La justicia en 2025

El pasado viernes fue un día importante para el sistema judicial en España, para la justicia como poder del estado y para la justicia como servicio público. Es uno de esos días que quedarán marcados en nuestra historia y en la tan necesaria reforma de la justicia porque se ha publicado en el BOE la primera ley de este nuevo año 2025: la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta ley, hito procesal sin ninguna duda, viene a completar la aprobación de las reformas destinadas a la digitalización de la justicia y supone la culminación de muchos años de trabajo, liderados por los sucesivos ministerios de justicia desde el 2018. El actual ministerio, encabezado por el ministro Félix Bolaños, ha sabido construir un armazón técnico jurídico que, junto a la labor de los grupos parlamentarios que en el Congreso han dado soporte a la ley, ha dado como resultado una ley necesaria, valiente y transformadora.

La justicia en la que unos creemos y en la que el PP no cree.

Una justicia que, desde la entrada en vigor de esta ley de eficiencia, va a estar actualizada y adaptada al Siglo XXI, va a ver transformada la planta judicial con la creación y constitución de los Tribunales de Instancia, así como de las Oficinas de Justicia en los municipios como una nueva unidad administrativa y va a permitir a los Juzgados y Tribunales atender en tiempo razonable la tutela judicial que exige la ciudadanía. Además, esta ley consolidará un servicio público de justicia sostenible y más ágil mediante la inserción de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (MASC) y también, aumentará la eficiencia y celeridad en la tramitación de los procedimientos judiciales mediante la introducción de reformas a las leyes procesales.

En este día conviene dejar constancia de cómo el Partido Popular ha hecho todo lo posible para que esta ley no saliera adelante, desde su inicial enmienda a la totalidad, hasta el veto en el Senado, no permitiendo que se llevara a debate en la Cámara Alta. Por eso, y para cuando en el futuro, como ha pasado otras veces con avances legislativos y sociales que luego el PP ha abrazado como propios sin haberlos apoyado, la derecha intente sacar rédito, habrá que recordarles que nada, absolutamente nada de lo que va a transformar y mejorar esta ley ha sido gracias al PP. Más bien habrán sido, pese al PP y a sus aliados extremos de Vox.

En este 2025 vamos a ver dos caminos bien diferenciados. En el primero, donde estarán el gobierno y el Partido Socialista (y a donde intentaremos atraer a la mayoría parlamentaria) se trabajará para aumentar el abanico legislativo destinado a ofrecer más derechos y más garantías. Una nueva ley de enjuiciamiento criminal, una reforma de la acusación popular para evitar que la justicia sea utilizada por lobbies ultras destinados a sembrar de barro y odio la vida política y social, o una nueva ley de justicia gratuita son algunas de las iniciativas que podremos debatir y trabajar.

En el segundo tendremos a la alianza de aquellos que buscan fuera del Congreso lo que los escaños no les han dado.

En ese ejercicio permanente de cinismo, mentira y barro, el PP ha tomado la decisión política de subarrendar su tarea de oposición a terceros que ejercen esta tarea de acoso y derribo desde fuera del terreno político y parlamentario. El PP ha decidido renunciar a la política para solo trabajar por el poder, denostando las reglas del juego parlamentario para manosear fuera del legislativo e intentar conseguir lo que esta cámara democráticamente no les da.

Es por ello por lo que nos jugamos algo muy importante en democracia. Desde la construcción de la separación de poderes como unos de los elementos consustanciales a la aparición de los estados y democracias liberales, dicha separación muchas veces ha venido junto a la demanda de no politizar la justicia, cosa necesaria e imprescindible. Pero, ahora vemos que se da un proceso de judicialización de la política donde diferentes actores, en un ciclo estudiado y practicado repetidas veces, entorpecen y embarran la política con un círculo vicioso de bulos, libelos e invenciones amplificados por medios afines y que siguen su curso en demandas ad hoc. Su objetivo último es el de construir una realidad donde se desconfíe de la verdad y de las instituciones y se alimente una espiral de confusión que sea el caldo de cultivo para el crecimiento de la extrema derecha.

El papel que desarrolla el actual PP de Feijóo es clave para entender este juego ajeno a la democracia parlamentaria. Un juego político, mediático y judicial sin reglas conocidas ni control, ajeno a aquello que siempre hemos defendido los que defendemos las normas de desarrollo de una democracia parlamentaria.

El desafío que tenemos delante pues, supone redoblar nuestra apuesta por el sistema democrático parlamentario, por la efectiva separación de poderes, por la absoluta independencia judicial y por la construcción, desde la aritmética parlamentaria surgida de la voluntad popular, de más derechos, más garantías y un mejor sistema para nuestros conciudadanos.

Este es el gran reto por delante de este 2025, de esta legislatura y de nuestro futuro.

Francisco Aranda es portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.