Retos medioambientales que nos depara el no parar: 2025, (otro) año clave para la lucha climática

2024 pasará a la historia como el año que se batieron los récords de temperaturas... mes a mes. Al del más cálido de la historia solo le resta confirmar si le acompañarán temores pronósticos prácticamente dados por hecho como los de la Organización Meteorológica Mundial, de la propia ONU, y el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, que apuntan a que por primera vez la temperatura media de este año superará por 1,5 ºC los niveles anteriores a la Revolución Industrial.

Pero no, el horizonte para este 2025 no es mucho más prometedor. Todo lo contrario. En un contexto sociopolítico que ha supuesto un golpetazo en el tablero propiciando giros y cambios de Gobierno en algunos de los principales actores internacionales a escala global, todo está por escribir. Al regreso a la Casa Blanca de un Donald Trump que se salió del Acuerdo de París en su primer mandato habrá que sumarle la compleja aritmética resultante de las últimas elecciones europeas.

En el Viejo Continente, la conservadora Ursula von der Leyen deberá hacer malabares para contentar a algunos sectores de la ultraderecha o formaciones populistas -con la socialista y ex vicepresidenta española Teresa Ribera como 'mano izquierda' en Clima y Energía-  en cuestiones como la agricultura o la oposición a acuerdos comerciales recién sacados del horno como el del Mercosur. Todo ello mientras sobrevuelan dudas sobre el futuro de pioneras normativas como la Ley de Restauración de la Naturaleza, que afronta un proceso clave este año en su tramitación.

No hay sorpresas. Los retos climáticos de 2025 son los mismos 'deverdes' pendientes de siempre. Vuelven a ser un compromiso de escala global que implica a la sociedad en todas sus escalas. No obstante, hay retos con nombres y apellidos, luchas y tareas que van más allá de todo lo que pueda englobarse bajo el paraguas de la lucha contra el cambio climático. España también afrontará un año marcado por el cada vez más urgente tic tac en uno de sus mayores joyas naturales: Doñana. Todos los pasos que han dado ambas Administraciones para revertir la penosa situación hídrica en el parque y la zona encaran una prueba de fuego que pueden acabar secando las esperanzas depositadas.

Lejos de allí, en el norte, todas las miradas de ecologistas, y de integrantes del sector pesquero y marisquero, de parte del ganadero y el turístico, pero sobre todo de multitud de vecinos de la comarca de A Ulloa, se ciernen sobre la lucense Palas de Rei. Allí es donde la multinacional Altri y la Xunta de Galicia aspiran a ver erigida una macro papelera que prevé utilizar en un día tanto volumen de agua como el que consume la provincia de Lugo para la producción de pasta de papel y una parte menor de fibra textil lyocell. Estos son algunos de los grandes retos medioambientales que marcarán el 2025.

Doñana: o el reto de materializar un acuerdo histórico antes de que sea tarde

Si hay un ejemplo ilustrativo de los problemas de estrés hídrico y agotamiento de este recurso en España, quizás el mayor sea el escenario constante de amenaza que se cierne sobre la mayor reserva ecológica de Europa: el parque nacional de Doñana. A pesar de los constantes toques de atención que llegaron a convertirse en amenaza de sanciones si el Gobierno andaluz persistía en su plan de legalización de regadíos, la Administración central y la autonómica acabaron dando la vuelta al escenario suscribiendo un histórico acuerdo marco dotado de 1.400 millones de euros y aquel polémico proyecto de ley acabó enterrado.

Sin embargo, ¿qué ha pasado desde entonces?, ¿ha cambiado algo respecto a ese penoso futuro que se auguraba para Doñana? Juan Jose Carmona, coordinador de la oficina para Doñana de la organización WWF, atiende a El HuffPost unas horas antes de que se produjese el último encuentro entre la nueva ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaegesen, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para evaluar la ejecución de las actuaciones. 

Carmona pone el foco en los datos del último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre el estado de los acuíferos. "Demuestran que hay una evidente bajada de las precipitaciones. Carecemos de años húmedos o muy húmedos, de acuerdo al criterio técnico y en cuanto a la temperatura medida en el parque nacional, estamos hablamos de los años más calurosos", detalla, recordando que es crucial también la forma en la que llueve. 

"Aquí tradicionalmente comenzaba a llover un poco en octubre, llovía bien en noviembre, diciembre era un mes bueno y la marisma se llenaba, por eso las aves venían a Doñana, de ahí la 'invernada'. Encontraban un lugar único en el mundo en la migración entre Europa y África. No hay uno igual con la excepción y las posibilidades de refugio que tien... tenía la marisma de Doñana". Y recuerda que llegaron a pasar 500.000 aves. El año pasado, 80.000.

