sindical constituyen la mejor garantía para construir un futuro mejor.