Una puerta abierta al callejón sin salida del canon digital

Foto: Cate Storymoon

Este artículo ha sido conjuntamente por Clara Nieto y Pablo Iglesias Simón

El 9 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba la esperadísima sentencia sobre la pertinencia en el marco de la normativa europea de la compensación por copia privada cargada a los Presupuestos Generales del Estado, tal y como implantó el PP entre sus primeras medidas de gobierno, con la oposición generalizada de autores, entidades de gestión y usuarios.

En 2008 el Gobierno de Zapatero estableció que el canon digital se financiara en base a una compensación fija por cada equipo susceptible de ser utilizado para la copia. Este sistema incrementó muy significativamente los ingresos de las entidades de gestión que fueron de 83,3 millones de euros en 2008 y alcanzaron los 115 millones de euros en 2011.

Sin embargo, este sistema, con el que estuvo en desacuerdo gran parte de la opinión pública, sólo estuvo en vigor hasta 2010, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, en el conocido como Caso Padawan, que no era admisible que se cobrara a los consumidores una tasa, que incrementaba el precio de los equipos, sin que fuera constatable que fueran usados para realizar copias privadas de obras ajenas, y sin justificar el daño efectivo y el justo equilibrio a la hora de calcular la compensación.

Lamentablemente, la sentencia del Caso Padawan no produjo, con la eliminación del canon, un descenso de los precios sino que, por el contrario, se mantuvieron y los fabricantes de los soportes y equipos fueron los grandes beneficiarios.

Cuando el PP llegó al poder, lejos de entender la fundamentación de la sentencia, continuó por la vía del pago indiscriminado y, en este caso, asumido con el dinero de todos. Vía Real Decreto en un primer momento y después con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, se estableció que la financiación de la compensación por copia privada se hiciera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida consiguió el rechazo unánime no sólo de parte de la oposición sino también del conjunto de creadores, entidades de gestión y usuarios. Este malestar se tradujo en sendos recursos de las Entidades de Gestión al Tribunal Supremo, que a su vez planteó dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en un recurso del PSOE contra la Ley de Propiedad Intelectual ante el Tribunal Constitucional.

Como era de esperar, la reciente sentencia ha rechazado la decisión del gobierno de cargar la compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado, al entender que este sistema es incapaz de garantizar que el coste de la compensación sólo sea sufragado por los usuarios de copias privadas y no por todos los españoles.

Y, ¿qué pasa a partir de ahora? De prosperar en el Tribunal Supremo las reclamaciones de las entidades de gestión por el perjuicio patrimonial causado por el Gobierno del PP desde 2012, tendremos que pagar con el dinero de todos entre 320 y 400 millones de euros. Si además se admitiera el recurso del PSOE presentado ante el Tribunal Constitucional, podrían, haciéndose eco de la sentencia recientemente dictada, estimarse inconstitucionales los preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual referidos a la compensación por copia privada.

En cualquier caso, lo que sí es seguro es que la sentencia obliga a reformar la Ley de Propiedad Intelectual. Se puede hacer como se ha venido haciendo hasta ahora, a base de parches e imponiendo mecanismos que no contentan a nadie. O, por el contrario, se puede aprovechar la ocasión para, donde otros han cavado zanjas, tender puentes entre creadores, entidades de gestión y usuarios, en el ecosistema digital presente donde conviven nuevos actores y mecanismos de creación, difusión y disfrute de la cultura.

Claro que hay que asegurar la remuneración justa y adecuada de los autores por la utilización de sus obras, pero para hacerlo es necesario acompañarla de una modificación sustancial del concepto de copia privada, ahora excesivamente restrictivo, teniendo en cuenta los usos actuales y asegurando la contribución de las empresas tecnológicas.

En este sentido, es ineludible que la articulación de una nueva Ley de Propiedad Intelectual sea el resultado de un pacto social con el concurso de los titulares de los derechos y la ciudadanía. Que asegure además una actualización de los modos de funcionamiento de los entidades de gestión y la generalización de las buenas prácticas, fomentando la transparencia y su control interno y externo, obligando a que sus repertorios sean públicos y accesibles, y donde los autores sean los protagonistas, pudiendo decidir sobre el tipo de licencias, libres o de uso restringido, que dan a sus obras.

Para favorecer el acercamiento entre posturas, hay que abandonar la actual vía de criminalización de los usuarios y restablecer un sistema garantista que devuelva en exclusiva la competencia en materia de antipiratería y cierre de páginas web a los juzgados. Por último, y no menos importante, hay que establecer mecanismos que permitan que desde las administraciones públicas se fomenten las plataformas de acceso legal a contenidos protegidos, al tiempo que se ponen a disposición de la ciudadanía ventanas de acceso a contenidos libres para su uso y disfrute.

En definitiva, hay que convertir el campo de batalla de la propiedad intelectual, en un lugar de encuentro. Sustituir las trincheras por las manos tendidas. Quienes crean y quienes disfrutan con sus obras son dos caras de la misma moneda. Los políticos han jugado a lanzarla al aire sin importarles el resultado. A intentar trucar la moneda. Incluso a escamotearla, para desentenderse del resultado. Pero no hacen falta juegos de manos. Ni de artificio. Tampoco dejar al azar el resultado. Ni lanzar al aire la moneda para quedarnos sólo con uno de sus lados. Podemos probar otra vía. Podemos quedarnos con el canto.