"Los aportes de los acuíferos a los arroyos han disminuido en torno al 80%", indica, poniendo el foco en la dura situación de las lagunas permanentes o que "la laguna de Santa Olalla lleva tres años que se seca y eso no había ocurrido antes en la historia". "Hemos sacado un informe sobre el estado del acuífero y solamente con los cultivos legales, la cifra de sobreextracción del acuífero es de un 109%", precisa el abogado, resumiendo que "es decir, no solo te tomas y bebes todo lo que cae sino que además lo haces por encima de la capacidad". 

Pero ante la pregunta, "¿qué se está haciendo realmente, a día de hoy, para solucionar todo esto?", tiene la respuesta clara: "Pues realmente, poco o nada". Carmona lamenta que "el marco tiene buenas iniciativas pero muchas de ellas el problema es que van muy lentas para los problemas que hay. Y en algunos momentos hasta hay dudas en cuanto a la voluntad de aplicar determinadas acciones que se han puesto en el marco". Y apunta a una serie de cuestiones prioritarias que deben ser aplicadas, entre las que destacan un mayor número de cierre de pozos, retirada de cultivos para recuperación de suelos y la mayor clave, el volumen de extracción.

"En 2020 se declararon tres masas en el acuífero. Por ley, al año, tienes que tener un plan de extracción", desgrana, apuntando que "lo primero es que se haga el plan ya, llevamos tres años de retraso [el texto se aprobó en julio de 2020, en la crisis sanitaria internacional del coronavirus], la covid no es excusa". Pero indica que no basta con elaborar ese plan: "Tiene que tener además un control estricto, porque sino la gente después no se lo va a creer, eso exigirá medidas cautelares, cierres [de pozos] y actuar".

"La situación de las lagunas hay que afrontarla de una vez por todas trayendo el agua superficial a Matalascañas. Son 300.000 personas, aproximadamente, como usuarios en verano. Eso la convierte en la tercera o cuarta ciudad más grande de Andalucía en esas fechas y en la más grande de Huelva", detalla de un núcleo residencial con una población fija de unos dos mil habitantes. "Eso se soluciona de una sola manera y eso pasa por traer agua desde Mazarrón", precisa, recordando que es una cuestión que ya está aprobada. 

La otra gran pata se encuentra en la presentación del plan de recuperación de caudales y los suelos del Guadiamar [aporte hídrico que se cortó en la década de los setenta], "que esperamos que sea bastante ambicioso", adelanta Carmona de un asunto clave para la recuperación y viabilidad de la marisma. "Hay que recuperar la cuenca del Guadiamar por los servicios ecosistémicos que trae y los servicios ambientales que da. Es decir, no solamente es el agua, también es el territorio".

La oposición al macroproyecto de Altri en Galicia

Si hace unas líneas el problema era buscar una solución a la falta de agua en un contexto en el que la sequía ya ha demostrado su impacto en el país, contradictoriamente el siguiente ejemplo tiene que ver con la resistencia organizada frente a un proyecto industrial que necesitaría utilizar tanto agua cada día como el que consume la provincia donde se instalaría.

La macro factoría de pasta de papel y fibra textil que la multinacional lusa Altri quiere llevar al corazón del rural de la comarca de A Ulloa ha levantado a los vecinos que temen  el impacto ambiental de una instalación de 366 hectáreas coronada con una chimenea de 75 metros, a las puertas de los lindes de una Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y a menos de dos kilómetros del Camino de Santiago. Pero también a quienes temen que ese agua que será devuelta al río tras un tratamiento acabe siendo destructivo para un ya dañados marisqueo y pesca en la ría de Arousa. Un golpe al tejido socioeconómico que podría arruinar a poblaciones dedicadas a ese sector.

Esta oposición mostró músculo el pasado mes en una histórica manifestación de decenas de miles de personas -100.000, según la organización- que abarrotó la Praza de O Obradoiro, ante la Catedral de Santiago de Compostela, obligando a hacer varios turnos para poder llegar hasta ella. "Lo que vivimos y sentimos en Santiago es que hay alguien que nunca nos falla. Son los gallegos y las gallegas", explica Marta Gontá, portavoz de la plataforma vecinal Ulloa Viva, a El HuffPost. Para ellos, esa muestra de apoyo les refuerza en la idea de que "estamos haciendo algo con lo que el pueblo gallego está de acuerdo".

Gontá explica cuáles son los siguientes movimientos clave que se esperan a lo largo de los próximos meses y los pasos a seguir. En estos momentos, todos los ojos están puestos en la anunciada publicación del estudio de impacto ambiental para los últimos compases de este año o los primeros del 2025 que podría traer exigencia de modificaciones. "No tenemos mucha esperanza en que ese estudio salga denegado", desgrana la portavoz del colectivo, indicando que a este le seguiría el anuncio de la concesión, o no, de autorización por parte de Augas de Galicia, que "salió antes que el estudio de impacto ambiental y aún no se ha resuelto".

