Paridad, una cuestión de justicia

A pesar del ruido interesado y del intento diario de opacar el trabajo parlamentario riguroso, la producción legislativa en el Congreso continúa su curso. Esta semana, la Comisión de Igualdad ha aprobado el dictamen de la Ley de Paridad, una transposición de una directiva europea con una ampliación muy ambiciosa.

Ha sido un trabajo de intenso diálogo y complejas negociaciones. Otro paso adelante desde una de nuestras convicciones ideológicas más profundas, que forma parte de nuestro ADN: la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Las mujeres y hombres socialistas ya hemos ido dando una gran batalla democrática por los criterios de igualdad y de paridad que posibilitaron, por ejemplo, las listas cremallera en nuestro partido, hace ya más de dos décadas. Y esta nueva Ley de Paridad avanza por el camino trazado por la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ya incorporaba el principio de representación equilibrada.

Ahora vamos más allá, y buscamos garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos de decisión de la vida política y económica, de forma que se avance en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de Igualdad. Una democracia paritaria real y efectiva.

Con esta Ley, ampliamos la presencia equilibrada de mujeres y hombres en ámbitos como el político, el empresarial, el judicial, el sindical, el científico o el deportivo. La mitad del talento de nuestra sociedad debe estar presente, en igual medida, en todos los espacios. Las mujeres debemos estar, por justicia, también en los espacios donde se toman las decisiones, en igualdad de condiciones. Somos la mitad de la población y nos corresponde la mitad de todo. Sin complejos ni culpas.

Por medio de este proyecto de ley establecemos la presencia mínima del 40% de mujeres en el Gobierno, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Administración General del Estado, las entidades del sector público institucional estatal y las sociedades cotizadas. También en el Consejo de Informativos de RTVE, en sindicatos, en la patronal, y en fundaciones, organizaciones del tercer sector y organizaciones de economía social que cumplan una serie de requisitos.

Porque la paridad que defiende esta Ley es un medio válido y temporal para conseguir que mujeres capaces y preparadas puedan acceder a puestos que de otra manera no alcanzarían.

Si lo pensamos con objetividad, es imposible que no podamos encontrar a mujeres lo suficientemente válidas para desempeñar mínimo el 40% de la dirección de las empresas de este país, de los Consejos de Gobierno o de los órganos judiciales, cuando la incorporación de las mujeres al mundo universitario y al mercado laboral es prácticamente plena. ¿Será que algunos criterios de promoción interna tienen un sesgo machista? ¿Será que algunos hombres se sienten más cómodos trabajando con otros varones, que no cuestionan sus esquemas mentales y comparten sus redes profesionales?

Porque, en muchas situaciones sociales, algunos se sienten más libres sin la presencia de mujeres, pero la realidad es que el grupo se enriquece ganando en creatividad, vitalidad y capacidad de adaptación al futuro. Y además, y sobre todo, es lo justo. Así que la apuesta es: a candidaturas igualmente cualificadas, prioridad a la candidatura del sexo menos representado.

Que las mujeres estemos en espacios de poder no asegura las mejores ideas, es verdad; pero es pura justicia y pura democracia. Y desde ese suelo democrático deberemos plantearnos cómo ejerceremos el poder.

Y luego está la cuestión recurrente de la meritocracia. Muy cansina por cierto. No se puede volver una y otra vez sobre el argumento de los méritos para llegar al poder, capacidades que, casualmente, solo han de demostrar las mujeres. Quienes, por otra parte, cuando llegan tienen verdaderas dificultades para mantenerse. Por no hablar del maldito síndrome de la impostora que consigue que las mujeres interioricemos que la paridad desvirtúa nuestros logros, que nos la conceden sin más; que si somos elegidas para un puesto de poder, conviviremos con ese estigma del puesto regalado por la paridad, de la falta de mérito premiada. No puede ni debe ser así, y el tiempo para sustantivar nuestros derechos debe acelerarse. Son siglos de espera.

Sin duda esta Ley es ponderada y justa. Profundamente justa, porque está en la raíz de la igualdad entre mujeres y hombres; se sitúa en el corazón de la democracia, una democracia necesariamente paritaria.

Y, por cierto, para que avancemos en esta materia, los hombres demócratas, si son demócratas de verdad, se tienen que hacer cargo y entender que cuando a las mujeres nos dejan fuera de los espacios de decisión la democracia no funciona. Así es el juego democrático. Nosotras no tenemos vocación de banquillo, queremos y debemos jugar de titulares. Somos la mitad y queremos la mitad de todo.

María Guijarro es diputada por Bizkaia. Ponente del Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.