No pasa nada

El clamor contra la violencia sexista que se escuchó en Madrid el 7 de noviembre en la gran manifestación convocada por el movimiento feminista, con la adhesión de partidos políticos, sindicatos y sociedad civil, estaba más que justificado. Siete mujeres fueron asesinadas en la siguiente semana, y tres, en las 24 horas sucesivas.

No parecería locura deducir que es la reacción del patriarcado machista, que se sirve de sus militantes más fieles y creyentes apenas se siente cuestionado. Ahora, si tras la tercera asesinada del domingo, día 10, no se activó la alarma roja de riesgo, el Gobierno, a través de sus agentes en esta materia, es cómplice.

¿Se imaginan si, en 24 horas, en tres lugares distantes de nuestro territorio, hubiesen asesinado a tres futbolistas, policías o ciclistas? Gran conmoción nacional comprensible. Sin embargo, no pasó nada.

Este gobierno ha sido reprendido duramente por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas en el mes de julio, al haber consentido -si no propiciado- que "la crisis económica y financiera, así como las medidas de austeridad, hayan tenido especiales efectos muy negativos en todas las esferas de la vida de las mujeres".

Y en materia de violencia hacia las mujeres, concretamente, se muestra "alarmado" por el alto porcentaje de mujeres asesinadas por violencia de género, por el número de menores asesinados por sus padres (varones) en el ejercicio de sus derechos de visitas, y por el deterioro de los servicios de prevención y protección en esta materia.

Un varapalo tremendo, que ya la prensa comentó en su momento. Más cercano al 25 de noviembre, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace una declaración institucional contra la violencia hacia las mujeres claramente partidista, escandalosa por lo que tiene de torticera, pues empieza declarando su firme propósito de erradicarla impulsando todas las medidas que sean necesarias, pero sin recoger ninguna de las recomendaciones de Naciones Unidas ni plantear medidas concretas. Vamos, un brindis al sol. Y no pasa nada.

Por más que se diga que toda muerte violenta es una baja en la Humanidad, ya se haya producido en Yemen, Siria, París, Madrid o Marchena, el regusto amargo que queda es que los asesinatos a mujeres son un suma y sigue con escasos compromisos políticos serios para detener este delito.

Sí, Madrid fue un clamor contra las violencias sexistas, pero parecería, ante los acontecimientos posteriores, que todo el mundo está encantado de haber salido a las calles para condenar esa execrable lacra que tanto avergüenza a la sociedad que la padece.

Esta es una violencia ideológica, y hay que tomar conciencia de que las más de 800 asesinadas en los últimos diez años, así como las 53 -hasta hoy- del 2015 en curso, podrían haberse evitado con planes de prevención y protección efectivas.

Se acabó con ETA; se puede acabar con este otro terrorismo. Es una cuestión política, más importante -se trata de vidas humanas- que la cuadratura del déficit o el monotema catalán. Sin embargo, más allá del minuto de silencio -silencio, encima-, muy emocionante, a las puertas del Consistorio en el que se haya producido el asesinato, no pasa nada.

La popular Andrea Levy ha dicho, muy enfadada, que se miente cuando se acusa al Partido Popular de haber hecho recortes en esta materia, e insiste en que ha ampliado el presupuesto. Mentira. En la pasada legislatura, se ha reducido en más de un 32% la partida para la prevención de la violencia y la asistencia a las víctimas, directa o indirectamente, al ampliar, por ejemplo, las competencias del Instituto de la Mujer con servicios sociales, pero sin tocar la partida presupuestaria.

Eso sí, en los presupuestos para 2016, aprobados deprisa y corriendo ante las elecciones del 20 de diciembre, se ha subido un 1% con respecto a 2015. Ese vergonzoso aumento es una muestra de su indignidad y desinterés por la vida de las mujeres -y ojo, que a las mujeres de derechas también las matan-, y muy lejana de la que el PP se encontró cuando inició su gobierno. Pero no pasa nada.

El número uno de Ciudadanos, Albert Rivera, el mismo día 7 de noviembre, soltó sin ningún empacho en un programa de La Sexta Noche, que su partido no se sumó en la Comunidad Valenciana a la moción de la Plataforma 7N (un manifiesto de veinte medidas efectivas contra la violencia) porque no se admitió un punto que querían añadir para que se declarara el 25 de noviembre Día contra la Violencia Machista, cosa que sí hicieron en aquellos ayuntamientos y comunidades donde se lo admitieron. Mentira, y gorda.

