La Fiscalía recurre la imputación del hermano de Pedro Sánchez

La Fiscalía ha decidido recurrir ante la Audiencia de Badajoz el auto de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez por el que acordó su citación como investigado y el de otros ocho personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

La fiscal argumenta que "no hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados", lo cual, a su juicio, es "esencial" para la defensa de los investigados.

Por este motivo, "esa omisión" debe ser, a su juicio, "resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones", previstas para el 9 de enero, en el caso de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

Considera la fiscal que el razonamiento jurídico tercero del Auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, se limita a acordar estas declaraciones de investigados para "garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra los mismos, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión", según recoge.

Sin embargo, la fiscal considera que esta resolución judicial "no realiza ninguna exposición de los indicios existentes contra cada una de las personas a las que se pretender tomar declaración como investigados", y "ni siquiera se indica los concretos delitos por los que se investiga a cada uno de ellos".

Así, califica que "genérica referencia" la que se realiza a "los delitos contra la Administración Pública investigados", lo que según la fiscal, "no puede colmar satisfactoriamente el derecho de defensa".

Por todo ello, la fiscal Begoña García pide en su escrito "la revocación del Auto que se recurre en el sentido de determinar los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados", concluye.

El caso, que tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias, se centra en si el hermano del presidente del Gobierno accedió a su cargo en la Diputación de Badajoz de forma irregular.

La creación de un puesto de alta dirección para coordinar los conservatorios provinciales de Badajoz, el que finalmente fue adjudicado en convocatoria a David Sánchez, y la definición de sus funciones fueron dos procesos que se acometieron en octubre de 2016, de ahí que la investigación judicial abierta centre la mayor parte de la misma en ese periodo de tiempo.

De los miles de correos electrónicos intervenidos de al menos nueve cuentas, muchos de ellos tienen fecha de ese mes, según refleja el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual ha llevado a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz a citar como investigados a David Sánchez y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, así como a varios altos cargos de esta institución provincial.

En su atestado, la UCO refleja que entre septiembre y octubre de 2016, con motivo de la elaboración de los presupuestos de la Diputación de Badajoz para el siguiente ejercicio, los diferentes responsables de Cultura fueron exponiendo las necesidades de personal en diferentes puestos.

Recibidas dichas peticiones, se elabora una propuesta resumen de las mismas que fue remitida el 5 de octubre de 2016 a la entonces diputada responsable de Cultura -Cristina Núñez- y al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, en la que "no hay mención alguna sobre la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios" de música provinciales.

De hecho, la UCO detecta un correo electrónico emitido por el propio Gallardo en el que éste considera que la propuesta de personal es "excesiva".

Sin embargo, seis días después "se detecta un correo de un técnico del Área de Recursos Humano" donde se expone que, "siguiendo las instrucciones" de su directora -Juana Cintas Calderón-, solicita a la directora del Área de Cultura "la elaboración una memoria justificativa para la creación" del mencionado puesto de alta dirección.

Dicha memoria se trasladó a los responsables de los dos conservatorios, a los que se les pidió que se pronunciaran sobre el citado puesto de trabajo, el cual no había solicitado en las fechas de exposición de las necesidades de personal.

No obstante, según añade la UCO en su atestado, elaboran el documento solicitado incluyendo funciones "que se podrían llevar a cabo desde el citado puesto de alta dirección". Al parecer, y así se recoge, uno de los directores agradece la nueva incorporación, pero añade que existen "otras necesidades imprescindibles".

El estudio de los correos electrónicos intervenidos también permitió a los agentes de la UCO detectar la participación de varios trabajadores "con cargos" en la Diputación a la hora de modificar la relación de puestos de trabajo y en la definición de las funciones y cometidos "que debería tener el puesto de trabajo objeto de la investigación".

Estas funciones y cometidos fueron recogidos en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a la que se presentaron nueve personas. Es en julio de 2017 cuando se materializó la adjudicación del puesto de trabajo investigado a David Sánchez.

Sin embargo, y así se recoge textualmente en el atestado, "se desconoce -de ahí la investigación- de quién partió la iniciativa de la creación del puesto de trabajo objeto de la investigación y las necesidades primigenias que se pretendían cubrir.