Esperan que ese último documento salga antes de mayo, teniendo en cuenta que finaliza la última convocatoria del PERTE de descarbonización. "Según el resultado de estos dos informes, que nosotros creemos que serán favorables, pasaremos a la siguiente pase", prevé, recordando que "no es la primera vez que la Xunta le da para adelante a estudios de este estilo y después viene Europa a tirarle de las orejas".

"El siguiente paso sería presentarnos en el Ministerio de Industria para intentar parar la financiación con fondos europeos", explica, recordando que el propio proyecto de Altri "incumple, al menos, siete directivas europeas y va en contra de lo que, se supone, está impulsando Europa, que es la soberanía alimentaria, el respeto al medio ambiente y un modelo de vida sostenible". 

Tampoco se puede dar por descartado un hipotético escenario en el que, aunque Bruselas y Madrid cerrasen la puerta, la Xunta de Galicia tratase de financiar el proyecto con fondos propios. "Creemos que no tendría posibilidad de hacerlo con 250 millones, pero siempre hay inversores que pueden aparecer desde cualquier sitio", advierte, recordando que tienen la convicción de estar jugando a un juego con las cartas marcadas, en cuanto a la dificultad de unos trámites burocráticos que sobrepasan a muchas personas. También en muchas ocasiones, mayores. 

"Hay una cosa que creemos que es importantísima en todo esto. ¿A quién favorece la ley? Todo el tiempo al promotor, es más, el plan de contingencia de este proyecto somos las personas que vivimos en este territorio", lamenta. "Nadamos a contracorriente. El estudio de impacto ambiental lo hace directamente el promotor, no hay unas pautas claras a la hora de contestar a las alegaciones, es más, estas podrían ser contestadas todas igual o casi todas igual", destaca. Se han presentado unas 25.000 alegaciones a este proyecto, pero el propio Rueda las criticó obviando esto último.

La amenaza de la sombra ultra en la UE: ¿qué podemos esperar de 'más arriba'?

Mención aparte merece la batalla que se libra sobre el parqué comunitario. La Unión Europea, cuyas normativas medioambientales han sido consideradas históricamente la punta de lanza contra el cambio climático a escala mundial, tendrá voz y será clave en cuestiones como las antes mencionadas en España, pero tendrá que hacer frente a retos aún mayores.

El auge de los partidos ultra y de extrema derecha todavía podría verse reforzado ante la incógnita de que sucederá en los próximos comicios de dos países claves de la UE, prácticamente el motor europeo, Francia -donde los lepenistas siguen asomando- y Alemania -donde Alternativa sigue disparada en las encuestas-. 

Un escenario donde se viesen aupadas supondría redoblar la presión sobre cuestiones que van desde el coto a emisiones contaminantes, que se traduce en restricciones al tráfico en grandes ciudades o impuestos al diésel, a cuestiones de mayor calado si cabe. Como el futuro de una energía nuclear y gas natural ya bendecidos por el greenwashing o nuevos retrasos en el calendario para abandonar los vehículos de motor de combustión. O echar por tierra, nunca mejor dicho, el avance de normas como la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Esta última ley logró salvar, de forma casi sorpresiva, un acuerdo político a finales de 2023 a tres bandas: Eurocámara, Consejo de la UE y Comisión Europea. Ya era cuestionada en la órbita de los países de gran dependencia del sector primario, ante el temor a perder disponibilidad de superficie de cultivos y por el gran objetivo que se marca: recuperar el 20% de ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030. Es decir, dentro de 6 años. Y todos ellos para mitad de siglo, conformando una meta tan histórica como ambiciosa. 

Sin duda, tratar de tumbar esta ley será uno de los caballos de batalla de la ultraderecha, pero también es previsible que sea uno más de los motivos que reactiven la lucha del sector primario europeo y devuelvan los tractores a las plazas de Bruselas. Y ya hay una reciente pista en este 2024 que nos deja de cuál será la hoja de ruta política que marcará el devenir de normas o directivas de este 'corte'.

Hace solo unos meses, la mayoría conservadora suavizó con enmiendas y aplazó el proyecto de ley de Deforestación, una norma que establece que productos cárnicos, cacao, café, aceite de palma -sí, aún no se ha prohibido-, caucho, soja y madera, así como sus derivados, no podrán proceder de tierras deforestadas. Además, los importadores deberán garantizar la plena trazabilidad. Y todo ello mientras se está con los últimos flecos del acuerdo comercial con Mercosur.

Esa mayoría logró sacar adelante la propuesta de aplazamiento de la Comisión, que supone una moratoria que termina a finales de 2025 para las grandes empresas y a mediados de 2026 para las mediana o más pequeñas. Más allá de lo ajustado de la votación, se despertó una duda en el hemiciclo comunitario. ¿Volveremos a ver activarse esa aritmética cuando haya que tomar otra decisión de calado sobre el medio ambiente? Habrá tiempo para saberlo, en lo que dura la próxima batería de advertencias climáticas... hasta los anuncios de la próxima COP.