Para empezar, el 25N está declarado Día internacional de la No Violencia contra la Mujer por Naciones Unidas desde 1999, en recuerdo de las tres hermanas Miraval, activistas dominicanas de los derechos de las mujeres que fueron torturadas y asesinadas por esta causa el 25 de noviembre de 1960. Otro que no sabe historia y tiene incontinencia verbal.

O sea, que la salida es absurda. Es cierto que Ciudadanos sí ha votado la moción en otros ayuntamientos, pero sin hacer ningún añadido. Entre otras cosas, porque se trataba de una moción cerrada. Se quedó tan pancho, y ningún documentalista tiró de su tableta a ver qué encontraba, con lo que les gusta hacerlo. Pero no ha tenido consecuencias, no pasa nada.

Hay quien, con buena voluntad, se pregunta qué esta pasando si se cuenta, desde 2005, con la ley de medidas contra la violencia de género. Pues que no se aplica como debe hacerse. No se han puesto en marcha las medidas preventivas de formación a los agentes que deben intervenir en la materia, fundamentalmente policía, jueces, fiscales, equipos judiciales psicosociales, forenses o trabajadoras y trabajadores sociales.

Tampoco se cuenta, como pedía la ley, con la colaboración activa de los medios: cine, cómic, música pop, televisión, publicidad y prensa, para que en sus contenidos no den una gota de oxígeno a esta mentalidad asesina, a esta mentalidad patriarcal que tolera sin conflictos la brecha salarial, el falso amor romántico del sometimiento femenino, los estereotipos de género, el acoso callejero -crecen los abusos y violaciones colectivas a chicas que, intimidadas y avergonzadas, no denuncian-, y hasta que en los partidos políticos los varones sean imprescindibles y las mujeres, recambiables.

Y luego está el erial de la escuela, con el recreo como primer aprendizaje de dominación y acatamiento: los varoncitos señorean en el centro del patio jugando con balones, y las niñas andan en grupitos por los rincones del perímetro hablando de sus cosas, cuidándose mucho de que no les den, y aprendiendo la indefensión. Como se ve, no pasa nada.

Hay otra cosa curiosa con esta ley. Desde que se promulgó, aprobada por unanimidad en el Congreso, se han presentado algo más 300 inconstitucionalidades (más que ninguna otra jamás), aunque todas y cada una de ellas han sido denegadas por el Tribunal Constitucional y, sin embargo, en algunos juzgados no se acepta el maltrato psicológico, económico, verbal e intimidatorio como destructor de la personalidad. ¿Por qué?

Porque lo dice el juez: su libre arbitrio está por encima de lo que diga textualmente la ley. No aplican la ley, la interpretan con su carga ideológica correspondiente. El machismo está instalado en muchos juzgados y no pasa nada.

El año pasado, por estas fechas, en un periódico digital, Eldiario.es, un policía judicial decía que el Cuerpo se siente presionado por los jueces que les piden que rebajen las solicitudes de medidas de protección que demandan mujeres víctimas de violencia. Algún juez ha dicho que, como hubiese que tramitar todas las denuncias que se llevan a los juzgados de guardia, no harían otra cosa.

Pero estos o estas jueces no denuncian la falta de medios ante sus superiores, piden a sus subordinados que les eviten casos encima de sus mesas. Normal que, a pesar de las campañas para que se denuncie -cosa necesaria-, las víctimas desconfíen. Y así se explica también que 14 de las mujeres asesinadas el año 2014 hubieran denunciado, pero el juez de turno no apreció riesgo.

Esto nos lleva a una conclusión muy seria: el Estado está incurriendo en dejación de sus funciones y es responsable de estos asesinatos, al denegar la protección que requerían y necesitaban, como por desgracia se constató. Por eso, en las concentraciones contra la violencia machista, el grito desgarrado que más se oye es: "¡Jueces, fiscales, estas son sus muertas!".

Así que, si el 7N no fue postureo preelectoral sino un compromiso real de pacto de Estado, a través de los partidos que han afirmado que van a luchar contra las violencias machistas, los ayuntamientos y las autonomías deben empezar ya, con sus competencias correspondientes, a llevar esta cuestión como prioritaria en sus agendas, y el próximo gobierno también.

Si no lo hacen, son cómplices. Y que este 25 de noviembre, de nuevo, las plazas y calles de todas las ciudades de España vuelvan a reunir el clamor que ratifique este compromiso, y que nunca más una mujer sea asesinada por serlo. Ojalá me tenga que tragar ese "y no pasa nada".