Escarnio nacional, bochorno internacional

La principal organización internacional del mundo, la Organización de las Naciones Unidas, lo tiene claro: los Estados han de promocionar leyes de memoria para impedir el olvido y borrado de las graves violaciones de los Derechos Humanos en los países como garantía primera de no repetición. De hecho, la ONU lleva teniéndolo claro desde siempre: ya la Resolución 39 de su Consejo de Seguridad en 1946 tildaba al régimen de Franco como fascista y asentado en España gracias a Hitler y Mussolini. También en 2006 su Asamblea General estipulaba las directrices básicas que debían operar en España para garantizar el derecho de las víctimas del franquismo a obtener reparación.

Sin embargo, 78 años después de la primera declaración de la ONU, dos leyes estatales de memoria y una Transición y Constitución de por medio, los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León han sentido la imperiosa necesidad de que, aunque todavía hay ciudadanos en sus territorios que no pueden llevar flores a sus muertos -porque siguen desaparecidos en fosas, barrancos y cunetas-, su normativa autonómica tenía que ser actualizada al albur del revisionismo histórico mandatado por la ultraderecha para eliminar la referencia a la Dictadura y el golpe de Estado del 36, equiparar el periodo democrático de la República al dictatorial franquista o eliminar los órganos de cogobernanza creados para la reparación de la violación de los Derechos Humanos cometidos en estos territorios de nuestro país.

Hoy alguno de estos líderes autonómicos sigue empeñado en ese raro arte del sorber y soplar: Mañueco ha vuelto a condenar el franquismo ante los medios, pero eso sí, que no aparezca en su marco normativo autonómico. Lo mismo con Azcón y Manzón, que prometen seguir e incluso incrementar las exhumaciones a la par que eliminan sin rubor el mapa de fosas de sus leyes autonómicas.

Ante tamaño oprobio, el Gobierno de España elevó a instancias internacionales para su examen este nuevo atentado contra la honra y dignidad de todos aquellos españoles que perdieron su vida, libertad o que sufrieron un daño de difícil o imposible reparación por defender la Democracia en nuestro país. Y claro, la Organización de Naciones Unidas ha vuelto a hablar para volver a avalar la defensa del Gobierno de España en la preservación de la memoria democrática en todo el territorio ante las iniciativas autonómicas conocidas como leyes de “concordia” que la pretenden derogar.

Y a estas alturas del sonrojo internacional que nos causan los gobiernos autonómicos del PP por asumir los postulados de VOX, cabrían dos opciones en un partido que se autodenomina “de Estado”: o bien que los “populares” recapaciten como parecen haber hecho en las Comunidades donde gobiernan en solitario y no han pasado el rubicón de la derogación, o que sigan escalando por la rampa de la vergüenza ajena y el bochorno internacional por haberse impregnado del hedor de una política nativa en VOX.

Por desgracia, el principal partido de la oposición parece que ha seguido por el camino del sostenella y no enmendalla, llegando a acusar a la ONU de mentir en su comunicado que pide parar las leyes de concordia. El atrevimiento ha llegado a tal punto que el presidente no nato de España por voluntad propia ha llegado a insinuar que ni el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ni el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ni todo el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se han leído los textos de las tres normativas autonómicas. Pero sí, señor Feijóo: todos hemos leído esas leyes y hemos entendido el objeto que persiguen: devolver al olvido de la historia a todos aquellos españoles que dieron lo que tenían por defender la Democracia en nuestro país. Y aunque usted nos haya privado de sus virtudes de gran estadista por no querer dirigir nuestro país, hasta la propia ONU ha sido capaz de entender el eufemismo vergonzante que ustedes esconden bajo el término “concordia”.

Raúl Díaz Marín es diputado y portavoz de Memoria Democrática en el Grupo Parlamentario Socialista.