Los frutos de la 'huerta de Europa': chabolismo, explotación y trasvases

Las imágenes de chabolas ardiendo y de desalojos forzados por miembros de la fuerza de seguridad que hemos visto en días pasados en Níjar (Almería), nos trasladan irremisiblemente a esa España profunda, un tanto medieval, en la que los señores tenían al pueblo llano y campesino a su libre disposición, sin leyes ni cortapisas que impidieran una explotación cuasi esclavista. Cambiemos ‘pueblo llano’ por ‘población migrante’ y estaremos de vuelta al siglo XXI en esa zona del Levante español donde agricultores con grandes fincas contratan trabajadores temporeros que, por culpa de una Ley de Extranjería aprobada para dificultar la llegada de los extranjeros si vienen del hemisferio sur, se encuentran abocados a aceptar sus condiciones de explotación.

El desalojo le tocó al poblado de El Wahili, en Níjar, en el que vivían 450 personas en medio de un mar de plásticos que se ve desde el espacio exterior como una de las grandes huellas de la humanidad. Es un episodio más a sumar a la parte de la novela negra de nuestra historia. Y es que estas personas, llegadas de países en guerra o en los que sobrevivir es una heroicidad, han acabado en la llamada “huerta de Europa” realizando tareas de las que, recordemos, nadie nacional quiere ocuparse por su mal salario y sus impactos en la salud, un asunto que es sabido (golpes de calor por estrés térmico, infecciones en la piel, intoxicaciones por químicos, lesiones corporales…) pero sobre el que aún hay pocas investigaciones.

Esta ‘huerta de Europa’ almeriense, que según sus propios datos obtuvo en 2021, y por segundo año consecutivo, un nuevo récord de exportaciones, con unas ventas de 4.898 millones de euros y pingües beneficios, nos aseguran que “es muy competitiva” y que genera mucho empleo, aunque los datos de quién está detrás, y en qué condiciones, son mucho menos transparentes..

Desde la Plataforma Derecho a Techo, que trabajaba en este poblado de El Wahili, y desde Alianza, que trabaja en Atochares, un clon chabolista del desalojado, también en Níjar, retratan una situación bochornosa en un país que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 alababa a estos mismos temporeros, casi todos africanos, que se arriesgaban al contagio por proporcionarnos alimento y a los que luego se dejó en la estacada. A la mayoría de los desalojados, o los que aún malviven en otros poblados, al no tener su documentación en regla, actualmente una quimera, se les abonan entre 4,5 y cinco euros/hora bajo el plástico. Si tienen contrato, siete euros, aunque la cifra oficial es de 9,6. “Con ese dinero, ¿cómo alquilarse una vivienda en un lugar donde escasea? ¿es que nadie pensó que los jornaleros de la gran huerta precisan un lugar para vivir? Está claro que no, porque en Níjar ni alrededores hay programas de vivienda social a los que puedan acogerse y, además, la gente no les alquila porque el racismo está muy presente, aunque tengan dinero”, denuncia Fernando Plaza, de la Plataforma. Si a eso se suma la inexistencia de inspecciones laborales, con las subsiguientes multas, que obligue a dignifica este trabajo, el panorama, especialmente en el sureste español, no es para mostrar en la Europa del Green Deal y los derechos humanos.

Algunos detalles del desalojo en El Walili, son esclarecedores. El poblado llevaba 17 años como enclave de residencia, situado junto a una carretera por la que pasan muchos turistas camino del Cabo de Gata, muy cerca de los invernaderos. Qué mala imagen, debieron pensar las autoridades, como señalan estas organizaciones. ¿Por qué si no desalojar ese asentamiento y no otros? Ahora están promoviendo la marca “Bio” para sus cultivos ¿Cómo cuadra esa imagen de sostenibilidad con los trabajadores malviviendo como en los ‘slum’ de Lagos o Nairobi? Tomada la decisión, poco importó que cientos de personas llevaran viviendo años para echarlo todo abajo. Algunos, avisados, habían sacado algunos enseres días antes, pero otros ¿adónde ir? A los que quedaban les desalojaron con una sola maleta o bolsa al hombro. Únicamente 50 aceptaron ir una nave temporal (sólo se la ofrecieron dos meses) facilitada por el Ayuntamiento. El resto se fue, mayoritariamente, a incrementar el número de habitantes del cercano Atochares. “Les desalojaron sin una alternativa habitacional asumible”, recuerdan las organizaciones mencionadas.

Todo ello ocurre apenas unos días después de que hayamos visto al sector agrario de esa misma zona, y también de Murcia y de Valencia, reclamando el trasvase del Tajo, un río que se seca más cada año, para seguir aumentando el negocio. Y argumentando que generan mucho empleo. Es el mismo sector que ha levantado plásticos para 35.000 hectáreas de cultivos en el semidesierto almeriense; de ellas, unas 6.000 en Níjar, municipio donde ya se ha anunciado la ampliación de otras 1.000 hectáreas. En la Plataforma Derecho a Techo hacen las cuentas: a un mínimo de tres jornaleros por hectárea, serán necesarias otras 3.000 personas temporeras más, pero nadie se ha planteado cómo y dónde vivirán, ni cómo se regularizarán –en esa rueda infinita por la que no hay contrato sin papeles y no hay papeles sin contrato-, ni qué medidas se tomaran para que puedan empadronarse allá donde logren un techo, aunque sea de lata.

El insostenible desarrollo agrario del Levante español no puede tener como pilar de su competitividad en los precios, que por otro lado no dejan de subir, esta explotación de las personas migrantes. No es tolerable, primero, por la vulneración de derechos básicos humanos que supone y, además, porque está abocado al fracaso por el cambio climático. Aducen sus promotores que aprovechan como nadie cada gota y que se arruinarán sin trasvases. ¿Y por ello mantienen su afán de expandirse? ¿qué pasaría si contrataran y pagaran dignamente a todos sus trabajadores, los mismos a los que los desalojos condenan a vivir a la intemperie para luego ir a trabajar a sus campos?

En su comunicado, Alianza por la Solidaridad-ActionAid exige al Gobierno central el primer paso fundamental: que ponga en marcha ya el proceso de regularización de las personas migrantes, que ha sido respaldado por más de 700.000 firmas, recogidas para una Iniciativa Legislativa Popular que tardará en llegar al Congreso. También se exige a las autoridades autonómicas y municipales que pongan en marcha programas de vivienda social en alquiler que facilite habitabilidad en condiciones dignas, además de garantizar lo mínimo: su empadronamiento. Como señala Ana Gómez, coordinadora de Alianza en Andalucía, “es inconcebible que en pleno siglo XXI, en un país desarrollado, personas trabajadoras, que generan miles de millones de euros de beneficios, se vean abocadas a sobrevivir en circunstancias inhumanas de las que, además, son desalojadas sin ninguna alternativa”.